Los datos, las estadísticas, y las encuestas parciales reflejan que antes del inicio de esta nueva crisis ni siquiera los salarios cubrían el coste real de la vida para el 80% de las familias.

Las anteriores subidas del SMI por parte del gobierno han demostrado ser pura demagogia. Y los datos y las estadísticas demuestran que los salarios no reflejan el coste real de la vida. Mientras tanto las direcciones sindicales prefieren negociar con la patronal que luchar por un programa contra la precariedad laboral.

El Gobierno PSOE-Unidas Podemos quiso hacer de la subida del SMI de 950 euros la medida “estrella” del inicio de legislatura en 2019. Sin embargo, esta ridícula subida no solo estaba lejos de revertir más de 30 años de precarización que tiró a la baja los salarios de manera brutal (gracias a las contrarreformas laborales del mismo PSOE) sino que quedó en “agua de borrajas” a causa de la impunidad en la que ha estado y vive la patronal. Por otro lado, y actualmente, de las promesas de subir el salario mínimo ya no se habla y con la llegada de la pandemia se esta filtrando que por el contrario están por venir nuevas congelaciones salariales para las y los trabajadores públicos.

“La subida del SMI fue pura demagogia por que en la práctica la patronal no paga a la plantilla, alegando que su sueldo ya llega al mínimo, mientras el Gobierno avala esta forma de calculo, demostrando que la medida ha sido mero marketing electoral”, denunciaba meses atrás Adrián, delegado de CGT en Telepizza, sector de trabajadores precarios que ha organizado cinco huelgas exitosas contra el impago del SMI.

Para muchos trabajadores precarios y precarias las subidas del SMI solo fueron una ilusión. A pesar del famoso decreto, el gobierno y el aparato judicial pusieron todo tipo de obstáculos institucionales para que el cálculo de las subidas favoreciese a la patronal. En el caso de los pizzeros, como cuenta Adrián, tuvimos que imponer la subida con la lucha y la organización. La lucha en Telepizza consiguió importantes concesiones, pero no tuvieron la misma suerte millones de personas que los grandes sindicatos se niegan a defender y organizar contra la patronal.

Las cifras son muy sintomáticas. Por ejemplo, para el 2019 el subempleo creció hasta el 7%, y 4,9 millones de personas asalariadas seguían cobrando por debajo del Salario Mínimo, según el INE. A esto se le sumaba el Informe de Cáritas, donde denunciaban que en el sector de la hostelería, el agrícola o las empleadas del hogar abunda el trabajo sumergido: el 24% de las personas no cobraba las horas extra, el 29,4% cobraba menos que el salario legal, y el 27,4% lo hacia en negro.

Ahora bien, si antes la patronal hacía lo que le daba la gana, con la pandemia y la nueva crisis económica que nos acecha, la tendencia salarial va ir hacia abajo. Ya no solo se trata de que las subidas del SMI fueran una ilusión, el problema es que cualquier subida ha sido borrada del mapa, con ayuda del mismo Gobierno, por vía de despidos, chantajes patronales, y una rebaja brutal del 30% para aquellos que están en ERTE y que no saben si recuperaran el empleo. En realidad, las medidas del Gobierno actuarán como presión para tirar a la baja los sueldos que teníamos en la época pre-pandémica. La juventud trabajadora solo va a conocer salarios de miseria.

Los datos, las estadísticas, y las encuestas parciales reflejan que antes del inicio de esta nueva crisis ni siquiera los salarios cubrían el coste real de la vida para el 80% de las familias. No se puede tener ninguna ilusión en que el actual gobierno del PSOE (ahora con Unidas Podemos) vaya a dar una solución, por que es precisamente, junto al PP, el principal responsable de la precarización de la clase obrera. En ese sentido, las negociaciones de las direcciones sindicales con el Gobierno solo están sirviendo para avalar el salvataje a los grandes empresarios y el endeudamiento público que mas tarde o mas temprano vamos a pagar las clases trabajadoras. Por el contrario, es necesario romper las negociaciones, organizar a los trabajadores y trabajadoras en torno a un programa que realmente cuestione la precariedad laboral, los salarios de miseria y el negocio de los capitalistas.

