Es necesario hacer balance del ciclo que acaba y proponer una hipótesis revolucionaria y socialista para enfrentar la ola reaccionaria sin recaer en el círculo vicioso de movilización-desvío-restauración.
Las elecciones del 28M marcan el final del gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Y, en cierto sentido, también un cierre de ciclo de la experiencia neorreformista de Podemos, que emergió como nuevo fenómeno político a la izquierda del PSOE, después de la crisis capitalista de 2008 y de la emergencia del 15M ¿Lograrán recomponerse y formar parte de un nuevo gobierno de coalición con el PSOE o será la derecha junto a la extrema derecha las que lleguen al próximo gobierno? No se puede asegurar, pero si es clave hacer un balance del legado que dejan hasta ahora.
Un legado que no tiene nada que ver con ninguna veleidad constituyente en clave “progresista” como la que prometía Podemos, ni siquiera con una mejora en clave reformista de las condiciones de vida de las grandes mayorías.
Marchan dejando un régimen mucho más estabilizado que el que encontraron en 2019, con la cuestión catalana liquidada, la monarquía fortalecida y una paz social garantiza por sus socios de la burocracia sindical y de los movimientos sociales. Marchan sin tocar lo fundamental del legado neoliberal y la década de ajustes, con transferencias históricas de dinero público al sector privado, una caída del poder adquisitivo oficial del 8% y una crisis habitacional que sitúa a la mitad de los inquilinos en riesgo de pobreza.
Todo un marco ideal para el avance de la derecha y la extrema derecha visto en las elecciones municipales y autonómicas del 28M. La subida del bloque PP-Vox, con un proyecto aún más ofensivo y reaccionario, ni cae del cielo, ni su implementación partiría de cero en caso de ganar el 23J.
La ola conservadora es una amenaza real sobre la clase trabajadora, la juventud y los derechos de las mujeres, las personas LGTBI e inmigrantes. Pero esta tiene más aristas de las que presenta el “progresismo”. No solo un posible gobierno de la derecha encabezado por Feijoó será un ataque contra los de abajo. Un nuevo gobierno “progresista” con Sánchez nacería también escorado mucho más a la derecha y dispuesto a seguir gestionando los negocios del IBEX35 en tiempos de crisis, rearme y nuevas peticiones de ajuste de la UE.
El balance de esta legislatura y de la hipótesis populista con la que nació Podemos en 2014, y que compró la mayor parte de la izquierda ibérica, es fundamental para pensar cómo efectivamente podemos enfrentar esta amenaza. No se trata solo de señalar los responsables del auge de la derecha, que también, sino de romper el círculo vicioso del mal menor que nos ha traído hasta aquí y proponer una hipótesis superadora a la del neorreformismo desde las y los trabajadores y con un programa realmente antirégimen, anticapitalista y socialista.
PP y Vox encarnan la versión más agresiva de un programa antiobrero y antiderechos
El proyecto de Feijoó es la versión más agresiva de lo que sería un gobierno al dictado de las demandas de la patronal CEOE. La posibilidad de que dependa de Vox, o incluso lo incorpore al ejecutivo, lo haría aún más abierta y ofensivamente reaccionario.
Su programa es el de llevar adelante nuevas desregularizaciones del mercado laboral en clave precarizadora, topar las subidas del salario mínimo o una mayor liberalización del mercado inmobiliario. También proponen la revisión retrógrada de derechos de las mujeres, las personas LGTBI y los inmigrantes, el fortalecimiento de los lazos Iglesia-Estado o el mantenimiento de los compromisos militares con la OTAN y las asesinas políticas de frontera.
Como baluarte del régimen, la derecha pretende blindar recortes de derechos como la Ley Mordaza, avanzar en la recentralización administrativa y amenaza con aplicar nuevas medidas de excepción contra las opciones políticas que cuestione la unidad territorial o la Corona.
