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Red Internacional
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Mendoza. 5 motivos para rechazar el proyecto Minero Malargüe Occidental

El Distrito Minero Malargüe Occidental es un proyecto de exploración masiva en la cordillera mendocina para identificar y registrar posibles yacimientos de cobre, oro y plata. El Senado votará mañana la ratificación de su Declaración de Impacto Ambiental con el apoyo e impulso del gobierno provincial y municipal (UCR/PRO y PJ). Estas son las 5 razones por las que no tiene licencia social y rechazamos esa ratificación.

Lunes 11 de noviembre 19:47

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1) Lo rechazamos porque es un megaproyecto que de avanzar solo beneficiará a los de arriba y perjudicará enormemente y de forma irreparable a las grandes mayorías. Quienes se verán beneficiados son primero funcionarios y empresarios locales que hacen negocios de especulación inmobiliaria con las propiedades mineras y luego multinacionales extranjeras (canadienses, yanquis y chinas) que saquean nuestros territorios. Y en cambio, va a afectar enormemente y de forma irreparable a las grandes mayorías. A las comunidades originarias y familias puesteras que viven de la trashumancia, un método ancestral declarado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Estas comunidades han sido hostigadas, amenazadas y violentadas por el gobierno de esta provincia en su intento racista y xenófobo de expulsarlos de sus tierras para garantizarse sus negocios. No olvidamos como las fuerzas de seguridad intentaron desalojar a la familia Pelatay, incluso rompiéndole la cadera a una abuela de la familia. Son familias y comunidades que ancestralmente viven, trabajan y protegen esos territorios.

A las familias trabajadoras que viven en las zonas afectadas y que sufrirán el impacto de la actividad en su salud. Como explicó Roxana Bruno, médica e investigadora independiente, en el plenario de comisiones del pasado 25 de octubre: está comprobado y ya se ven las consecuencias de la megaminería en la salud de las poblaciones donde se realiza, aumento de enfermedades respiratorias, de la piel y de los riñones, mayor incidencia de cáncer pulmonar, de vejiga y leucemia.

También va a afectar enormemente a los productores locales que vienen movilizándose y protestando contra el desfinanciamiento de la lucha antigranizo porque saben que es la forma que tiene el gobierno de obligarlos a quebrar para entregarle sus cupos de agua a las trasnacionales megamineras.

Nos preguntamos cómo afectará en un futuro a la economía de las familias trabajadoras tener que pagar a precio de importación todo lo que producen los cinturones verdes de nuestra provincia en caso de que se cumpla lo que pretende el gobierno y quiebren los productores locales. Nos preocupa que ese sea un posible escenario en una provincia donde 6 de cada 10 niños se van a dormir sin cenar y nos preocupa porque como docentes lo vemos todos los días, son nuestros alumnos.

2) Lo rechazamos porque es un proyecto de saqueo y depredación ambiental. Gracias al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) los grandes capitales que inviertan más de 200 millones de dólares van a estar exceptuados y no van a pagar siquiera IVA, un impuesto que pagan hasta los niños que van a comprar al kiosco, no van a pagar NADA de retenciones y además se les disminuye ganancias, todos beneficios que tendrán durante 30 años. Un régimen que pone en peligro nuestra Ley 7722 al igual que el avance de este proyecto. Lo que va a generar es que las multinacionales depredadoras se instalen a saquear nuestros bienes comunes naturales dejando amputaciones ambientales que son irreversibles como la afectación a los múltiples glaciares presentes en la zona. En el mismo Informe de Impacto ambiental de este proyecto figuran los 635 glaciares inventariados que son la reserva de agua dulce de las próximas generaciones. Además el proyecto implica un altísimo consumo de agua que hoy se usa para el consumo humano y la producción agrícola. A su vez implica la destrucción de humedales altoandinos, contaminación de ríos y acuíferos por la utilización de productos químicos sumamente tóxicos, derrame de drenajes ácidos y metales pesados. Un aumento de la erosión del suelo, polvos tóxicos en suspensión, vapores y emanaciones tóxicas, migración y mortalidad de animales. Se destruyen las montañas y los ríos, se privatizan lugares de disfrute de gran valor paisajístico donde llevar adelante el ocio y el esparcimiento que merece y le corresponde al pueblo trabajador.

