Con una medida arbitraria y discriminatoria ARBA descontará un plus a aquellas mujeres que tengan licencia por maternidad o falten para cuidar a sus hijos.
Viernes 26 de mayo de 2017
ARBA es el organismo recaudador de la provincia de Buenos Aires. Sus trabajadores y trabajadoras cobran un plus por productividad histórico que ya forma parte del cálculo de sus ingresos. Este premio, que reiteramos está integrado al sueldo se abonará en mayo y septiembre de 2017 y enero de 2018.
Esto no hubiera sido una noticia si no fuera porque de acuerdo a una nota publicada por Luciana Pecker en LAS 12, el Director del organismo, Gastón Fossati, decidió quitar este plus a todos los trabajadores y trabajadoras que se tomen cualquier licencia. Cuando utiliza la palabra “cualquier” está incluyendo las licencias por maternidad, adopción y cuidado de hijos e hijas.
Y es en este punto donde la decisión se vuelve discriminatoria, injusta y vergonzosa, porque afectará directamente a las mujeres embarazadas o con hijos. Sabemos que son las mujeres las que mayoritariamente se ausentan de sus trabajos cuando los chicos se enferman.
El organismo justifica la decisión diciendo que es “una medida equitativa que no implica ahorro ni ajuste y que “los cambios no vulneran ningún derecho”. Sin embargo para las trabajadoras de ARBA se trata de un sistema de “premios y castigos” a quienes concurran o no a su trabajo.
Lo realmente grave es que la productividad esté unida al presentismo, de manera que la maternidad o el ausentarse para cuidar a un hijo se transforma en una penalidad que se traduce en una quita de salario.
Alentar la meritocracia como el pilar del crecimiento individual es el sello distintivo en la gestión de Cambiemos, sucede que en este caso puntual la discusión no pasa por el avance o no en un puesto de trabajo, sino con la vulneración de un derecho adquirido.
La decisión que tomó Gastón Fosatti, está en línea con la postura del gobierno en general respecto de los derechos de las mujeres.
Mauricio Macri a nivel nacional eliminó programas relacionados con la salud reproductiva y sexual y redujo el presupuesto para áreas sensibles relacionados con la violencia de género.
Por su parte María Eugenia Vidal, no solo no avanzó en aplicar políticas públicas que intenten paliar aunque sea mínimamente el aumento de la violencia machista, sino que impidió, entre otras cosas, que se aplicara el protocolo para los abortos no punibles.
Las mujeres trabajadoras no pueden esperar que los funcionarios del Estado transformen sus reclamos en derechos. La dilación en aprobar los cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, como hacer la vista gorda cuando se vulneran derechos básicos de las mujeres, son la prueba más contundente e irrefutable de la connivencia que los liga a los sectores del poder económico.
