15 Y 18D. CCOO y UGT llaman a movilizaciones, para no llamar a una huelga general

Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Pepe Álvarez, han anunciado que sus sindicatos convocaran movilizaciones en todo el país para el 15 de diciembre y una manifestación sindical y social el domingo 18 de diciembre en Madrid.

Las manifestaciones, que se venían barajando hace semanas, se confirmaron tras la reunión que las dos centrales sindicales mantuvieron a fines de noviembre con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y las organizaciones empresariales para retomar el proceso de “diálogo social”. Un diálogo que para el Gobierno se supedita a cumplir a rajatabla con la estabilidad presupuestaria que exige Bruselas y no tocar ni una coma de la reforma laboral.

En otras palabras, Rajoy se compromete a reactivar el dialogo con los sindicatos y la patronal, pero sobre la base de aceptar nuevas reducciones del déficit público recortando 16.000 millones de euros más a costa de las trabajadoras y trabajadores y mantener intocable una reforma laboral que significó uno de los ataques más duros a las conquistas de la clase trabajadora en décadas, mientras continúa el saqueo a la hucha de las pensiones -de la cual el gobierno ha sacado 9.500 millones dejándola al borde del colapso- y rasca el bolsillo del dinero público para rescatar las autopistas de peaje en quiebra.

Movilizarse para negociar, ¿qué cosa?

Ante este escenario, los dirigentes sindicales dicen que reactivar el diálogo social no implica renunciar a las protestas en la calle. De hecho, Toxo aseguró a la prensa que “la voluntad del Gobierno se engrasa con la movilización social”, un discurso repetido por su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, que afirmó que "estamos absolutamente convencidos de que con las movilizaciones engrasamos de manera muy oportuna la negociación", y que "este binomio va a durar toda la legislatura".

En la reunión mantenida con el gobierno a fines de noviembre, uno de los pocos puntos concretos que trataron fue la proposición de Unidos Podemos de elevar el Salario Mínimo Interprofesional a 800 euros para 2017, aprobada hace dos semanas por mayoría en el Congreso. Si la propuesta de UP se aprueba definitivamente, el Gobierno debería aplicarla.

La ministra de empleo, Fátima Báñez, presente en la reunión, manifestó que estarían dispuestos a un aumento gradual en los próximos cuatro u ocho años, siempre y cuando antes se estudien las propuestas de sindicatos y patronal y se llegue a un acuerdo sobre la cuestión. Una posición que es apoyada por Cs y el PSOE, que han manifestado que en la tramitación de la ley tratarán de que la subida se aplique con gradualidad. Pero no sólo por ellos.

Los dirigentes de CCOO y UGT también han visto como aceptable pactar que dicha subida se fraccione en un periodo de tiempo más extendido que el de la proposición aprobada en las Cortes, dejando al desnudo cuáles son sus verdaderos objetivos para “negociar” después de hacer alguna que otra manifestación dominguera que al Gobierno no le hace ni cosquillas.

La huelga general que necesitamos y que la burocracia sindical se niega a convocar

Desde Bruselas se siegue apretando con nuevos recortes y “reformas” reaccionarias, como el ataque a las pensiones y nuevas reformas laborales. Quieren que sigan ganando los de siempre: los grandes bancos, los empresarios y los políticos corruptos del Régimen del ‘78.

Engendrado bajo el dictado de la democracia del IBEX35 y el pacto con Ciudadanos y el PSOE, el gobierno de Rajoy encargado de aplicar estos nuevos planes de ajuste, aparece a ojos de millones como un ejecutivo deslegitimado socialmente.

Las direcciones CCOO y UGT son conscientes de la debilidad del gobierno, pero fieles a su rol histórico de garantes de la estabilidad del régimen y contención de la calle, se muestran prestos a retomar un diálogo social del que sólo pueden nacer nuevos ataques -como el que se cocina ya en materia de pensiones- o migajas a cambio de dejar pasar todos los recortes y pérdida de derechos de los últimos años.

Quizás muchas trabajadoras y trabajadores tengan ilusiones en las movilizaciones convocadas por CCOO y UGT, después de años de virtual desaparición de los sindicatos de la vida política –exceptuando las cenas y mesas de diálogo de las que han participado con la CEOE y el Gobierno-. Tal vez piensan que los dirigentes sindicales están dispuestos a volver a luchar para enfrentar los nuevos ajustes, los despidos, el ataque a las pensiones. Pero la realidad es que los dirigentes de los sindicatos mayoritarios, por más que digan ante la prensa que “las personas y sus derechos son lo primero”, hace décadas que atornillados a sus sillones mantienen a los sindicatos inconmovibles ante las penurias que atravesamos los trabajadores y los sectores populares.

Convocan manifestaciones para no convocar a una huelga general y ser nuevamente un freno para que las trabajadoras y trabajadores impongamos nuestra enorme fuerza social en las calles para derrotar los planes del Gobierno.

La pérdida de convenios, condiciones, de salario, y la nueva declaración de guerra anunciada por el Gobierno dispuesto a asumir todos los dictados de Bruselas exigen retomar seriamente la movilización social y la lucha en las calles. Un camino que comienza con la ruptura de todo diálogo y negociación con el gobierno y la convocatoria a una huelga general de 36 horas, con piquetes y manifestaciones en todo el Estado, para exigir en primer lugar la derogación de la reforma laboral, el fin de los despidos, la precariedad y todos los planes de ajuste.

Es necesario reorganizar las filas obreras en los lugares de trabajo e imponer a las direcciones de los sindicatos que abandonen la pasividad de los últimos años. La izquierda sindical y los sectores combativos de CCOO y UGT ya han comenzado a denunciar el peligro que entraña esta nueva tanda de diálogo social, como lo están haciendo CGT y otros sindicatos combativos.

Unidos Podemos se ha prestado a apoyar acríticamente las manifestaciones de CCOO y UGT. Si no quiere ser cómplice de la política de contención social que lleva delante la burocracia sindical, debería desmarcarse de ella y llamar a construir una huelga general que se imponga desde abajo. De lo contrario, seguirá demostrando que el supuesto “giro a izquierda” de algunos de sus principales referentes no es más que una impostura.

Como decía la declaración de No Hay Tiempo Que Perder -iniciativa de la que formamos parte quienes hacemos Izquierda Diario- en las pasadas Marchas de la Dignidad del 3 de diciembre, “hay que retomar un plan de lucha generalizado, hacia la huelga general, con asambleas democráticas que unan a todos los trabajadores y trabajadoras, sean fijos o contratados, nativos o inmigrantes.”

Solo así, luchando desde los centros de trabajo y desde las calles, junto a la juventud y los sectores populares, podremos plantar cara a la nueva ofensiva capitalista que prepara el PP con el apoyo de Cs y el PSOE, parar los nuevos ataques y comenzar a recuperar todo lo perdido. La manifestación de la Coordinadora Estatal de Pensionistas el próximo 20 de diciembre debe ser un paso en este camino.