Fue parte de lo declarado este viernes por Pedro Montoya, dueño del cabaret Sheik, quien es el principal acusado en el juicio que se lleva adelante en Ushuaia, Tierra del Fuego, por redes de trata.
Sábado 12 de noviembre de 2016 17:23
“Estoy siendo juzgado por un delito que yo considero aberrante. No considero haberme apartado de la ley. A ellas no las considero víctimas sino más bien socias mayoritarias. Yo soy el socio minoritario de las señoritas”. Estas fueron las palabras que sostuvo el día de ayer Pedro Montoya, principal acusado en el juicio que se realiza en Ushuaia por trata de personas.
El acusado, quien estuvo dos horas declarando, negó que en su emprendimiento se ejerciera la prostitución, aunque dejó en claro que para él “es necesario que exista”. Además dijo que la trata “es un delito de moda”.
En otra parte de su testimonio agregó: “Este es un comercio en el que nos aprovechamos los dos de las necesidades del hombre, porque el hombre necesita ir a un local a buscar compañía. El público va y ellas hacen de psicólogas. Hay gente que necesita ir al casino, otros a contar sus penas. A veces iban hombres después de estar cuarenta días embarcados”. Montoya definió a las mujeres como su ’plantel’ y como ’artistas’: “Es el arte de sacarle plata a los hombres que van allí”. ’Allí’ es su cabaret, el Sheik, inaugurado en 1996 y allanado en octubre de 2012, cuando fueron liberadas siete víctimas. Alika fue una de ellas.
“La chica está en calidad de alternadora porque están para entretener y ser dama de compañía de una persona. Es un servicio de acompañamiento o entretenimiento que está encuadrado en el Convenio Colectivo de Trabajo según una ordenanza del Consejo Deliberante”, señaló Montoya. Por eso, aseguró, él tenía todos sus papeles en regla. Aclaró que “no eran empleadas, sino personal sin relación de dependencia. No les pago sueldo pero me tienen que responder con un horario de trabajo que era de las 23 a 6 de la mañana, y que tenían un franco semanal”.
Además justificó el cobro por adelantado por parte de los hombres al salir del local acompañado por una mujer: “Tenían que pagar el valor de una copa por el tiempo que iban a ausentarse del lugar. Esa era la metodología”. En relación a esos momentos, dijo que “las relaciones afuera las considero un pacto entre dos personas, no es problema mío”.
Montoya relató que un año antes del allanamiento alguien le comentó que estaba siendo investigado por el delito de trata de personas, y que le preguntó al comisario qué opinaba, quien le respondió que no, “trata no”. Por eso dijo que estaba tranquilo porque tenía cuatro o cinco inspecciones por mes, que controlaban que la habilitación estuviera en orden, que hubiera un matafuegos y que las alternadoras tuvieran sus libretas sanitarias. “Yo siempre estuve sujeto a periódicas inspecciones”.
En este juicio también se acusa al Estado, ya que la Municipalidad de Ushuaia era la que habilitaba los cabarets como clubes nocturnos, la que concedía las libretas sanitarias en las que se exigía que las alternadoras se sometieran a análisis para descartar que tuvieran HIV y enfermedades venéreas. También era la que inspeccionaba estos lugares y las que abría los legajos de las “trabajadoras”, en la que constaban incluso que no tuvieran antecedentes penales por parte de la policía.
“Acá no había una organización de nada. Este negocio me cansaba, me producía malestares psicofísicos y hasta pérdidas a veces”, se lamentó Montoya. Sin embargo, el día que allanaron el cabaret, la Gendarmería secuestró 411.252 pesos, 4.395 dólares, 605 euros, 1.000 pesos chilenos y 5 dólares canadienses. En la casa de Montoya y su esposa, Ivana Claudia Sánchez (imputada por el mismo delito), se incautaron 262.537 pesos, 10 dólares de Nueva Zelanda y un arma de fuego.