3) Rechazamos este proyecto por los beneficios escandalosos otorgados a empresarios y funcionarios que operan en ambos lados del mostrador. La empresa estatal Impulsa Mendoza, sucesora de Potasio Río Colorado (PRC), está a cargo de registrar propiedades mineras y obtener cateos y manifestaciones de descubrimiento en zonas del Distrito Minero Malargüe Occidental (MDMO). En agosto, el Estado destinó más de $5 mil millones en honorarios para impulsar proyectos de PRC, Hierro Indio y MDMO. En esta primera fase, se presentaron 34 proyectos de prospección y exploración, con más de 100 adhesiones gratuitas al plan. La empresa APELEG, liderada por Antonio Torre y Julio César Pulisich (exsíndicos de PRC, con Pulisich como director suplente de Impulsa Mendoza hasta junio), posee 20 proyectos mineros en el Distrito. Con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el valor de estas propiedades aumentará significativamente y este es solo un ejemplo de varios. En otras palabras, empresarios y exfuncionarios locales han registrado concesiones mineras “con la nuestra”, que tras la ratificación de la DIA, cuyo voto se llevará a cabo mañana en el Senado, incrementarán exponencialmente su valor y quedarán listas para ser vendidas a multinacionales extractivistas, multiplicando las ganancias de sus dueños. Especulación inmobiliaria, conflicto de intereses e impunidad de empresarios junto al gobierno provincial que viene ajustando los presupuestos de educación pública y de salud.

4) Lo rechazamos contra los relatos y los intentos de cooptación del gobierno, de empresas y dirigentes sindicales. El gobierno sabe perfectamente que no cuenta con la licencia social para avanzar en sus proyectos mineros, y para cambiar esta situación reconoce el papel estratégico de las escuelas, habilitando capacitaciones pagas sobre minería. Esto constituye, lisa y llanamente, una forma de extorsión, ya que el gobierno es consciente de que los salarios de los trabajadores de la educación están por debajo de la línea de pobreza y muchas compañeras, especialmente las madres solteras, deben recurrir a estas jornadas pagas para sumar un poco más. Para colmo, estas capacitaciones no se enfocan en cuestiones pedagógicas, sino en la promoción de la contaminación y el saqueo.

El relato de desarrollo, progreso y generación de empleo, que tanto repiten, ya no funciona. Por un lado, porque el ejemplo de la provincia vecina San Juan donde los derrames de cianuro de la Barrick Gold convirtieron a un pueblo entero en zona de sacrificio obligándoles a consumir agua desde cisternas, es un recordatorio permanente de los estragos que puede ocasionar la megaminería. Y por otro lado, porque sigue vivo el recuerdo de la tragedia ocasionada por Minera Vale en 2013, en el proyecto Potasio Río Colorado, en Malargüe. Este proyecto, que había prometido progreso, crecimiento, desarrollo y empleos de calidad, dejó a 6800 familias en la calle, convirtió al pueblo en un lugar fantasma y dejó deudas impagas por USD 300 millones, hoy en manos de PRC. Como ya sabemos que es mentira, ahora el gobierno ensaya un nuevo relato: el de la transición energética. Tiene que saber todo el mundo que esa transición energética no es más que nuevos negocios para las grandes empresas y la posibilidad de seguir produciendo de la forma depredadora que lo hacen donde el 30% de la comida se tira. El gobierno insiste en este tipo de proyectos disfrazándolos de grandes inversiones y oportunidades y ahora se pinta de verde hablando de la necesaria transición energética, porque aún tiene la herida abierta por las enormes movilizaciones en defensa de la 7722 y eso sigue en nuestra memoria colectiva.

5) Lo rechazamos porque se ponen en riesgo sitios arqueológicos, paleontológicos, espeleológicos y de estudio científicos. El proyecto “Hechicera”, por ejemplo, está montado sobre la Caverna de las Brujas donde hay una reserva de historia natural invaluable y otros tanto proyectos sobre zonas con cuevas sin descubrir aún. Diego Pazos, de la empresa Telezpacio, advirtió sobre el área de exclusión alrededor de la Antena DS3, un acuerdo con la Unión Europea con el cual se colabora con misiones que se realizan en Marte, Venus, Marcurio, Júpiter y hasta misiones que orbitan el sol.

Sobran los motivos para rechazar este proyecto que pone en riesgo los bienes comunes naturales no solo del sur provincial sino de toda Mendoza, beneficiando a un puñado de empresarios que solo dejarán más pobreza y contaminación. Por ello, desde las 11 Hs, Asambleas Sociambientales, junto a organizaciones sociales, políticas, sindicales y estudiantiles nos concentraremos en las puertas de la Legislatura para rechazar esta nueva avanzada extractivista. Participarán trabajadores y trabajadoras de la educación, junto a estudiantes orgazanizados en la Asamblea Interfacultades, mostrando que la forma de enfrentar el ajuste y el saqueo que quieren imponer Milei y Cornejo es en unidad y en las calles.