Todo esto además en medio de un contexto europeo e internacional que demanda a los gobiernos capitalistas un cambio de rumbo hacia políticas más duras. La barra libre de millones para el IBEX35 que han supuesto los fondos europeos promete seguir, pero acompañada de una mayor austeridad fiscal que se traducirá en ajustes en el mismo sentido que los de hace una década. Reformas pospuestas como la de las pensiones, se volverán a plantear en el mismo sentido que lo ha hecho Macron en Francia.
Pero todo este proyecto de la derecha y la extrema derecha tiene puntos de apoyo de los que partir. Como decíamos, no partirían de cero.
El avance sobre derechos laborales y sindicales que pretenden partiría de la conservación de casi todo el legado de las reformas laborales del PP y el PSOE de los últimos 30 años, que la de Yolanda Díaz dejó intacto. Al mismo tiempo, el rol jugado por las direcciones burocráticas de CCOO y UGT, de desmovilización y aceptación sin pelear de la peor caída de poder adquisitivo en décadas y otros ataques, deja las fuerzas para resistir nuevos embates más debilitadas.
Otros ataques futuros ya cuentan con la firma de estos mismos burócratas. Si se avanza en un recorte de pensiones, lo habrá facilitado el acuerdo sellado entre el ministro de Seguridad Social, Jose Luis Escrivà, y las direcciones de CCOO y UGT, que ya incluye que el sistema será revisado y ajustado en los próximos años por los “hombres de negro” del AIREF.
Los dirigentes procesistas y de Podemos alertan sobre la involución democrática que se viene. Pero si la derecha avanza sobre las autonomías, en la persecución del independentismo o en el endurecimiento represivo, será gracias a que el gobierno “progresista” - de la mano de ERC - logró acabar de desmantelar el movimiento democrático catalán, dejó intacta la Ley Mordaza y aprobó la Ley Mordaza Digital. Ni siquiera los elementos más aberrantes del Estado profundo han sido cuestionados por el gobierno de coalición, responsable, entre otras cosas, de la infiltración policial a movimientos sociales y la izquierda independentista catalana.
Si hablamos de la agenda imperialista y militarista esto es aún más claro. PP y Vox podrían tener una agresiva política de rearme, aumentar un 26% los presupuestos militares, ampliar la presencia de la OTAN en las bases españolas, acordar con la dictadura marroquí la defensa de la frontera sur, asesinar a decenas de migrantes en la valla, enviar al Ejército a Ceuta… Pero nada de esto sería una novedad. Ya lo han hecho el gobierno de PSOE y Unidas Podemos.
La maniobra del adelanto electoral: frenar a la derecha con un “progresismo” en clave aún más conservadora
El adelanto electoral es una jugada del PSOE para preservarse de un peor resultado electoral en otoño e intentar conservar la mayoría suficiente para reeditar el gobierno de coalición. Esta aceleración de los tiempos tiene que ver con que los resultados de las municipales traducidos en escaños dejarían todavía la suma de PP y Vox en 152 diputados, y al bloque de investidura de 2019 en 179. Esta relativa ventaja, que no se sabe cuanto puede durar, se quiere hacer valer cuanto antes.
Además, la campaña del 23J arrancará en pleno proceso de investidura de los gobiernos municipales y autonómicos conquistados por la derecha. En esta ocasión, el PP deberá contar con los votos o la abstención de la extrema derecha en la mayoría de casos. Siguiendo el modelo de Castilla y León, Vox ya está poniendo el precio a este respaldo: quiere ser parte de los diferentes gobiernos. Gobiernos de la derecha y la extrema derecha constituyéndose por todo el Estado, este podría ser el telón de fondo de la campaña de las generales. Aunque el PP podría retrasar las investiduras autonómicas y hacer uso de la prerrogativa de la lista más votada en las municipales para posponer o esquivar los pactos con Vox.
