El ex ministro de Planificación durante el kirchnerismo fue procesado por el juez Claudio Bonadío en la causa por la masacre social de Once, que costó 51 muertes. Una decisión acertada pero tardía.
Augusto Dorado @AugustoDorado
Martes 10 de mayo de 2016
Era una de las cuentas pendientes que había dejado el juicio por la tragedia evitable ocurrida el 12 de Febrero de 2012 en la Estación Once de la línea ferroviaria Sarmiento: el jefe directo del área de Transporte (por aquellos tiempos bajo la forma de Secretaría) finalmente es incorporado a la causa en calidad de procesado.
Julio De Vido, el arquitecto del sistema de subsidios a las empresas concesionarias de las líneas ferroviarias durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, deberá comparecer ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, además de verse embargado por un total de 600 millones de pesos.
El motivo: sus responsabilidades como titular de la cartera de Planificación e Infraestructura durante la gestión de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Schiavi, administración que se coronó con la auténtica masacre social que significó el choque de la formación “Chapa 16” contra los paragolpes vencidos de la estación terminal.
El procesamiento a De Vido se establece por considerar al actual diputado nacional como aparente coautor del delito de descarrilamiento y presunto partícipe necesario del delito de defraudación contra la administración pública.
También fueron procesados el extitular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, Jorge Gustavo Simeonoff, y Silvia Emilse López, exdirectiva de la empresa concesionaria TBA (Trenes de Buenos Aires, propiedad de los hermanos Cirigliano).
En la sentencia se determina que “La conducta inactiva y pasiva que caracterizó el actuar de la Secretaría de Transporte y de las propias dependencias del Ministerio (de Planificación Federal) a su cargo suponen cierta vinculación de Julio Miguel De Vido con algunos de los individuos imputados para la concreción de las maniobras ilícitas”.
En otro párrafo, haciendo mención a la rescisión de las concesiones que detentaba el empresario Sergio Tasselli de las líneas Roca y Belgrano Sur, la sentencia explicita que “en el año 2007 (…) se realizó una evaluación comparativa con el resto de las líneas –entre las que se hallaban las que aquí se analizan- (…) se observa que en las comparaciones efectuadas entre las distintas empresas prestadoras del servicio ferroviario, se puede advertir que la situación existente en TBA S.A. era similar –y en algunos casos peor- que la existente en las empresas Transportes Metropolitanos General Roca S.A. y Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A y que motivó que se rescinda el contrato de concesión de las mismas, mientras que ninguna medida se tomó en relación a la prestación del servicio en las líneas Mitre y Sarmiento”.
Satisfacción de familiares y amigos de las víctimas
Era una obviedad a la vista del mundo entero la dependencia de la vieja Secretaría de Transporte (luego de la masacre se elevó a la condición de Ministerio) respecto a la poderosa cartera de Planificación e Infraestructura. También los organismos de control como la CNRT estaban bajo la orbita de la “nave madre” comandada por De Vido.
El procesamiento llega después de finalizado el juicio del que De Vido no fue citado ni siquiera en calidad de testigo. Pero esta flamante decisión, aunque tardía, es acertada.
Como lo graficó Paolo Menghini, papá de Lucas Menghini Rey y uno de los principales organizadores de la lucha contra la impunidad en el caso, “El camino recién empieza, pero es un paso que nosotros estábamos esperando que la Justicia diese hace muchos años”.
Por su parte, María Luján Rey (mamá de Lucas) señaló que vive “la satisfacción de saber que la justicia sigue avanzando. Sabíamos que durante el juicio se habían mostrado todas las pruebas necesarias”.
A la vez que celebraron el procesamiento, ambos familiares insistieron en cuestionar la condena establecida al maquinista Marcos Córdoba (sufre una pena de 3 años y medio de prisión efectiva).
Paolo Menghini manifestó que “La justicia determinó que la Córdoba desoyó las alarmas pero claramente Córdoba no es responsable sobre el estado de la formación del chapa 16”; y agregó que “en mails internos figuraba que esa unidad, la ’chapa 16’, estaba condenada al desguace, al desastre y debía ser sacada de las vías”.
