NUEStRAS VIDAS VALEN MÁS QUE SUS GANANCIAS. ALP aprueba proyecto de Ley que mantiene el negocio privado de la salud

La cámara de senadores remitió ayer al órgano ejecutivo el proyecto de Ley que obliga a las clinas privadas a atender de manera gratuita a los pacientes con COVID-19, estableciendo que el Estado compensará por los gastos incurridos al sector privado de la salud con recursos provenientes de la Ley de Gestión de Riesgos así como de donaciones y créditos nacionales e internacionales.

El proyecto surgió luego de las denuncias que afirman que en el sector privado el costo de una internación por día estaría rondando los Bs. 5.000 (algo más de 700 dólares), así como el negocio de los test por COVI-19 que vienen oscilando entre los 100 y 200 dólares sin los cuales nadie puede recibir atención médica incluso en el sector público.

Estas disposiciones de que sin la prueba de COVID-19 no se puede atender en los hospitales públicos ya ha provocado que decenas de personas no reciban atención médica y que fallezcan incluso en la puerta de los hospitales, mientras que los test realizados por el sector público son absolutamente insuficientes y llegan con un retraso de casi una semana, muchas veces cuando el paciente ya se encuentra en estado de gravedad o directamente a fallecido.

El proyecto de Ley aprobado por las bancadas del MAS que controla los dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mantiene el negocio y el lucro de los mercaderes de la salud, al afirmar que el Estado reembolsará y compensará a este sector, así como establece que los pacientes que se dirijan directamente a los centros privados deberán asumir los costos sobre la base de la “libertad contractual” y que esta disposición solo es aplicable a los pacientes derivados del sector público al privado.

El MAS con esta disposición pretende aliviar el colapso del sistema de salud pública mediante la derivación de pacientes hacia el sector privado, pero sin afectar los negocios de clínicas y centros de salud particulares, reafirmando de esta manera su compromiso con los mercaderes de la salud como lo hizo durante los 14 años de su gestión de Gobierno.

Desde nuestras páginas junto a diversas organizaciones sociales y políticas venimos impulsando una campaña exigiendo la nacionalización del sistema de salud privado, sin indemnización, para poner todos esos recursos al servicio del combate a la pandemia y en resguardo de la vida de la población trabajadora que es la más afectada por el colapso del sistema de salud.

Solo con la centralización de todo el sistema de salud bajo control y dirección de las y los trabajadores de la salud, dotándolos de recursos financieros y económicos se podrá aplicar un genuino plan para enfrentar la pandemia, evitando que los muertos y los costos del sistema de salud recaigan en las espaldas de las mayorías trabajadoras y de los sectores más empobrecidos y que sean los empresarios del sistema privado de salud quienes asuman los costos de la crisis y dejen de lucrar.

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Llamamos a las organizaciones sindicales, vecinales, populares, indígenas y campesinas, de mujeres, de la juventud precarizada y de las disidencias sexuales a exigir la inmediata nacionalización del sistema de salud ante la absoluta insuficiencia del proyecto de Ley del MAS y ante el desastrosa gestión de la crisis por parte del Áñez y su gabinete.

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