Por otro lado, el efecto sorpresa de la decisión pilla a los socios del PSOE a contramano. Los resultados del 28M han sido calamitosos, tanto para los socios de Yolanda Díaz como, especialmente, para Podemos. Además, la crisis entre Sumar y Podemos los hace aparecer como responsables de los malos resultados electorales del bloque gubernamental por sus disputas internas y artificiales, pues no hay ninguna diferencia de fondo entre uno y otro proyecto. En los próximos días se verán obligados a acordar las listas o sufrir el efecto devastador de las circunscripciones provinciales en sus resultados. El 23J se presenta para el PSOE como la oportunidad para recomponer el eje izquierdo del bipartidismo que saltó por los aires con el 15M.
Por lo tanto, la decisión de Sánchez tiene mucho de maniobra y también bastante de asalto. Pretende capitalizar al máximo todo el voto en clave malmenorista para “frenar a la derecha”, para intentar revalidar su gobierno, pero con una impronta y hegemonía mayor que le permita aplicar la agenda que demandará la situación de crisis, ajustes y tensiones bélicas de los próximos años.
Los puntos de contacto entre el proyecto de la derecha y el legado del “progresismo” que señalábamos arriba, demuestran que una posible victoria del PSOE el 23J no suspende en absoluto el peligro de una ofensiva contra la clase trabajadora y las mayorías sociales. El PSOE aspira a revalidar el gobierno y usar el espíritu malmenorista para recrear un consenso que acepte sin rechistar que sea el “turno progresista” el que aplique esta agenda.
Un nuevo gobierno “progresista” no dudará en mantener el mercado del alquiler sin topes de precios, como plantea la Ley de Vivienda, los precios de los productos básicos sin ninguna medida de control o los salarios creciendo por debajo de la inflación. Tampoco en seguir embarcado en la escalada imperialista de la OTAN y la UE o en seguir acordando con la extrema derecha de Meloni una postura común de los países del sur de la UE contra la inmigración.
Pero no solo mantendrá su legado, sino que la mayor agresividad de las políticas social-liberales estarán sobre la mesa para aplicar los ajustes fiscales o la contrarreforma de pensiones que pide la UE. De la misma manera que no dudó Zapatero en comenzar la agenda de ajustes en 2010 que continuó después Rajoy.
El refuerzo de la monarquía, el respeto por la casta judicial reaccionaria o la persecución de cualquier disidencia, más aún si la contestación social crece, será también seña de identidad de un nuevo gobierno presidido por el partido de los GAL, aunque vuelva a tener a Yolanda Díaz de Vicepresidenta y a EH-Bildu de socio parlamentario.
La bancarrota del “progresismo” y la hipótesis populista
En estos días, en muchos medios del “progresismo”, algunas voces tratan de responsabilizar a la clase trabajadora y los sectores populares del avance de la derecha. Otras sitúan el problema en una mala comunicación de los logros del gobierno de coalición o los ayuntamientos del “cambio”, como si se tratara de una cuestión de falta de relato. También hay quienes, como Iglesias, sitúan en la falta de medios de comunicación propios la debilidad estructural para frenar la “guerra cultural” de la derecha.
Son diferentes versiones de una misma canción, cuya letra viene a decir que el “progresismo” era y es la única alternativa para detener el avance de PP y Vox, “¡A ver si os enteráis!”. Para lograrlo bastaría, de nuevo, con establecer un marco simbólico “progresista” y un relato que fuera capaz de reunir la adhesión de un amplio cuerpo electoral que supere en votos al de la suma de PP y Vox. El problema es que justamente esa estrategia de movilización electoral por el relato – la base fundacional de Podemos, con la ilusión del “cambio” o la lucha contra la casta – ya se ha ensayado. Sirvió para lograr la emergencia de Podemos y permitirle, después de varios intentos, llegar al gobierno con el PSOE en 2019. Pero cuatro años después, la dura materialidad contrasta con las aspiraciones y demandas reales que no se han satisfecho. Además, en su política de no realizarlas – ni se han abierto los “candados del 78” ni se ha tocado los intereses y el poder de “los de arriba” – han prestado un servicio enorme para que el régimen se fortaleciera, sanara sus heridas y se cerrara aquella “ventana de oportunidad” de la que hablaban hace ahora 8 años.
