La Legislatura porteña intenta avanzar con un proyecto de ley que elabore campañas publicitarias para prevenir el acoso callejero y penalizar a quien sea denunciado por este hecho.
Sábado 25 de junio de 2016
Hablar hoy de la persistencia del machismo en los medios de comunicación, o que se encienda una señal de alarma ante un comentario misógino durante alguna charla informal se debe, entre otras cosas, a la lucha del movimiento de mujeres para tratar de visibilizar la violencia machista.
En este sentido no fue poco el esfuerzo que logró transformar el “piropo”, ese micro machismo naturalizado e incorporado por la sociedad en la vida cotidiana, en acoso callejero, una forma de violencia de género.
Así, por estos días la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña está tratando un proyecto de ley tendiente a elaborar estrategias de prevención, atención y educación respecto de este tema.
Si bien el proyecto avanza en la prevención y educación mediante campañas publicitarias como una de las estrategias para intentar prevenir el acoso callejero, lo realmente medular, y lo que está generando un intenso debate en la Comisión, es la intención de convertir el acoso sexual callejero en un agravante de hostigamiento, una figura que ya está considerada y presente en el Código Contravencional de la Ciudad y que por estar encuadrada de esta forma tiene una sanción punitiva.
El proyecto es una unificación del presentado por Pablo Ferreyra de Alternativa Popular y María Rachid junto con Gustavo Fuks del Frente para la Victoria, con otro elaborado por las legisladoras Claudia Neira y Gabriela Alegre de ese mismo espacio político.
Hostigamiento: el puente para que el Acoso Sexual Callejero sea sancionado
La intención de que el acoso sexual callejero sea considerado como un agravante de la figura de hostigamiento tiene como fin poder lograr imponer una medida punitiva para quien ejerza esta conducta. Es decir que se une el hostigamiento con el acoso sexual para que sea un hecho que pueda ser castigado con cárcel o con una multa de dinero.
Cabe aclarar que la figura de hostigamiento está definida como: “Quien intimida u hostiga de modo amenazante o maltrata físicamente a otro, siempre que el hecho no constituya delito, es sancionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública, multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos o uno (1) a cinco (5) días de arresto”.
Transformar el acoso sexual callejero en una contravención susceptible de una pena, de dinero o de privación de la libertad, parte de la premisa que castigando una conducta se logra corregir un problema. En base a este antecedente el proyecto se encuentra con dos puntos fundamentales a solucionar. Por un lado resolver la redacción de un protocolo de aplicación que delimite las acciones a tomar en estos casos. Y por el otro qué autoridad será la encargada de aplicarlo.
El proyecto propone que “la Policía Metropolitana y la Policía Federal deben elaborar y aplicar un protocolo de actuación ante denuncias de acoso sexual en lugares públicos y de acceso público que respete la normativa local, nacional e internacional de protección de los derechos humanos”.
Este punto generó un intercambio intenso de posiciones. Es que continuar haciendo hincapié en la condena y no en herramientas que permitan concientizar sobre este tema es entregarle por ley más poder punitivo al Estado, a las fuerzas represivas del gatillo fácil, fuerzas comprobadamente misóginas y homofóbicas que no harán más que seguir atacando a los sectores más vulnerables.
Esta ley debe exigir que el Estado destine los fondos necesarios para implementar por ejemplo la ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas del país, así como todas las campañas publicitarias y de difusión sobre este tema.
Luego de este debate se acordó que el Ministerio Público Fiscal se encargaría de las denuncias, y aunque la policía aplicará el protocolo correspondiente, la redacción del mismo estará a cargo del Ministerio mencionado.
Las posiciones encontradas entre los representantes de Nuevo Encuentro y los del PRO también se hicieron visibles al intentar definir el acoso sexual callejero, finalmente se definió como “las conductas físicas o verbales de naturaleza o connotación sexual, basadas en el género, identidad y/u orientación sexual, realizadas por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no desean o rechazan estas conductas en tanto afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, integridad y libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos y en los espacios privados de acceso público”.
Esta definición tiene sus orígenes en una ley sancionada el año pasado (Ley 5306) que instituye el 2 de octubre de cada año como el Día de Lucha contra el Acoso Sexual Callejero.
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Ahora bien, luego de haber aceptado que esta conducta es una de las formas de violencia de género, la Comisión debatió quién sería la Autoridad de Aplicación encargada de “realizar campañas de difusión que contribuyan a concientizar y a dar visibilidad a la problemática”; y a “elaborar y distribuir material que informe sobre el contenido de la presente ley y sobre las características del acoso sexual en lugares públicos y las vías para denunciarlo”. En este punto el PRO logró imponer su postura para que el Poder Ejecutivo de la Ciudad tenga la potestad de elegir la mencionada autoridad.
El FpV muestra un repentino interés y exceso de diligencia al intentar que esta ley accesoria sea aprobada cuanto antes, buscando sumar puntos a favor frente a la violencia de género. Sin embargo este “interés” no alcanza para ocultar su rotunda oposición para legalizar el derecho al aborto durante sus doce años de gobierno. Una cruzada en la que no estuvieron solos, recordemos que fue el PRO, mediante Patricia Bullrich, quien permitió que el proyecto perdiera estado parlamentario en una manifiesta complicidad con el kirchnerismo.
Aumentar las penas no es la solución
Aumentar las sanciones y las penas no traerá soluciones mágicas. Diferentes estadísticas demuestran que incrementar la penalidad de los delitos no hace que estos desaparezcan. Hay que tener presente que es el mismo Estado quien naturaliza la violencia, como el acoso sexual callejero, por ejemplo con comentarios como el que hizo Mauricio Macri al minimizar la violencia que provoca “un piropo” asegurando que ““A todas las mujeres les gustan que les digan un piropo.
Aquellas que dicen que no, que se ofenden, no les creo nada. No puede haber nada más lindo (que un piropo), por más que esté acompañado de una grosería, que te digan qué lindo culo que tenés, está todo bien”.
Es a través de políticas públicas que destinen los fondos necesarios para campañas educativas y de prevención, con programas que permitan ser una red paliativa que estaremos en condiciones de abordar de forma responsable esta temática.
