POLÍTICA ESTADO ESPAÑOL. Ajuste fiscal, menos gasto social y más armas: la hoja de ruta que el Gobierno PSOE-Sumar ha presentado en Bruselas

El Gobierno “progresista” de PSOE y Sumar acaba de remitir a Bruselas las previsiones económicas y de política fiscal que plantean recortes profundos en el gasto público de aquí a 2025, para lograr que el déficit no supere al menos el 2,5%. Además, según el Banco de España y la Autoridad Fiscal, la senda de los duros recortes deberá prorrogarse en el período 2025-2031 para cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea de deuda y déficit públicos.

El contexto económico en el que tiene que producirse el ajuste será algo más propicio según las previsiones de crecimiento económico que hace el Gobierno de PSOE y Sumar para este año del 2%. Sin embargo, las incertidumbres sobre los niveles de crecimiento futuro, dada la situación de enorme inestabilidad geopolítica, son importantes. Y en cualquier caso, los datos del propio Gobierno apuntan hacia una senda de menor crecimiento en los años sucesivos.

En 2025 se espera que el PIB crezca ligeramente por debajo del 2%. Por otra parte, las propias cifras gubernamentales no son precisamente para tirar cohetes, a pesar de que el Ejecutivo no pare de presumir de ellas. El Gobierno, en realidad, saca pecho de los datos al compararlos con un contexto europeo de gran debilidad, como es el caso de las economías alemana y francesa, pero no son precisamente cifras que nos hablen de una gran expansión de la actividad económica.

Hasta no hace mucho la economía española ni siquiera creaba empleo cuando crecía por debajo del 2%, si bien hoy la situación es diferente. La creación de empleo se ha sostenido, pero debido sin duda a los bajos salarios, los elevados beneficios empresariales espoleados por la inflación y los fondos europeos, el incremento de la demanda al aumentar el empleo, así como los bajos costes energéticos en comparación con la mayoría de las economías europeas, más golpeadas por la guerra de Ucrania.

Respecto al equilibrio de las cuentas públicas, que vuelven a situarse en el centro del tablero europeo, una vez recompuesta la disciplina fiscal marcada por Bruselas, a pesar del relativo optimismo económico, supondrá una labor de titanes para la economía española volver a la senda del equilibrio. Lo que Implica, desde luego, grandes sacrificios y fuertes dolores para la mayoría social, en tanto en cuanto, qué duda cabe, los ajustes tendrán que ser vía recortes de gasto público en la grandes partidas de gasto como son las pensiones, la sanidad o la educación.

El crecimiento previsto no bastará para cubrir los desequilibrios dadas las duras exigencias de ajuste de Bruselas. Disciplina fiscal y presupuestaria, que fue impulsada también por el Gobierno “progresista” de Sánchez y Díaz, dado que se terminaron consensuando las condiciones del ajuste durante la presidencia española de la UE, sin que nadie del Gobierno, incluida la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, se posicionara en contra.

Otra consideración a tener en cuenta, es que aunque se logre reducir el déficit público en 2025 por debajo del 3%, como marca la disciplina presupuestaria de Bruselas , el próximo otoño el Ejecutivo de Sánchez y Díaz tendrá que remitir a la UE un nuevo plan fiscal a acometer en un plazo de siete años que ponga la deuda, que está mucho más desbocada y es mucho más difícil de someter, en una senda descendente durante un plazo prolongado de tiempo.

Para ello, según cálculos de la Autoridad Fiscal será necesario llevar a cabo un demoledor ajuste fiscal del entorno del 0,3% del PIB anual entre 2025 y 2031. Por su parte, el Banco de España, augura un ajuste aún mayor, del 0,5% anual sobre el PIB. Esto supone unos recortes de entre 4.000 y 7.000 millones de euros anuales tomando el PIB actual, a implementar en el período 2025 y 2031. El total de la deuda pública este año se estima que se quedará en un 105,5%, partiendo del 107,7% de 2023. Mientras que en 2025 el Gobierno la ha cifrado en un objetivo del 104,1%, cuando tenemos que terminar por debajo del 60% del PIB para cumplir las exigencias de la disciplina de la UE.

Austeridad militarista: un enorme ajuste fiscal y recortes del gasto social

El enorme ajuste fiscal que tiene que aplicarse ahora para la economía española parte de una fiscalidad cada vez más asimétrica en la que las grandes fortunas y empresas apenas pagan impuestos. Y de una dificultad añadida como es la política de incrementos descomunales para gastos militares, o los destinados a los ingentes fondos millonarios que se inyectan a las empresas del Ibex 35 para su adaptación a la "transición tecnológicas y medioambiental", restructuraciones empresariales financiadas con fondos públicos y que redundará en ataques más profundos a los gastos sociales.

Mientras tanto, otros gastos, y no precisamente con utilidad social, no sólo no van a ser recortados, sino incentivados. Los gastos militares se van multiplicar exponencialmente en los próximos presupuestos, en el contexto imperialista con tendencias guerreristas en que nos encontramos y que cubre todo el espectro político europeo, y sostenido por el compromiso de alcanzar el mínimo nivel del 2% del PIB de gasto de todos los países de la UE, algo con lo que están de acuerdo todos, los llamados países frugales y los que defienden un mayor gasto público.