Si vamos al terreno de los relatos y el blanqueamiento de la extrema derecha, el “progresismo” ha jugado un papel destacado. Su política migratoria ha adelantado por derecha los discursos más racistas de Abascal. Su política exterior ha dejado pequeño el guerrerismo de Aznar y el PP. Su ubicación equidistante – en el caso de Unidas Podemos – o beligerante – en el caso del PSOE - ante el movimiento democrático catalán fue base de apoyo para la emergencia de Vox a hombros de las “España de los balcones” de 2017. Su “republicanismo” leal a Su Majestad ha permitido la operación restauradora de la abdicación en la figura de Felipe VI.
Pero no se trata solo de discursos o “guerra cultural”. La base de la abstención y del crecimiento de la derecha y la extrema derecha es material. La obra del gobierno de PSOE y Unidas Podemos deja a la clase trabajadora en una situación de crisis. El poder adquisitivo de los salarios ha bajado un 7,8% desde 2019, según los datos de la OCDE. Pero este dato se queda corto si tomamos en cuenta que los alquileres se han encarecido hasta un 50% en las grandes ciudades en este tiempo y las hipotecas una media de otro 50% en el último año. Una doble crisis, salarial y de vivienda, que ha llevado a que el Banco de España reconozca que la mitad de los inquilinos están en riesgo de pobreza.
Esto no ha sucedido solamente por los ciclos de la economía o las consecuencias de acontecimientos internacionales como la guerra de Ucrania. El “progresismo” ha jugado un rol activo en la moderación salarial, topando los sueldos de los empleados y empleadas públicas a subidas del 2% - también las pensiones en 2022 – o facilitando el acuerdo entre patronal y sindicatos también por debajo del IPC. Respecto a la vivienda se han negado a topar precios del alquiler, poner los pisos de la SAREB en alquiler social y mucho menos hacerse aunque fuera con el control de los pisos de fondos buitres y grandes tenedores.
No es pues un problema de “entendimiento” de la clase trabajadora, sino de que el relato del “progresismo” no casa en absoluto con la realidad material cotidiana de millones de trabajadores y trabajadoras. Se han repartido migajas hacia abajo y solo rascado un poquito hacia arriba. Esto se ha expresado masivamente en un aumento de la abstención en zonas obreras – mientras ha crecido en zonas de rentas más altas decantadas históricamente a la derecha – y, aún de forma incipiente pero preocupante, con el aumento del voto de derecha.
La decepción y los engaños del “progresismo”, de lo que hace una década se le llamaba “casta progresista”, permite que la demagogia de la derecha y la extrema derecha - reforzada de mensajes identitarios españolistas, racistas, machistas y lgtbifóbicos – pueda calar en sectores populares y de la juventud.
¿Un “retorno a lo social” sin romper con la lógica del mal menor?
Que Podemos y Sumar son parte de la nueva casta o que han jugado un rol restaurador en la crisis del régimen son definiciones que empiezan a hacer incluso desde sectores que fueron parte de su génesis o simpatizaron con sus primeros compases municipalistas. Como el periodista Emanuel Rodríguez, que habla del nacimiento de una “nueva clase política” articulada en las esferas mediática, de gestión de los movimientos sociales y la representación política profesional.
También dirigentes de Anticapitalistas como Brais Fernéndez reconocía ya antes del 28M que “el impulso de y la renovación de las organizaciones sociales” producida a raíz del 15M y el procés catalán habría sido “cortocircutada por la entrada en la gestión gubernamental de los partidos de izquierda, que han cooptado buena parte de aquel impulso mediante la generación de un nuevo «estado ampliado»”.
