El envalentonamiento de los republicanos en el Consejo es criminal y anti derechos, pero también lo es la actuación de los partidos de gobierno al interior de esa instancia, dónde lo más “revulsivo” que proponen es seguir en la senda de la comisión de expertos y los 12 bordes constitucionales que firmaron los partidos tradicionales en el “Acuerdo por Chile” y que finalmente continúan consagrando al Chile neoliberal.
Viernes 6 de octubre de 2023
La crisis económica mundial no cesa de precarizar la vida de miles de trabajadores y trabajadoras en todo el planeta. La inflación, el estancamiento, la caída de los sueldos y la sobreexplotación es un fenómeno mundial: los capitalistas han decidido descargar sobre los hombros de la clase trabajadora los costos para asegurar sus ganancias.
Chile no es ajeno a esta crisis. Tras más de una década de estancamiento de la economía, la pandemia golpeó duramente a la clase trabajadora. Pese a que los empresarios han aumentado su riqueza como nunca, el sueldo de los trabajadores no para de perder poder adquisitivo. Ya es casi un consenso que la economía entrará en recesión, la cual también ha sido motivada por la política del Banco Central, que impulsó la línea en “enfriamiento de la economía” con mayor desocupación y subiendo las tasas de interés. Por su parte, el gobierno aplicará un ajuste fiscal cercano a los US$2.000 millones en el presupuesto actualmente en ejecución.
En ese marco es que se ha venido desarrollando el actual proceso constitucional. Fue el gobierno de Boric, cuyos partidos permitieron que Piñera siga en la impunidad y que los empresarios descarguen su crisis sobre los trabajadores, los que permitieron que creciera la extrema derecha. Firmaron el “Acuerdo por Chile” desde el PC a la UDI y levantaron un proceso constitucional totalmente antidemocrático, con 24 expertos designados a dedos (verdaderos operadores políticos de los partidos tradicionales), con 12 bordes constitucionales que garantizan el orden neoliberal, un Consejo electo con el sistema electoral anti democrático del Senado que favorece a los partidos grandes, excluyendo a otros partidos de la misma elección y con un sistema electoral que beneficiaba a la derecha. Esto, además sin ningún tipo de consulta inicial del proceso a la población.
A esto hay que sumarle los llamados desde el oficialismo y las organizaciones sociales y sindicales que dirige el PC, PS y el Frente Amplio a no movilizarse, para darle gobernabilidad al orden empresarial, lo que solo han significado desmoralización y que las ideas conservadoras obtengan una fuerza que no habían tenido nunca.
Este fraude constitucional es uno de los ejes claves del intento de los partidos tradicionales y del gran empresariado de retomar la “estabilidad” para cerrar ciertas brechas de la crisis “institucional” como la definen los analistas. El hecho de que no puedan cerrar el capítulo constitucional muestra la debilidad de la casta política empresarial y de la profunda crisis orgánica en curso en Chile, abierta desde el 2011 y que no han logrado cerrar.
Actualmente, los republicanos, con primera mayoría de 22 consejeros en el órgano redactor, han iniciado una ofensiva junto a la derecha tradicional de Chile Vamos, aprobando una serie de enmiendas anti populares, anti mujeres, pro empresariales y represivas.
Ejemplos de aquello son la disminución y más restricciones antidemocráticas del Congreso, el retroceso del derecho a huelga condicionándolo a la negociación colectiva, la constitucionalización de las ISAPRES y de las AFP, la enmienda que permitiría la liberación de presos de Punta Peuco, la constitucionalización de la Ley Naín Retamal, el retorno de la justicia militar para casos donde haya civiles involucrados, la enmienda de la “defensa de la vida de quien está por nacer”, que abre la puerta a la eliminación del aborto en 3 causales, la eximición del pago de contribuciones, que beneficia esencialmente a los sectores acomodados, y un largo etcétera.
De todas formas sectores de la burguesía ven con preocupación que esta ofensiva de la derecha impida que el proyecto constitucional se apruebe este 17 de diciembre (como marcan todas las encuestas), porque sería un fracaso de marca mayor el no aprobarse un segundo texto constitucional y generaría mayor inestabilidad.
