Una sentencia de la Corte Suprema Australiana abre la puerta a la deportación de cientos de inmigrantes y refugiados a una isla del Pacífico, incluidos bebes, niños y mujeres embarazadas. Unicef, Amnistía Internacional, y diversas organizaciones de DDHH denuncian que el fallo avala un centro de detención donde ha habido violaciones sexuales y muertes violentas.
Miércoles 10 de febrero de 2016
Fotografía:EFE/GYORGY VARGA
La decisión de la corte puede afectar a 267 solicitantes de asilo, entre ellos 39 niños y 33 bebés, que fueron trasladados a Australia por razones médicas desde los centros de detención que Australia tiene en Nauru y la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea. Entre ellos se encuentra un niño de cinco años que fue violado en Nauru y podría ser devuelto al lugar donde sigue su agresor.
Unicef afirma en un comunicado que el fallo judicial “no tiene en cuenta la responsabilidad moral de Australia o su obligación de proteger los derechos de los niños de acuerdo con la ley humanitaria internacional, y subraya su preocupación por “los niños que, habiendo nacido en Australia, pueden ser trasladados a Nauru por decisión del ministro de Inmigración”, Peter Dutton.
La mayoría de los refugiados trasladados a Australia desde los centros de detención incluye a más de 12 mujeres y por lo menos un niño que sufrieron agresiones sexuales o abusos en Nauru, y su estado de salud físico y mental es muy delicado.
La República de Nauru es una isla de la Micronesia, de solo 23 kilómetros cuadrados y una sola ciudad. Su medio ambiente quedó arrasado por la minería de fosfatos y Amnistía Internacional advierte que “todos los solicitantes de asilo sufren los efectos de unas condiciones de vida muy duras, ya que este centro “pone a personas vulnerables en peligro y funciona con una falta de transparencia inaceptable”.
Activistas de derechos humanos y Naciones Unidas han denunciado la detención de inmigrantes en terceros países, y las condiciones en estos centros, donde ha habido muertes violentas y violaciones sexuales. Muchos de los inmigrantes han huido de conflictos como los de Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria, y otros que han escapado de la persecución y la discriminación por tratarse de minorías étnicas.
El exdirector del programa de protección infantil de Save the Children, Lee Gordon, dijo que ha sido testigo del “devastador daño psicológico y físico que se causa a los solicitantes de asilo y refugiados que viven en Nauru”, en una entrevista para la edición australiana del diario The Guardian.
El Gobierno australiano impulsó un paquete de enmiendas retroactivas para reforzar sus poderes para detener inmigrantes ilegales en terceros países a raíz del caso de una mujer de Bangladesh y su pequeño hijo, que pasó tres meses en Nauru antes de su traslado a Australia en enero de 2014.
La corte rechazo la semana pasada la demanda de esta mujer contra su traslado al centro de detención, lo que constituye un precedente para la deportación de inmigrantes. La mujer, que fue traslada a territorio australiano para recibir atención médica por complicaciones en el embarazo, cuestionaba en su demanda la potestad del Gobierno para enviarla de regreso a Nauru junto a su bebé de un año.
El primer ministro, Malcom Turnbull, dijo que su Gobierno tendrá en cuenta el fallo y remarcó que éste avala la actual política de procesamiento de las solicitudes de asilo en terceros países como “válido legal y constitucionalmente”.
Según las leyes australianas sobre migración, aquellos que intentan llegar al país en barco son interceptados y enviados a Nauru o a la isla de Manus. Tras el juicio a la mujer de Bangladesh, las autoridades de Nauru modificaron el régimen de los solicitantes de asilo, que dejaron de estar detenidos permanentemente y se les autorizó a salir del centro en el que están internados.
Fuente: lavanguardia.com/unmultimedia.org/EFE