Una lectura que podemos compartir y que es la versión ibérica del círculo vicioso de movilización-desvío-restauración que ha caracterizado a buena parte de los procesos de lucha de clases post crisis 2008, como señala Matías Maiello en su libro “De la movilización a la revolución”. Pero, para ser consecuentes, los compañeros de Anticapitalistas deberían convertir este análisis en una profunda autocrítica. No solo porque su organización fue clave en la fundación de Podemos en 2014 - y no lo abandonaron hasta que se formalizó la entrada al gobierno central, antes hubo 3 elecciones en las que este era el objetivo manifiesto de Iglesias -, sino, sobre todo, porque ellos fueron parte de esta “entrada en la gestión gubernamental”, nada menos que en Cádiz durante 8 años. La experiencia de la alcaldía de Kichi no se diferencia en nada de la de otros ayuntamientos del “cambio” y su final lo hemos visto este 28M con el retorno del PP con mayoría absoluta y el batacazo sin paliativos de Adelante Andalucía en el resto de municipios donde se presentaba, precisamente, con un programa de “gestión gubernamental” en clave neorreformista.
El debate sobre el fin de ciclo del neorreformismo – y el fin de ciclo del procesismo en Catalunya – atraviesa por lo tanto toda la izquierda anticapitalista del Estado. Sin embargo, si bien en el análisis del los “errores” o el rol nefasto – según quien hable – de Podemos y las confluencias hay lecturas interesantes, en el terreno de qué propuesta política superadora construir lo que prima es un cierto “dejavú” de la “ilusión de lo social” que terminó delegando en un nuevo reformismo la búsqueda de una salida política a la crisis de régimen.
Desde posiciones provenientes del autonomismo, como las del mismo Rodríguez, se hace un balance de esta integración que apunta a que el problema fue que no se “supo o no pudo construir sus propias organizaciones, movimientos, instituciones, esto es, que no supo dotarse de duración”. La idea del desarrollo de instituciones propias para movimientos como el 15M es sugerente, pero se deja sin responder dos grandes límites de aquel proceso fundacional del ciclo que se cierra. Por un lado, la no incorporación de la clase trabajadora con sus propios métodos de lucha y tomando de forma hegemónica el conjunto de demandas que emergieron en las plazas. Esto fue entonces rechazado tanto por la burocracia sindical como por la izquierda ciudadanista, incluida la autonomista. Rodríguez reconoce que el “éxito inicial de Podemos solo puede explicarse por la creciente angustia de tres años y medio de movilización continua pero menguante”. Pero no relaciona esto con el hecho de que precisamente la capacidad de fuego de aquel movimiento quedaba totalmente limitada por esta ausencia. En segundo lugar, la “falta de horizonte político”, como reconoce Rodríguez, permitió a Podemos a partir de 2014 jugar el papel institucionalizador del 15M. Pero cómo rellenar esta especie de vacío queda sin respuesta. Ante la no construcción de una alternativa política en clave rupturista, de no gestión del Estado y con un programa consecuentemente anticapitalista, socialista, fueron otras opciones de contención, desvío y reforma del estatu quo las que capitalizaron el proceso.
También Anticapitalistas se mantiene en esta órbita de este “retorno a lo social”, manteniendo un posicionamiento que podríamos sintetizar en que, mientras construimos la alternativa ecosocialista, solo podemos seguir votando contra la derecha o abstenernos de posicionarnos ante la trampa del mal menor. Fernández considera que la izquierda anticapitalista tiene por delante después del 28M buscar el “encuentro con todos los movimientos emancipadores y poniendo en el centro una estrategia de acumulación de fuerzas para derribar este régimen político, pero que también sea capaz de armar una defensa social y política ante los ataques que vienen.” Sin embargo, sobre la primera batalla política planteada en las próximas semanas para desenmascarar la falsa salida del “progresismo” ante la ola reaccionaria, considera que “no tiene mucho sentido enzarzarse en debates sobre el voto allí donde no haya opciones de izquierdas que estén fuera del bloque de gobierno progresista”. Un poco más lejos va su compañero Jaime Pastor, que plantea que aunque la izquierda anticapitalista vaya a “estar prácticamente ausente como alternativa política en la próxima confrontación electoral”, “no por ello debería desentenderse de la necesidad de contribuir a impedir la victoria del bloque de derechas”. Es decir, no queda otra que votar al bloque “progresista”.
