[8 de mayo] Paro reflexivo del Confech: ¿qué está en discusión?

Pérdida de la Beca Gratuidad y CAE 2.0

Este año se anunció la pérdida de la beca de gratuidad para 27 mil estudiantes. Las razones se deben a que muchos estudiantes excedieron la duración formal de las carreras, arrojándolos a endeudarse para poder finalizar sus estudios, o que, ante la imposibilidad de poder costear créditos universitarios, debieron retirarse de estudiar.

El gobierno de Sebastián Piñera, impulsó un proyecto de financiamiento para la educación superior que reemplazará al Crédito con Aval del Estado (CAE) y al Fondo Solidario, el cual recibiría el nombre de Sistema de Financiamiento Solidario. Este relegitima el entendido de la educación como un privilegio, a la cual se accede gracias a un aval con quienes las y los estudiantes se endeudan.

Según Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar en una entrevista con La Tercera, indicó que Los estudiantes del decil 1 ($48 mil per cápita), que son los más vulnerables, quedarían más endeudados con el Fisco que aquellos del decil 6 ($193 mil per cápita), porque la cobertura para el primer grupo es mayor”. Lo anterior indica que los principales endeudados provienen de los sectores con menos recursos económicos.

Este nuevo sistema de financiamiento se diferencia del CAE en tanto que el nuevo cubre un arancel regulado más una cobertura adicional que se mide en base a Unidades Tributarias (UTM) y el decil al que corresponde. Otra diferencia es que será administrado por una Sociedad Anónima administrada por el Estado, desde donde se podrá retener el sueldo de deudores y podrá, posteriormente ser ingresarlos a dicom. Tendrá interés de 2%, con cuotas que no excedan al 10% de la renta de endeudados.

Otra medida es que estudiantes que hayan sido eliminados o se cambien más de una vez de carrera o institución no podrán acceder a este sistema; tampoco podrán acceder estudiantes que cuenten con más de dos títulos técnicos.

Financiará sólo tres semestres más de la duración oficial de la carrera, y para el caso de quienes se cambien de carrera, el sistema “restará” los semestres cursados en la carrera previa, a los tres semestres adicionales de la carrera actual.

Este sistema es propuesto desde el gobierno para revitalizar su ideario contrario a la educación como derecho, ante lo cual resulta relevante dar cuenta de que actualmente existen 390 estudiantes deudores del CAE, poco menos de 1/3 de las matrículas totales de la educación superior, con deudas que superan los 4 billones de pesos.

A democratizar: estudiantes, profesores y trabajadores ¡a luchar por el cogobierno la en las universidades!

Las universidades tienen un régimen autoritario, en donde las decisiones pasan por autoridades unipersonales que fueron escogidas por una minoría de académicos de las casas de estudio. Espacios donde no participan estudiantes, funcionarios, y tampoco un gran número de docentes por estar bajo la modalidad de contrata o contratación “por hora”.

Recientemente con el cambio supuesto por la Ley de Universidades Estatales, se establece que las universidades deben actualizar sus Estatutos Orgánicos, avanzando con espacios de participación de la comunidad universitaria, pero estableciendo un marco limitado desde donde el cual participar.

Según esta nueva ley, el Consejo Superior se compone de 9 integrantes, de los cuales 3 son nombrados por el Presidente de la República, 4 deben ser de la comunicad universitaria (2 académicos y otros 2 que representen a funcionarios y estudiantes), sumando a un profesional de trayectoria destacada con vínculo con la región y el Rector. Es el máximo órgano colegiado de la universidad, desde donde se define la política general de desarrollo y las decisiones estratégicas de la institución.

Rector es la autoridad unipersonal de la universidad y su representante legal, con la calidad de jefe superior del servicio. Según conformidad de la Ley N°19.305, donde participan académicos pertenecientes a las más altas jerarquías con al menos un año de antigüedad.

Instancias como la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional, del presupuesto, gravamen de activos, remoción del Rector o de Contralor Universitario dependen de la aprobación del Consejo Superior con los porcentajes que decidan en las casas de estudio.
Consejo Universitario es el órgano colegiado representativo de la comunidad universitaria, compuesto por académicos, funcionarios no académicos y estudiantes, que tienen derecho a voto según proporción definido en sus estatutos. Esta instancia está presidida por el rector. Está encargado de ejercer funciones consultivas y resolutivas relativas al quehacer académico e institucional de la universidad.