De esta manera comenzó a operar la cocina de los partidos tradicionales y se han activado las negociaciones en todas las bandas, buscando, en lo esencial, la retirada de las enmiendas más controversiales de los Republicanos.
No hay seguridad de que esto se logre. La apuesta de sectores de la derecha es llegar a una propuesta constitucional que al menos pueda ser apoyada por Demócratas, Amarillos, la Democracia Cristiana y sectores del “centro neoliberal”, de la “centro izquierda” que estuvo por el rechazo en el plebiscito de salida del proceso anterior, además de Chile Vamos y el Partido Republicano. Kast busca transformar el plebiscito en una votación a favor o en contra del propio gobierno, para tener algo de margen de éxito.
El oficialismo y Apruebo Dignidad se han convertido en los principales defensores del borrador constitucional redactado por los expertos, y los guardianes de la propia Comisión experta, que originalmente fue criticada por el PC, pero que ahora parece ser su última tabla de salvación para poder “moderar” a los Republicanos, negociar y llegar a un borrador constitucional que puedan llamar a votar a favor para evitar un triunfo del “En Contra”.
En este escenario, han comenzado a darse pasos importantes de movilizaciones. Profesores y empleados de la salud pública han protagonizado luchas parciales. Un sinnúmero de sindicatos retoman actividad después de años de desmovilización. Estas luchas no alcanzan todo su potencial, dado que la burocracia sindical ha decidido una impresentable tregua con el gobierno y los empresarios. Ahora frente al fraude, distintos sectores que buscan posar a izquierda, incluidas figuras del propio PC, como Hugo Gutiérrez, o Messina de la Coordinadora No + AFP, o Marco Enríquez Ominami, entre otros, levantaron el espacio Chile Vota En Contra, buscando dialogar con esos miles que ven cómo se impone la derecha en el actual fraude, pero su perspectiva es puramente electoral, apuntando a encauzar un nuevo proceso constituyente y redactar una carta magna “más democrática”, actuando en los hechos como presión por izquierda al Gobierno que busca negociar con la derecha un “mejor” texto, y siendo totalmente condescendientes con el propio gobierno y el Partido Comunista y el rol que estos han cumplido en el desarrollo de este fraude constitucional desde su origen en el “Acuerdo por Chile”.
No nos perdemos. No hay que esperar ninguna enmienda, ningún acuerdo ni negociación. Denunciamos este proceso constitucional por ser anti democrático. Y con la ultra derecha encabezándolo, ha demostrado ser totalmente anti popular. El gobierno y sus partidos se han convertido en cómplices de este fraude anti obrero, mujeres y sectores populares.
Por eso debemos organizarnos contra el proceso constitucional, que debe ser derrotado por la fuerza de la movilización de los trabajadores, el movimiento de mujeres, los estudiantes organizados y el pueblo. Hay que rechazar todo cuanto venga del Consejo Constitucional, pero este rechazo no puede reducirse a una discusión táctica sobre votar tal o cual opción.
El desafío que tenemos es buscar unificar las luchas y a diferentes sectores que se han movilizado, como sectores del movimiento de mujeres que salieron a la calle el pasado 28 de septiembre por el derecho al aborto legal y denunciando las enmiendas de republicanos y la derecha.
Llamamos a todos los sectores que ven críticamente el actual proceso a organizarnos en común, para enfrentar y denunciar el fraude constitucional, pero también para retomar la perspectiva de la organización y la movilización por la conquista de todas las demandas que quedaron irresueltas durante la revuelta, exigiendo a la burocracia sindical que vuelva a movilizar activamente ante los ataques que se han vivido los últimos años, unificando a las mujeres, estudiantes, pobladores y trabajadores en pos de la pelea por el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito, por un programa contra la violencia hacia las mujeres que este gobierno no ha cumplido, contra las leyes represivas como la Ley de Usurpaciones, y la Ley Naín Retamal - gatillo fácil, por un plan de emergencia habitacional para enfrentar la crisis de vivienda actual y de conjunto para que los costos de la situación económica internacional y nacional no la pague el pueblo trabajador sino que los grandes empresarios.
