Ecologistas presentaron una acción de amparo colectivo en representación de la especie. Advierten que se encuentra “casi en extinción por el severo daño ambiental sobre su hábitat”. Solo quedan 250.
Martes 6 de agosto de 2019 16:03
Greenpeace Argentina, patrocinada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, presentó una acción de amparo colectivo y una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en representación de la especie yaguareté para que se le reconozca como “sujeto de derechos” y parte de la naturaleza. La organización advierte que la especie se encuentra “en estado agónico, casi en extinción (menos de 20 ejemplares en el Gran Chaco argentino) por el severo daño ambiental sobre su hábitat”.
En Argentina solo quedan 250 ejemplares del felino más grande de América
El yaguareté (Panthera onca) es el felino más grande de América y el predador más importante (puede recorrer diariamente hasta 11 Km), por lo que se alimenta de casi cualquier especie, como tapires, pecaríes, corzuelas, carpinchos, yacarés, armadillos, serpientes, tortugas, aves y monos.
En el Gran Chaco argentino dependen de territorios muy grandes (400-2.900 km2), y su disminución puso a la especie al borde de la extinción en la región. Considerando que toda la región chaqueña era un hábitat adecuado hasta el siglo 18, los jaguares perdieron el 77 % de las áreas núcleo para 1985 y el 85 % para 2013. Está clasificado como “Casi Amenazado” en la Lista Roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN). La población estimada para toda la Argentina es de 250 individuos (aproximadamente 160 individuos en la Selva de Yungas, alrededor de 80 en la Selva Paranaense, y menos de 20 en la región chaqueña).
Según el informe de Greenpeace de julio recién pasado, titulado El sacrificio de los boques del Gran Chaco, “los científicos estiman que los jaguares ocupan menos del 50 % de su distribución original, y en Argentina este proceso de retracción fue el más extremo, en donde en los últimos dos siglos quedó recluido a un 5 % de la superficie original”.
La expansión de la ganadería y de los cultivos agroindustriales, como la soja u otros, ha provocado la deforestación a gran escala de los bosques y selvas sudamericanos. En el informe, Greenpeace da a conocer los actores de la deforestación en “Chaco, Salta, Santiago del Estero y Formosa: las empresas productoras de ganadería vacuna para exportación y las grandes cadenas de supermercados y mayoristas de Europa e Israel que compran a estos frigoríficos”.
Si las corporaciones tienen derechos, ¿por qué el yaguareté no?
La acción judicial se expresa contra las provincias de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, y contra el Estado Nacional y la Administración de Parques Nacionales intimando a que la corte “ordene a los demandados la efectiva conservación y preservación del hábitat de la especie Yaguareté en la ecorregión del Gran Chaco Argentino que permita que dicha especie pueda seguir existiendo, gozar de sus ecosistemas, manteniendo sus planes de vida, salud, bienestar, alimentación, libertad, reproducción y seguridad de los últimos menos de 20 sujetos vulnerables, especialmente”.
Los demandantes reclaman que se cumpla con las normas legales vigente y además intiman a que “se establezca judicialmente la obligación de “Deforestación Cero” en los territorios que habita la especie Yaguareté en la ecorregión del Gran Chaco argentino. Se ordene la conservación integral de los corredores biológicos del Gran Chaco argentino prohibiéndose allí toda deforestación, fragmentación y degradación. Se prohíban en las provincias demandadas las recategorizaciones, que supongan una regresión ambiental, de zonificaciones establecidas por los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTNB). Se ordene al Gobierno Nacional la plena y total disposición de los fondos presupuestarios legales establecidos en el Capítulo 11 de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos en el Presupuesto Nacional (Ley 26.331). Se ordene a la Administración de Parques Nacionales (APN) disponga las medidas conducentes para la realización de un Plan de Manejo sobre el Yaguareté. Se ordene la retrocesión de las recategorizaciones de la zonificación establecida en los OTBN ya realizadas en las provincias de Chaco y Salta”.
Además, resaltan que las modificaciones de las leyes ambientales no pueden implicar un retroceso en los niveles de protección alcanzados con anterioridad, sino más bien incrementarlos.
Por los derechos de la naturaleza
Para Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, esta acción apunta a “entender que es más profundo que proteger a un animal. Bolivia y Ecuador avanzaron en sus constituciones con eso, por impulso de sus pueblos originarios. El Estado defiende a entes abstractos como corporaciones. ¿Cómo no lo hace con animales, bosques y glaciares?”.
En diálogo con La Izquierda Diario, Giardini expresó que, en este sentido, plantear una demanda en el marco de los derechos de la naturaleza implica abrir la discusión e instalar el tema a nivel social. Aun así, advierte que no alcanza con la vía jurídica, sino que se requiere de presión social para que la demanda avance y se haga realidad: “Se necesita de la parte legal, pero también cambiar el paradigma, que destruir bosques nativos sea un crimen desde lo ético. Hecha la presentación la pelota queda en la Corte, nosotros empujamos. Si la sociedad reclama fuerte, tiene ahí la corte un amparo”.
Los derechos de la naturaleza defienden los sistemas de vida y su atención se fija en los ecosistemas. Han sido países latinoamericanos los primeros en realizar este tipo de reconocimiento, como en las experiencias del Estado Plurinacional de Bolivia y, principalmente, de la República del Ecuador, cuya Constitución manifiesta en el artículo 71 que “la Naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se le respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.
En la misma línea, el amparo presentado busca “consagrar a la Naturaleza como sujeto de Derechos, postula nuevas formas de relación del ser humano con ella y sus componentes. Reclama, por ende, el pasaje de un paradigma antropocéntrico a otro de carácter socio-biocéntrico. En los lineamientos de este nuevo paradigma civilizatorio se destaca el abandono de la caracterización de la naturaleza sólo como canasta de recursos”.
Greenpeace en la mira de Patricia Bullrich
Greenpeace estuvo en el centro de la escena los últimos días dando visibilidad a problemáticas ambientales urgentes que amplían la reflexión social a través de la pelea por conseguir derechos para sujetos no humanos. La semana pasada, activistas contra la explotación animal se colaron a la arena de la Rural y desplegaron carteles durante una acción directa pacífica. Los peones disfrazados de gauchos reaccionaron con tremenda virulencia, los corrieron con caballos, patearon, insultaron y amenazaron con facas. Una semana después, Greenpeace logró que se desplegaran unos carteles durante el acto inaugural, con Macri ahí presente, que no parecía darse cuenta de lo que sucedía. La ministra de seguridad también reaccionó con injustificada violencia denunciando a la ONG por “intimidación pública”.
Estas acciones y la gran repercusión mediática que desataron están demostrando que la sociedad empieza a cuestionarse realidades que parecían eternas: la forma en que se produce el alimento (o no produce, considerando que según muchos informes la producción agropecuaria está más enfocada en la producción de mercancías exportables y no de alimento), la forma en que los animales son criados y tratados, el maltrato innecesario al que son sometidos y el gran impacto ambiental de la producción ganadera y de la agricultura industrial.