Hace falta un Comité de trabajadoras, junto a las organizaciones feministas y de vecinos independiente del Estado y la patronal

Para empezar, ni siquiera en el Estado español existe un organismo público que realice algo parecido a un calculo del “coste de la vida” o de la “canasta familiar”. Y no es de extrañar, por que ni al gobierno ni a la patronal les interesa en lo mas mínimo. Demostraría lo ridículas que son las subidas del SMI. Y, además, sería un argumento de peso de cara a las negociaciones colectivas contra una patronal que paga por debajo del coste de la fuerza de trabajo.

Por otro lado, la estadística de precios que existe, el IPC (Índice de Precios al Consumo), solamente da cuenta de la variación de precios de los bienes y servicios, y sigue sin ser un instrumento para medir el “coste de la vida”, por lo que ha recibido multitud de criticas. Entre otros, organismos como la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, viene denunciando lo poco que el IPC expresa la realidad. Y CCOO, explicaba en su revista de “En Clave de Economía” que el IPC, por ejemplo, “excluye de su cesta de bienes y servicios la vivienda en propiedad”. Y esto a pesar de que según el INE, el 76,7% de los hogares tiende a comprar esta mercancía tan elemental y preciada.

Según Pisos.com, aunque no está contabilizado, las familias dedican un 38% de sus ingresos totales en pagar el alquiler y un 25% en pagar la hipoteca. Ya sólo excluir las operaciones de compra-venta de vivienda, en términos de variación, suponía un 12,33% menos del IPC en el periodo ’98-’07, según explicaba J.F. Bellod en El Trimestre Económico, y un 30,14% si lo extrapolamos a día de hoy.

Un índice estadístico de precios tan defectuoso, que pese a ello, el Gobierno pretende desvincularlo de las pensiones y los salarios (como también insiste la Comunidad Europea). En contra de las demandas de la Marea de Pensionistas que no quieren seguir perdiendo poder adquisitivo.

En este marco, no solo es necesario pelear por la escala móvil de salarios, sino luchar por un Comité independiente al Estado y a las patronales, formado por las organizaciones sindicales, las organizaciones feministas y de consumidores, para elaborar una encuesta efectiva que tenga en cuenta, no solo sus variaciones sino el coste real de la vida de la clase obrera.

La pauperización relativa en los años de neoliberalismo ha sido bestial. Si en 1962 los altos ejecutivos cobraban “solo” 20 veces más que un empleado en la actualidad son 123 y 278 veces mayores que antes.

De hecho, las estadísticas y las encuestas ya vienen reflejando las enormes dificultades que padece la población trabajadora y un sector importante de ella, y lo lejos que han estado las subidas salariales del Gobierno para resolverlo. Una rápida radiografía de los salarios netos por decil realizada a partir del Instituto Nacional de Estadística nos da un pantallazo general de los salarios que efectivamente cobran las diversas capas de la población asalariada.

Los datos ponen en evidencia las ridículas subidas del Salario Mínimo
De los mas de 16 millones de asalariados: 6,4 millones (el bloque mayoritario) cobra menos de 1.115,8 euros mensuales; 3,2 millones cobran entre 1.115,8 y 1.436,5 euros; 3,2 millones cobran entre 1.436,5 y 2.053,2 euros, y nuevamente 3,2 millones cobran entre 2.053,2 euros y mas de 2.642 euros mensuales. Es decir, nada menos que el 50%-60% está por debajo de los 1.200 euros mensuales y los 1.400 euros, respectivamente. Y solo una minoría del 10% del decil cobra más de 2.642 euros netos (después de impuestos).

Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, que utiliza un baremo diferente de acuerdo con el decil de renta por unidad de consumo, entre el 81,8% y el 53,1% de las personas con renta entre los Deciles del 1 al 6 tienen “muchas dificultades o ciertas dificultades para llegar a fin mes”. Nada menos que el 76,6% de las personas del Decil 3 de renta tiene las mismas dificultades para llegar a final de mes, al igual que Decil 4 y 5 con el 64,4% y 60,9% de las personas. Y aunque los problemas persisten, solo es entre el Decil 7 y 8 que las dificultades bajan al 45,8 y al 41,1% de las personas. Mientras que es en el decil 10 de renta (el último tramo) que el 80,8% de las personas de este decil vive con cierta facilidad o con mucha facilidad. Es decir, el 57% de los deciles, según la mediana, tiene algún tipo de dificultad para llegar a final de mes con sus ingresos.

