La Justicia otorgó la excarcelación a los detenidos y sigue sin investigar a los funcionarios responsables de la trampa mortal que fue Time Warp, buscando imponer un nuevo manto de impunidad.
Patricio del Corro @Patriciodc
Domingo 10 de julio de 2016 12:47
El 4 de julio pasado la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal cambió la calificación legal de Adrián Conci, titular de Dell Producciones, del abogado Víctor Stinfale de Energy Group, de Carlos María Garat también de Dell y de Carlos Penise, por una más leve y los eximió de la prisión preventiva. Al día siguiente, aprovechando el giro de la causa, se presentaron en tribunales los prófugos Walter Santángelo, Diego Herrera y Facundo González. Fugados durante más de dos meses también fueron beneficiados con la excarcelación. El resultado es claro: quedaron todos libres. La decisión fue tomada por los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun. Irurzun es considerado un “hombre” del Gobierno en el fuero federal.
La decisión de cambiar la calificación no es arbitraria. Según podía leerse en el fallo del juez Sebastián Casanello Conci, Garat y Stinfale, fueron encontrados prima facie responsables del “delito de comercialización de estupefacientes, agravado, en concurso ideal con el delito de abandono de personas, abandono de personas seguido de grave daño en la salud y abandono de personas seguido de muerte en calidad de coautores”. La nueva carátula dispone la acusación de "homicidio culposo y lesiones graves culposas". Increíblemente se los trata como si hubieran atropellado con su auto a un transeúnte y matado sin querer. Una vergüenza que allana el camino a la impunidad que busca el gobierno porteño y todos aquellos que fueron claves para llevar adelante el plan que terminó con la muerte de cinco jóvenes.
¿Quiénes son los acusados liberados?
El día de los hechos los empleados de limpieza contratados por Energy recién pasadas al menos 4 horas del primer fallecimiento en Time Warp recibieron la orden de frenar con las actividades de limpieza por parte de la Prefectura. Según denunciaron la limpieza incluía el borrado de huellas de los hechos ilícitos.
La “pata estatal” en el crimen de Time Warp
El cambio de carátula por “homicidio culposo” es un paso que prepara la impunidad para todos los responsables en la causa Time Warp. Como he denunciado lo que sucedió ese 16 de abril no fue negligencia ni imprudencia: fue una “trampa mortal” armada por Dell y Energy para garantizar la sobreventa de entradas, falta de agua y hacinamiento, en complicidad con Prefectura, la seguridad privada y los funcionarios de la Ciudad. Al giro hacia la impunidad de la “pata” empresaria hay que sumar lo que sucede con la “parte estatal”. Por ahora siguen procesados como partícipes necesarios de comercio de estupefacientes, y coautores de abandono de persona seguido de muerte y lesiones y muerte, e incumplimiento de deberes de funcionario público el gerente operativo de Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control, Claudio Iacobaccio, el coordinador Fernán García Vázquez y los inspectores Pablo Fontanellas, Gustavo Herms y Néstor Cella. Nada de lo que sucedió en Time Warp fue casual.
Venimos denunciando la culpabilidad de estos funcionarios así como la del Director de la Agencia Gubernamental de Control, Matías Álvarez Dorrego, de quien dependen los procesados, y que hasta ahora solo apareció por la Legislatura, para actuar como vocero de la empresa Dell y tapar el rol jugado por sus funcionarios.
La actitud del Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta fue similar. Sigue escondiéndose y encubriendo a sus subordinados, motivo por el cual lo denuncié en la Justicia por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de deberes de funcionario público. En Time Warp hay un nexo causal entre las conductas de los empresarios y los funcionarios públicos que permite imputarlos penalmente. Lo sucedido es producto de la corrupción de un sistema donde empresarios y Gobierno solo buscan incrementar sus negociados y ganancias a costa de la seguridad y la vida de los jóvenes.
La negativa del PRO y sus aliados en la Legislatura a conformar una comisión investigadora demuestra también que sólo buscan el ocultamiento. Apelo a la participación y movilización de la juventud y de los familiares y amigos de las víctimas. Quieren impunidad. Hay que manifestarse enérgicamente para impedirlo.
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Patricio del Corro
Sociólogo, dirigente nacional del PTS y legislador MC de CABA por el FIT-U