Una hipótesis revolucionaria y socialista para enfrentar la ola reaccionaria
Entre los sectores críticos con el neorreformismo persiste, por lo tanto, una división entre las tareas sociales y políticas para la superación de la hipótesis Podemos. Una suerte de etapismo, en el que la acumulación en el terreno de la lucha social, económica y contra los ataques que están por venir, junto al desarrollo de organismos e instituciones de "los de abajo", sería la previa imprescindible para poder empezar a levantar una posición independiente del bloque “progresista” del régimen. Sin embargo, como en todo etapismo, esta segunda etapa nunca llega... De ahí que ninguna de estas posiciones se plante en una negativa clara a seguir siendo una colectora de votos desde la extrema izquierda para la siguiente investidura de Pedro Sánchez.
De lo que se trata es precisamente de plantarse y romper este círculo vicioso de subordinación o espera pasiva. Ante la ausencia de una candidatura o frente de independencia de clase, la fórmula que podría expresar esto el 23J es la de voto nulo o abstención, y no un voto crítico o a “nariz tapada” al neorreformismo.
Pero las tareas de la extrema izquierda en esta etapa van más allá de este posicionamiento electoral. De lo que se trata es de como nos preparamos para intervenir en un escenario mucho más escorado a la derecha y en los siguientes episodios de la lucha de clases, para que no sean nuevamente desviados y reintegrados en el régimen, lo que llevaría a nuevas y peores restauraciones.
El “retorno de lo social” es una necesidad urgente, si lo entendemos como la ruptura de la paz social impuesta por las burocracias sindicales y de los movimientos. Esto implica apostar al desarrollo de la unidad de acción y la pelea por el frente único obrero para combatir los ataques que están por venir, los apliquen los “progresistas” o la derecha. Al mismo tiempo, plantear una política de desarrollo de instancias de autoorganización, como base para poder sacudirse el corsé impuesto por esas burocracias, unificar y coordinar los sectortes en lucha y poder tejer las alianzas entre el movimiento obrero y el resto de movimientos y sectores populares.
Una lucha que debe estar ligada a pelear por un verdadero programa transicional, que vincule la lucha por detener los ajustes o derogar las reformes laborales y de pensiones que perviven, con demandas como el reparto de horas sin reducción salarial, la nacionalización bajo control obrero de las eléctricas y las grandes empresas de la distribución o la expropiación sin indemnización de los pisos de los grandes tenedores.
A la vez, para que el retorno no sea a la “ilusión de lo social”, hay que darle a esta lucha una perspectiva superadora de esta democracia para ricos, que se oponga por lo tanto a su política imperialista y guerrerista, al Régimen del 78 y los diferentes proyectos de restaurarlo de su crisis, en clave progresista o en clave conservadora. Que asuma la lucha contra la Corona, por el derecho a decidir o por abrir procesos constituyentes, en la perspectiva de desarrollar la movilización obrera y popular capaz de imponer gobiernos de trabajadores y trabajadora y construir un socialismo desde abajo.
Construir una alternativa política revolucionaria y socialista solo es posible hacerlo al mismo tiempo desde lo social y lo político. Conformando una corriente militante que pelee por esta perspectiva en los centros de trabajo, de estudio y en los movimientos, que ponga en el centro el desarrollo de la lucha de clases y, como parte de esto mismo, mantenga una posición completamente independiente y de cero apoyo político a quienes aspiran a seguir llevando adelante una gestión “progresista” del Estado capitalista.
Que una política así sea capaz de avanzar en influencia y en la construcción de una herramienta política, un partido revolucionario, capaz de jugar un rol decisivo en los siguientes embites de la lucha de clases, es condición de posibilidad para que no se reedite de nuevo el círculo de movilización-desvío-restauración y que las futuras movilizaciones puedan desarrollarse en un sentido revolucionario y, sobre todo, ganar.
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