De estos espacios están marginado la mayoría de la comunidad universitaria, resguardando el privilegio de los directivos de las casas de estudio para tomar decisiones. Esta misma estructura mantiene las decisiones de las mallas, misión-visión de la universidad, protocolos de género y las formas de contratación como una atribución de las autoridades.

Educación no sexista

El mayo Feminista del 2018 cuestionó fuertemente la visión machista del modelo educativo. Cientos de casos de denuncia de acoso sexual puso en evidencia que las decisiones pasan por autoridades y no considera las demandas del resto de la comunidad. En algunas universidades se avanzó a la creación de protocolos, los que sin embargo fueron insuficientes puesto que mantienen intacta la estructura universitaria, de modo que las decisiones continúan siendo tomadas por los mismos.

Así es como las demandas sobre la educación no sexista está íntimamente relacionada con la demanda de democratización en tanto que es el mecanismo bajo el cual la comunidad podrá decidir sobre la formación educativa y las mallas, así como también sobre los protocolos de género, la constitución de comisiones independientes a las autoridades que levanten las investigaciones frente a las denuncias de acoso sexual, abuso o violencia de género.

Otra problemática que el movimiento feminista está en deuda es pelear por las condiciones estructurales y laborales que afectan de forma transversal a la clase trabajadora, pero donde principalmente son las mujeres quienes sufren de ello, como lo es el subcontrato.
Según un estudio

Defender los puestos de trabajo: Abajo el subcontrato
Recientemente la CONFECH incorporó entre sus demandas el rechazo a la modalidad de subcontrato, sin embargo para esta jornada no destinaron un punto específico sobre el cual discutir.

El subcontrato (o externalización de servicios) es sinónimo de inestabilidad laboral, puesto que esta modalidad implica que una empresa que dirige desde afuera sin velar por el bienestar de sus trabajadoras y trabajadores. La misma busca formas de maximizar sus ganancias, invirtiendo lo menos posible en materiales, en las condiciones propias de sus trabajadoras y trabajadores, llevando adelante despidos si es necesario y atacando directamente la organización sindical de los y las funcionarias de la universidad.

Según un estudio realizado por Jocelyn Encina de la Carrera de Periodismo de la USACH (2016), la universidad gasta más pagando a una empresa subcontratista, que si estableciera contratos directos. Al respecto señalaba “la USACH desembolsa $423.000 por cada trabajador y la empresa entrega $282.000, es decir, una diferencia de $141.000 pesos por trabajador/a”. Poniendo en evidencia que las razones bajo las cuales se mantiene esta modalidad obedece no a un criterio económico, sino que se debe principalmente con objetivos políticos de atacar la organización de trabajadores.

Así también se vio con el despido masivo de trabajadores de jardines en el marco del proceso de licitación del 2016-2017, como represalias tomadas frente a las movilizaciones del sindicato interempresa de Aseo y Jardines en el 2016, despidiendo a la mitad de afiliados a dicho sindicato. Esto debe ser un antecedente sobre el cual mantener la alerta frente al nuevo proceso de licitación que atravesará la empresa de aseo de dicha universidad.

Salud mental, Acceso y bienestar estudiantil

La problemática de salud mental en las universidades tiene lugar en el problema del modelo de educación en Chile, en un contexto de educación neoliberal donde toma peso la competitividad, el rendimiento y las condiciones propias de la vida que afecta a estudiantes y trabajadores. Esto tiene que ver con las condiciones de vida a la que se enfrentan miles de estudiantes, teniendo que compatibilizar estudio y trabajo, sufriendo los bajos sueldos y jornadas extenuantes, lo que profundiza el agobio y estrés durante esta época.

Las sobrecargas académicas, por otro lado, tienes que ver con las decisiones curriculares que son tomadas en los centros de estudio, las cuales pasan por autoridades sin la participación de estudiantes o del resto de la comunidad. decisiones sobre las mallas, que es tomada por autoridades, que además de no tener empatía por las situaciones distintas que sufren estudiantes, son evidencia clara de un modelo autoritario con problemas estructurales sistémicos que repercuten en las vidas de estudiantes y trabajadores.

Así también, problemas de infraestructura que resolverían las problemáticas de accesibilidad e inclusión, pasan también por la falta de financiamiento a los planteles educativos, que son muestra de que el Estado no inyecta recursos en ellas.

Te puede interesar: Estrés universitario: consecuencia de la universidad en tiempos neoliberales