Otros gastos que cuentan con el beneplácito europeo y que se verán fuertemente impulsados, serán los derivados de las inversiones empresariales costeadas por ayudas públicas para las llamadas transición tecnológica y verde. Según los cálculos de los expertos van a tener que ser multimillonarios para que Europa no se quede atrás en la carrera del desarrollo tecnológico y ambiental. En el caso del Estado español, todo con tal de que los enormes beneficios de la banca, las energéticas y en general las grandes empresas del Ibex 35 no se vean perjudicados.

En números contantes y sonantes el Ejecutivo “progresista” de Sánchez y Díaz pretende, y así se lo ha comunicado a Bruselas como alumno aventajado de la disciplina fiscal que es, bajar el déficit público del 3,66% del PIB al 3% en 2024, y al 2,5% en 2025. Esto implica un descenso en dos años del 1,16% del PIB, lo que viene a ser sólo en estos dos años un recorte de más de 16.000 millones de euros. A lo que habría que añadir lo ya recortado entre 2022 y 2023 que supuso bajar el déficit del 4,73% al 3,66%, es decir otro 1,07% más.

Mientras solo tenemos que pensar en qué estado se encuentran los servicios sanitarios públicos, cada vez más agredidos y depauperados por la diferentes administraciones sean del color que sean. O la educación pública cada vez más degradada, o los transportes con el metro o los cercanías a la cabeza en incidencias, retrasos y mal servicio. Por no hablar de la vivienda y la inexistencia de un parque público mínimo de viviendas que garantice el derecho social a la vivienda.

A pesar del optimismo gubernamental, sus propios cálculos estiman un desempleo elevado para todo el período, solo descenderá por debajo del 11% en 2025, y se mantendrá prácticamente en el doble de la media europea. La inflación se espera que se modere, aunque permanecerá bastante tiempo por encima del 2%. Con todo, el gasto público sobre el PIB se calcula que descenderá del 46,4% de 2023 al 45,6% en 2024 y el 45,4% en 2025, gracias a la reducción de muchas partidas de gasto que o no crecerán, o lo harán por debajo de la inflación.

El Gobierno de Sánchez y Díaz se apoya e insiste, sin embargo, que según sus cálculos, para lograr esas reducciones, bastará con el incremento de los ingresos generados por la actividad económica y el crecimiento del empleo, lo que redundará en un incremento del consumo. Más que en los recortes a las partidas sociales se apoyará en las buenas perspectivas económicas. Pero con eso no da, algo que ya se vio en los presupuestos de 2023: donde las partidas sociales sufrieron mermas que no afectaron, sin embargo, a otras partidas como los gastos militares que tuvieron una subida histórica del 26%., o la dotación para la Casa Real que también creció.

Lo que queda claro frente a lo que estima el Gobierno con enorme cinismo, es que la mayoría social no ha visto mejoradas sus retribuciones, ni en consecuencia su nivel de vida, puesto que se han quedado muy por debajo de los niveles de inflación soportados. Solo el crecimiento del precio de los alimentos entre 2022 y 2023 llegaron a superar los dos dígitos, y ahora continúan subiendo aunque más moderadamente, golpeando así intensamente las economías más humildes.

De hecho, según datos del INE publicados recientemente, una vez restada la inflación, la renta del conjunto de los hogares españoles en 2023 se situó un 0,1% por debajo de la renta de 2019, justo antes de la pandemia. Sin embargo, si el dato lo trasladamos a nivel per cápita, nos encontramos con que los ingresos por persona han sido un 2,7% inferiores que antes de la covid. Esto es porque el incremento de la renta ha sido extensivo, ahora somos en torno a un millón más de habitantes que en 2019. El mordisco de la inflación sigue haciendo mella en los bolsillos de la mayoría social, partiendo de que esas medias distorsionan mucho la realidad que es mucho más dura en los niveles más humildes de la población.

En este contexto las multinacionales españolas están pagando el tipo más bajo del Impuesto de Sociedades en un lustro. Los 123 grandes grupos del país tributaron al 14,4% en 2021, un ejercicio en el que ganaron más de 98.000 millones de euros, un 95% más que en el ejercicio anterior. Todo ello, según el último informe País por País que publicó a finales de abril la Agencia Tributaria.

El Gobierno "progresista" está dispuesto una vez más a dirigir un nuevo ajuste neoliberal, con la colaboración sindical de las direcciones burocráticas de CCOO y UGT, lo que supone asumir y ejecutar la agenda de la derecha y abrirle el paso a una extrema derecha en auge que se nutre del descontento. Es urgente oponer a estas políticas un programa anticapitalista, antiimperialista y socialista, contra el militarismo y la guerra, con independencia política del Gobierno, sus socios y el resto de partidos patronales. Desde la lucha en las calles y sobre la base de asambleas populares democráticas en los barrios, en los centros de trabajo y de estudio.

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