Lo solicitó el fiscal que entiende la causa. También pide 9 años para su esposa y 5 para la encargada del lugar. Pero el Municipio niega responsabilidades.
Martes 15 de noviembre de 2016 12:46
El fiscal que entiende en la causa iniciada por Alika Kinan, unas de las víctimas de delito de trata de personas con fines de explotación sexual, solicitó las penas de 12 años para el principal imputado, 9 años para su esposa y 5 para la encargada del lugar. La querella, por su parte, solicitó 8, 6 y 4 años porque sólo representa a Alika. Abogados y fiscales citaron numerosos tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos y compararon la explotación sexual con la esclavitud.
Los imputados son los dueños del cabaret Sheik Pedro Montoya (57) y su esposa Ivana García (38), y la encargada del cabaret Lucy Alberca Campos (32). La primera vez que Alika había entrado en el Sheik fue en 1996. Tenía 19 años. Fue rescatada en 2012 y se convirtió en la primera víctima que querella a sus proxentas y al Estado (la Municipalidad de Ushuaia) por facilitar esa explotación.
Para la querella y los fiscales, está probado que hubo captación de mujeres, traslado, recepción, acogimiento y la explotación sexual de las víctimas, que estaban en una situación de vulnerabilidad. La estrategia de sometimiento era a través de un sistema de deudas en relación a pasajes, vivienda, ropa, zapatos, perfumes, bijouterie y hasta preservativos. Y multas por llegar tarde, no limpiar las piezas o por quejas de los “clientes”.
Marcela Rodríguez, defensora de Alika y titular del Programa de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación, citó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949 de Naciones Unidas. Señaló: “Este es un delito grave que se tiene que castigar aunque haya habido consentimiento. No tiene valor alguno el consentimiento de las víctimas”.
El fiscal federal Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), reflejó el testimonio de una víctima, que se defendió con una botella ante cuatro “clientes” que quisieron violarla. Por esa situación, la tuvieron castigada un mes por no atender bien a estos varones. Otras de las situaciones dramáticas que se reflejó era que cuando las mujeres menstruaban eran forzadas a tener relaciones, y para eso debían ponerse una esponja en la vagina para no manchar con sangre a los clientes. “Este episodio como otros descarta cualquier tipo de consentimiento por parte de las víctimas. Para consentir hay que ser libres y estar bien informados. Hay delitos que no es posible consentir porque está afectada la dignidad humana. No podemos pensar que hay esclavos felices. En la explotación sexual, el que se lleva las ganancias no es el que pone el cuerpo”, dijo el fiscal.
Por su parte el área jurídica del Municipio rechazó el argumento de Alika Kinan, señalando que la acusación pretendió, durante todo el proceso, forzar que el Municipio responda por obligaciones exclusivas del Estado nacional y/o provincial en materia de persecución del delito, cumplimiento de las obligaciones impuestas por Tratados Internacionales que es órbita exclusiva de la Nación y, subsidiariamente, de las Provincias.
En cuanto al reproche que se hace al Municipio en cuanto a las responsabilidades y los servicios que debía prestar, se analizó el poder de policía de la jurisdicción local en función de la ordenanza relativa a la habilitación de locales nocturnos N° 1183/93 y la regulación de la libreta sanitaria N° 2919/05 que luego fue derogada por la ordenanza 4162/2012.
El alegato del Municipio también enfatizó que por decisión del intendente Walter Vuoto se creó la Secretaría de la Mujer como un ámbito jerarquizado tendiente a incorporar la perspectiva de género en la gestión y un trabajo en conjunto con la Fundación Sapa Kippa, con el objetivo de acompañar a víctimas de explotación sexual.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 29 de noviembre en el juicio oral y público por trata de personas en el que Alika Kinan llevó a sus captores al banquillo de los acusados.
