Este jueves se dio a conocer una “licencia” del gobierno de Estados Unidos para que Venezuela pueda realizar transacciones y actividades vinculadas al manejo de la pandemia del coronavirus. ¿De dónde rige esa potestad que un gobierno imperialista determine los movimientos económicos de un país? Lo planteado inmediatamente es la devolución de todos los bienes, activos y cuentas confiscados a Venezuela y terminar con las sanciones imperialistas, más aún en medio de la pandemia.
Viernes 18 de junio de 2021 15:15
Travestido con la hipocresía de la “cuestión humanitaria”, el Gobierno de Estados Unidos se da el talante de decidir cuando un país puede hacer uso o no de sus propios recursos, sobre todo en medio de grandes calamidades. Esta medida la decreta a casi un año y medio de una pandemia que azota al país y luego de tanto tiempo de muertes y contagiados que amenaza con extenderse, colocando al desnudo todo su cinismo “humanitario”.
No es un secreto para nadie que tal “autorización” está en el marco de las actuales negociaciones que están en curso y se llevan en secreto entre el gobierno y sectores de la oposición. No es la salud de los venezolanos lo que lo lleva a hacer tales movimientos de Estados Unidos, sino el de favorecer al sector de la oposición que está en las discusiones como un arma de fuerza jugando con el hambre del pueblo.
Como sabemos, las sanciones económicas de Estados Unidos y otras potencias imperialistas que incluyen las confiscaciones de bienes pertenecientes al Estado venezolano fueron impuestas como mecanismo de asfixiar una economía que ya venía en una situación catastrófica producto de las propias políticas económicas de Maduro, entre ellas, por ejemplo, pagar una fraudulenta deuda externa a los acreedores internacionales en lugar de atender las necesidades del pueblo, así como los paquetazos económicos y todas sus medidas antiobreras.
Su objetivo: imponer a Juan Guaidó como un gobierno títere, quien se había autoproclamado “presidente interino” de la mano de Donald Trump en toda una movida golpista. No solo todo el personal y vario pinto arco de la oposición apoyó tales medidas imperialistas y las sigue apoyando, sino que incluso un sector importante de la misma hasta pidió la intervención militar. Fracasada la tentativa golpista que se llevó a cabo durante varios meses que hasta incluyó una asonada militar haciendo aparecer a Leopoldo López y a Juan Guaidó a la cabeza como la del 30 de abril del 2019, sin dejar de mencionar la aplaudida incursión de mercenarios con estadounidenses incluidos con el fin supuestamente de “capturar” a Maduro.
La cuestión es que hasta sectores y medios de comunicación en el país que se plantan de “democráticos” y claman por “democracia” naturalizan las confiscaciones como si fuese hasta un hecho normal, y más aún aplauden las “bondades” de Estados Unidos en permitir ciertas liberaciones, pero no se les pasa por la cabeza mínimamente la exigencia de la devolución inmediata de todas las confiscaciones y el levantamiento de las sanciones, que en cualquier otra situación son hechos considerados como actos de guerra.
¿Desde cuándo una potencia extranjera tiene derecho a confiscar bienes de un Estado para imponerle sus designios? Es claro que el gobierno represivo y autoritario de Maduro viola los derechos humanos, encarcela por protestar y cercena las más elementales libertades democráticas. Pero considerar que de la mano del imperialismo y sus medidas políticas y económicas vendrán la solución a nuestros problemas es más que una quimera, peor aún, sus medidas no han hecho que aumentar los padecimientos.
Pero he aquí que la oposición aglutinada alrededor de Juan Guaidó luego de aplaudir su imposición chantajea con tales sanciones, y se arroga poder de levantarlas, cuando esto último no es cierto, pues la decisión está en manos del gobierno de la Casa Blanca, pero que igual no deja de mostrar un verdadero descaro. Que lo haga un personero de la calaña de Guaidó y los que lo siguen, aferrado como marioneta a Estados Unidos, digamos que “vaya y se entiende”. Pero que sectores que se jactan de “democráticos” incluyendo medios de comunicación, vean con normalidad y naturalidad las sanciones económicas impuestas y aplauden cuando desde el Gobierno de Biden dice dar licencia para permitir operaciones económicas o liberar ciertas cantidades de dinero, no es más que una muestra de las mayores imposturas políticas.
