El Inapam asegura que los adultos mayores que cuenten con el esquema de vacunación Covid, pueden regresar a los supermercados a empacar productos. Una respuesta indolente frente a la precariedad laboral.
Viernes 9 de abril de 2021
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) aseguro que los empacadores de mercancías que hayan completado su esquema de vacunación contra Covid-19, pueden reincorporarse a sus centros de trabajo en las principales cadenas de supermercados.
En el aberrante comunicado, el instituto asegura que: “no encuentra objeción al retorno de las actividades referidas, siempre y cuando sea de manera gradual y ordenada, con respeto al porcentaje de concentración de ciudadanos permitido de acuerdo al semáforo epidemiológico y de las características específicas de cada establecimiento”.
El esquema de vacunación que está implementando el gobierno federal contempla un mínimo de 60 años para poder ser vacunado. El Inapam considera que estos adultos pueden y deben seguir trabajando estando fuera de riesgo de contagio.
Esta visión es producto de preponderar la reactivación económica a toda costa y profundiza la concepción de “corresponsabilidad” de la que habla Hugo López-.Gatell desde el inicio de la pandemia, dónde diluye la responsabilidad tanto del Estado, como de las patronales para garantizar condiciones mínimas para poder trabajar en medio de la pandemia, cuestión que claramente no ha garantizado ninguna gran empresa nacional y trasnacional, dónde los contagios se siguen contando por decenas y centenas.
La nueva normalidad tiene un sabor a la vieja precariedad laboral, pero con una profundización en las condiciones laborales y salariales de millones de trabajadores.
En medio de la pandemia, los despidos masivos y las rebajas salariales han obligado a que miles de familias tengan que buscar nuevos trabajos, a que jóvenes deserten de la escuela y a que los adultos mayores encuentren una fuente de trabajo para aportar a la economía familiar.
Este comunicado del Inapam se da en el marco de un duro ataque a las pensiones de todos los trabajadores al servicio del Estado, mediante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala que las pensiones sean calculadas en UMA y no en salario mínimo, lo que profundiza la reforma al ISSSTE del 2007 y desmantela un derecho elemental de quienes dieron su vida en todas las dependencias de gobierno e instituciones autónomas como las universidades.
Es inaceptable que las instituciones del Estado intenten normalizar una situación de profunda precariedad laboral como la que viven miles de adultos mayores que trabajan como empacadores o “cerillitos” sin un reconocimiento de la relación laboral y a expensas de las propinas de los clientes, sin seguridad social y claramente sin derecho a una jubilación.
