Apuntes sobre la reforma del Código Procesal Penal (II)

Este sábado 29 de noviembre publicábamos en La Izquierda Diario la primera parte de estos apuntes sobre la reforma del Código Procesal Penal de la Nación que fue aprobado por el Senado y ahora se encuentra en debate y próximo a ir al recinto de la Cámara de Diputados.

Uno de los puntos más controvertidos con que se eligió presentar la reforma procesal se refiere a la posibilidad de expulsar del país a los “extranjeros que cometen delitos” e impedirles que vuelvan hasta por 15 años.

De más está aclarar que cuando se refieren a los extranjeros, ni Cristina Fernández de Kirchner ni el Secretario de Seguridad Sergio Berni, hablan de los gerentes de las multinacionales como Donnelley o Lear Corporation, que dejan familias en la calle y que incumplen leyes y fallos judiciales. Se refieren a los inmigrantes provenientes de los países limítrofes que pertenecen a los sectores populares.

Al asociar extranjero con delito ya se lo está estigmatizando. La sola mención de la palabra “extranjeros” en una ley de características penales es agraviante para los inmigrantes. Por eso rechazamos de plano lo establecido en el artículo 35 del proyecto y por ende a cualquier norma que contenga una definición de ese tipo.

El discurso xenófobo se llevó a la práctica al mando de Berni y sus socios macristas en el desalojo del Barrio Papa Francisco de Villa Lugano, donde el accionar brutal de las topadoras fue acompañado de un fuerte discurso contra “la banda de los paraguayos”, contra “los que vienen a la Argentina a delinquir”. Después del desalojo, las imágenes del lugar mostraron familias en la calle, niños sin poder ir a la escuela, nada más…

Ninguna estadística tienen para mostrar que avale sus dichos, sólo la búsqueda del beneplácito de los sectores más reaccionarios de la sociedad y la intención de descargar en los sectores más explotados la responsabilidad de sus políticas.

En el momento en que estallaban los escándalos de las policías de Santa Fe y Córdoba saliendo a la luz que sus máximos jefes son los organizadores del narcotráfico en gran escala, Berni les hizo el enorme favor de sacar el foco de la responsabilidad que tienen las fuerzas de seguridad y comenzó la campaña contra “los colombianos” y los extranjeros.

Código Berni

El artículo 35 del nuevo Código, con una deficiente y confusa redacción, establece las condiciones en que se podrá otorgar la suspensión del proceso a prueba, lo que se conoce como probation que rige para los delitos menores permitiendo que se suspenda el juicio a cambio de cumplir con determinadas reglas.

Para el caso de los extranjeros, el proyecto establece que si se quieren acoger a esta suspensión de juicio a prueba deben irse de país.

En la parte respectiva, se establece: “En caso de tratarse de una persona extranjera, también podrá aplicarse (la probation) cuando haya sido sorprendida en flagrancia de un delito…, que prevea pena privativa de la libertad cuyo mínimo no fuere superior a TRES (3) años de prisión. La aplicación del trámite previsto en este artículo implicará la expulsión del territorio nacional, siempre que no vulnere el derecho de reunificación familiar”.

Esta “probation para extranjeros” es violatoria de los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por establecer una discriminación negativa basada en el origen nacional del imputado, así como los artículos 16 de la Constitución Nacional, 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Es tan notorio que fue introducida en el proyecto con una finalidad política que ni siquiera se aclara qué pasará con el juicio a prueba que ya está regulado en el Código Penal. ¿Cuál aplicará un juez federal?

Más poder para la policía

La reforma conlleva también otro grave peligro que no podemos dejar de señalar, como que la existencia de flagrante delito siempre es determinada por la policía.
Son las fuerzas de seguridad las que dicen que aprehendieron a una persona cometiendo un delito in fraganti. No es difícil imaginar el gran poder que se les está dando para extorsionar a los inmigrantes, para cobrarles coimas para dejarlos trabajar, para redoblar la persecución sobre ellos.

Por eso denunciamos que en este aspecto el proyecto aumenta notoriamente el poder de las fuerzas represivas en las tareas de control social.

En un documento firmado por diversas organizaciones se expone una situación muy preocupante: “De este modo, eventuales infracciones tales como venta callejera o de artículos que son imitaciones no autorizadas de marcas (que en realidad son labores de subsistencia), son los delitos "in fraganti" que van a generar situaciones en las que las personas migrantes -por no comprender suficientemente nuestro idioma, no tener cabal conocimiento de sus derechos o por falta de medios para proporcionarse un defensor- pueden ser obligados a regresar a su país ante la amenaza de ir a prisión, lo que además les impedirá ingresar a la Argentina por un plazo de cinco a quince años. Esto, además, implicaría asignar formas de control migratorio a instituciones que no les corresponde en un marco donde siguen existiendo prácticas discriminatorias de detención de migrantes”… “Es importante notar que según estadísticas oficiales, los extranjeros detenidos por delitos son exactamente las mismas que una década atrás, lo que prueba que no hay problema alguno que justifique este cambio”… ”Por ello, urgimos a los señores y señoras legisladoras a considerar nuestra posición a efectos de la eliminación del artículo 35 del CPPN” [1].

Los cortes de ruta también

La misma situación que venimos describiendo se aplica para cualquier manifestación en una ruta nacional o en la Autopista Panamericana, por poner un ejemplo actual.
Las fuerzas de seguridad habitualmente intervienen desatando la represión argumentando que están ante un delito flagrante, ante una violación del art.194 del Código Penal.

¿Qué pasará con los manifestantes inmigrantes que haya en esa protesta social? ¿Serán expulsados?

Preguntas como estas nos hacíamos hace unos días en una asamblea que realizamos con inmigrantes, con trabajadores de la Textil Elemento, con trabajadores de Lear Corporation, con estudiantes de países vecinos. ¿Qué pasará con ellos ahora?

Desde el año 2010, se dio un fuerte vuelco en la política de criminalización de la protesta social, incrementándose notoriamente. La liberación de la zona por parte de la Policía Federal Argentina para que sea asesinado Mariano Ferreyra es un dato tomado por muchos como un punto de inflexión. Casi inmediatamente se dieron los hechos del Parque Indoamericano, donde en una feroz represión contra los ocupantes, en su mayoría inmigrantes, las fuerzas de seguridad asesinaron a tres personas.

Cuando el gobierno que solía vestirse con las banderas de los derechos humanos ya no tuvo los índices económicos de los años anteriores, no dudó en ir generando un nuevo consenso social mucho más a la derecha para aplicar sus políticas de ajuste y poner como enemigos públicos a los que luchan, a la izquierda y sus diputados solidarios con esas luchas, y a los inmigrantes de los sectores populares.

Por eso la pelea la debemos dar juntos. Tenemos que impulsar una importante campaña de repudio a esta política xenófoba y rechazar la aprobación de cualquier Código de estas características estigmatizantes que van en contra de toda la historia del movimiento obrero cuyas conquistas fueron conseguidas codo a codo con miles de inmigrantes que llegaron a este país.