Se trata de que este jueves Estados Unidos autorizó ciertas transacciones en el marco de las sanciones económicas que rigen contra Venezuela, supuestamente “para facilitar la lucha contra el covid-19” en el país. Sin levantar las medidas punitivas impuestas el gobierno de Joe Biden emitió licencias que autorizan la entrega de cubrebocas, ventiladores y tanques de oxígeno, así como vacunas, pruebas de detección y otro tipo de material hospitalario para atender la crisis sanitaria.
El director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés), Bradley T. Smith, firmó las exenciones que permitirá a los siguientes bancos realizar transacciones que tengan que ver con operaciones para el COVID-19: Banco Central de Venezuela (BCV), Banco de Venezuela SA, Banco Bicentenario del Pueblo.
Good move by the Biden administration. After recent reports of blocked transactions, @USTreasury issues an exemption clarifying that COVID-related transactions with #Venezuela’s sanctioned Central Bank are permitted. pic.twitter.com/Ch3e9QyqTb
— Geoff Ramsey (@GRamsey_LatAm) June 17, 2021
Aunque con tal medida, cuando hacen alusión al Banco Central de Venezuela, seguramente se estarían refiriendo al directorio de la junta directiva ad hoc que nombró Juan Guaidó al frente del Central, pero que cuando se habla de los otros bancos el efecto sería el mismo, facilitar las transacciones al gobierno de Maduro. De ser así, se trataría del autodenominado “presidente interino” apareciendo con recursos devenidos de los confiscados al país, y queriendo aparecer con poder de fuerza en las negociaciones en curso entre el Gobierno y la oposición.
Estados Unidos, luego del fracasado intento de imponer a Guaidó como presidente, no cesó de desplegar toda una política abiertamente injerencista, con multitud de sanciones económicas y políticas. La autorización de los movimientos financieros de entidades bancarias de Venezuela, poco tienen que ver en verdad con lo del Covid, pues sino desde que inició la pandemia lo hubiesen realizado, está inscrito en el tablero político de las negociaciones que mencionamos al principio y que se llevan a cabo a puertas cerradas.
El enfrentamiento a Maduro y todas sus políticas autoritarias que violan los derechos democráticos más elementales del pueblo trabajador, no puede pasar por apoyarse en las políticas de la oposición de derecha que ha venido aclamando las sanciones imperialistas, que no busca más que ataduras al imperialismo y políticas tan criminales contra los trabajadores como las de Maduro. Hay que repudiar toda esa política de la oposición de derecha que juega con el hambre del pueblo para sus objetivos políticos mediante las sanciones económicas.
Rechazar todo tipo de agresiones imperialistas está en el orden del día, así como repudiar las sanciones económicas, que no hacen más que aumentar las penurias de un pueblo que viene sufriendo desde hace muchos años las calamidades que caen sobre sus espaldas, de una de las mayores catástrofes económicas y sociales que haya tenido el país y los ataques antiobreros y antipopulares del Gobierno represivo de Maduro. Hay que ser claros en plantear abajo las sanciones imperialistas, por la devolución inmediata al Estado venezolano de todos los bienes confiscados.
Con toda esta cantidad de recursos se pueden atender todas las necesidades de urgencia para hacerle frente a la pandemia y un plan de vacunación masiva para todos, así como también de la repatriación forzada de todos los capitales fugados y de impuestos a las ganancias y grandes capitales nacionales y extranjeros, organizando todo un plan de emergencia donde todos los recursos estén bajo la fiscalización y el control del pueblo trabajador, y no en las manos de un gobierno corrupto y represivo. Durante todo el proceso de vacunación desde el Gobierno se ha garantizado el acceso a los sectores privilegiados vinculados al gobierno, altos funcionarios del Estado, entre muchos otros.
Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo se ha propuesto todo un programa de emergencia para hacerle frente a la actual crisis económica, social y sanitaria. De conjunto, se trata de medidas de un programa propio de los trabajadores y el pueblo pobre para hacer frente a la pandemia, defender el derecho a la salud y a la vida, y posicionarse como un sujeto activo y actor clave en la situación, para evitar que esto venga a significar una profundización de la catástrofe social y sanitaria que ya venimos padeciendo.
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