Tras el anuncio del ministro Tristán Bauer de pagar un bono de $5.000 para el consumo de rubros culturales a partir de 1 de noviembre, la jueza Servini de Cubría suspendió la medida y abrió un tenso debate por la billetera electoral.
Martes 26 de octubre de 2021 20:37
Luego de la derrota del gobierno en las PASO se comenzaron a implementar una batería de medidas de contención entre las que se encuentra el lanzamiento del plan Más Cultura impulsado por el ministro Tristán Bauer, quién anunció el pago de un bono extraordinario de $5.000 a jóvenes de 18 a 24 años para el consumo de cine, teatro, recitales, librerías y otras actividades del rubro, a pagar a partir del 1 de noviembre y para ser utilizados hasta el 30 de abril próximo a través de una tarjeta emitida por el Banco Nación.
La medida fue suspendida por la jueza María Servini de Cubría quien hizo a lugar a una cautelar presentada por un tercero y argumentó que la entrega de este bono para consumos culturales incumple el artículo 64 del Código Electoral Nacional, el cual establece que "queda prohibido durante los 25 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo".
Luego de apelar la medida judicial, (aunque la inscripción sigue abierta y muy probablemente los jóvenes anotades puedan acceder a este magro aporte después de las elecciones de 14 de noviembre) el ministro de cultura Bauer firmó una resolución este lunes 25 de octubre anunciando que se pagará un bono extraordinario de $15.000 a trabajadores de la cultura que se vieron afectados por el golpe económico que ocasionó la pandemia en el sector.
Llama la atención que estas medidas, claramente necesarias pero insuficientes, lleguen a pocos días de las elecciones y se pretenda polarizar la discusión con el poder judicial que impediría la ayuda del gobierno cuando éste no mantuvo el IFE durante la pandemia como se había comprometido Guzmán, aplica medidas de ajuste bajo el recetario del FMI, reduce el poder adquisitivo de millones de trabajadores frente a una inflación descontrolada que incluye la suba de la canasta familiar y el valor de los alquileres hasta pulverizar los bolsillos. Lejos quedaron las promesas incumplidas durante la campaña electoral de 2019 de recuperación salarial y asado para todos por la que se responsabiliza totalmente a la pandemia y no al ajuste impuesto por el Fondo Monetario ante quienes se turnan para contraer y pagar una deuda ilegítima mientras el salario mínimo se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Las paritarias se firman a la baja con la complicidad de la burocracia sindical pero no se toca ni un centavo de banqueros y grandes empresarios que incrementaron sus ganancias durante la pandemia. El ajuste, la crisis y la deuda con el FMI no la pagan el gobierno ni los empresarios sino el pueblo trabajador y, especialmente, la juventud que solo consigue contratos basura o tiene que dejar de estudiar para pedalear todo el día para las apps sin derechos laborales, aguinaldo, obra social, vacaciones, jubilación y en condiciones de extrema explotación.
Según los datos del INDEC la desocupación del segundo trimestre de 2021 alcanzó el 9,6%, a quienes se suman un 17% de ocupados y precarios que buscan empleo, por lo cual la gente con problemas de empleo alcanza el 26,6%, sin contar 400.000 personas que ya no están buscando trabajo o lo hacen de forma muy precaria y por ello no son contabilizadas por las encuestas.
Para la juventud el desempleo es mucho mayor. La desocupación alcanza al 22,4% de las mujeres y el 16,1% de los varones jóvenes. Además de ser los más vulnerables a la precarización laboral y con los sueldos más bajos del mercado.
La política de pagar la deuda externa y el sometimiento a los dictámenes del FMI de los sucesivos gobiernos de turno nos ha llevado a tener un 40% de pobreza en un país que exporta alimentos para 400 millones de personas. El no pago de la deuda fraudulenta acompañado de la nacionalización de la banca y el comercio exterior, como propone únicamente el Frente de Izquierda - Unidad, garantizaría los recursos para satisfacer las necesidades básicas de las grandes mayorías, pero es una decisión política que los representantes de la clase dominante, sean especuladores o productivistas, no están dispuestos a tomar; unos por su ideología referenciada en la defensa de la clase privilegiada y otros por la eterna excusa malmenorista de que “no da la relación de fuerzas” para cambios estructurales y hay que conformarse con las migas.
En un contexto de crisis que afecta principalmente a jóvenes y mujeres trabajadoras es lógico que se hayan anotado 300.000 pibas y pibes en pocas horas para recibir un bono de $5.000 que ayuda a paliar una situación extrema, pero que claramente no resuelve nada. La derecha y el empresariado proponen una reforma laboral que elimine derechos. El Frente de Todos propone profundizar el modelo extractivista y beneficios al agro power para generar empleo. Desde el Frente de Izquierda- Unidad proponemos la aplicación de la reducción de la jornada laboral a 6 horas y 5 días a la semana (30 horas semanales), sin rebaja salarial, con un salario mínimo equivalente a la canasta familiar y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Esto generaría 900.000 nuevos puestos de trabajo inmediatos en 12.000 grandes empresas. Algo absolutamente posible con la técnica actual pero que se niegan a implementar a ambos lados de la “grieta” porque afectaría las ganancias de la clase dominante a la que se someten. Las grandes patronales obviamente se oponen a que se afecten sus multimillonarias ganancias, por eso la propuesta va más allá de lo electoral e implica organizarse y salir a luchar por empleo con plenos derechos para todos y todas, para terminar con la desocupación, la tercerización y la precarización laboral que afecta principalmente a los más jóvenes. No alcanza con un bono pre-electoral.
La juventud tiene derecho a estudiar, a un trabajo con salario digno, y también a la cultura, el arte, esparcimiento y ocio. Derechos básicos y fundamentales que el sistema capitalista le niega sin importar quien sea su administrador. Por ello, contra todo conformismo, nos organizamos para luchar por lo que nos corresponde.