Estas dificultades se ponen aun mas en evidencia con una delimitación del Salario Mínimo tan baja, ya que esto tiene como resultado que las actuales nominas de una gran parte de la población no sirvan para cubrir mercancías tan básicas como una vivienda, mantener una familia, tener una vida independiente o disfrutar de costumbres de ocio mas básicas, entre otras necesidades sociales.

Por ejemplo, teniendo en cuenta las dificultades según tipos de hogar, el 51% y el 54,9% de los hogares de una sola persona o dos adultos sin personas dependientes (niños o niñas) u otro tipo de hogares sin personas dependientes les resultaba problemático o muy problemático llegar a final de mes. Pero el porcentaje de hogares con muchas o ciertas dificultades subía sorprendentemente hasta el 75% en aquellos en los que vivía una persona adulta a cargo de una o más personas dependientes.

Lo que da a entender las enormes dificultades que tiene, por ejemplo, una mujer soltera que mantiene y cuida a su hijo, poder tener una vida independiente. No por casualidad esta altísima cifra volvía a bajar a los 54,9% de los hogares cuando se sumaba un adulto en el mantenimiento de este tipo de hogares. Todo ello en el marco de que las madres no casadas han pasado de ser el 2% en 1975 a ser el 42,5% en 2014, y sigue aumentando la cifra, según El País. Tampoco es de extrañar que el Indicador AROPE, que mide la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social sitúe su media en el 26,1% de la población. Y la tasa de pobreza aumenta brutalmente al 50% en los hogares de un adulto y un niño, y no baja del 25% de pobreza en los hogares de una sola persona, o de una pareja con uno o más niños.
Por otro lado, la encuesta propia que realiza la organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre el Índice de Solvencia Familiar denunciaba la carencia material de un gran porcentaje de familias. Nada mas y nada menos que el 46% de los hogares no puede salir de vacaciones, 8 de cada 10 hogares van al límite y no pueden ahorrar nunca, el 30% y el 19% no puede ni ir al dentista ni afrontar los gastos de gafas o audífonos, entre el 21% y el 31% no puede ir al cine, comprar un libro o ir a un restaurante. Por no decir que el 17% tiene difícil pagar los suministros de agua, luz y electricidad, el 9% le es muy difícil comprar carne o pescado, y el 14% no puede hacer frente a una hipoteca.

En general, los datos que ofrece el Gobierno sobre los gastos que tienen las familias tienen complicaciones a la hora de ser un medidor del coste de la vida, ya que lo que puede gastar una persona no es lo mismo que lo que debería de gastar para tener como mínimo una vida socialmente aceptable. Sin embargo, entre otros, el gasto medio por tamaño de hogar ya ofrece algunas cifras a tener en cuenta.

Según el INE, en medio de cientos de cifras, encontraremos que el gasto medio de un hogar que tenga un solo miembro es de 19.499,11 euros anuales, es decir, 1.625 euros mensuales. O lo que es lo mismo que 10,9 euros la hora, para una jornada anual de 1788 horas de trabajo. Esto solo es una media, pero da cuenta de los gastos que tiene que asumir de media una persona que tiene la posibilidad (y suerte) de tener su propio hogar. Una de las necesidades más básicas. En ese sentido, y de acuerdo con los paupérrimos sueldos que existen, es lógico que el Observatorio de Emancipación contabilizase que a finales de 2008 los menores de 30 años gastaban el 55,7% de su sueldo para poder vivir solos y que en 2019 esa cantidad había escalado a la escalofriante cifra del 94% del sueldo. Además, a medida que crece el número de miembros en el hogar, se hacen más restricciones de gastos por persona.

En relación con todo esto, hacia el 2015 Jaume García, expresidente del Instituto Nacional de Estadística, junto a otros expertos, hizo público un interesante Informe que estimaba las llamadas Paridades de Poder Adquisitivo (PPA) para las comunidades autónomas con datos de 2012. Un indicador que al parecer permitía analizar el nivel de producción o bienestar, el “análisis del coste de la vida en una economía” y la pobreza de acuerdo con la selección de una “cesta de la compra”. Que además permite ver las diferencias regionales pero que sin embargo el Gobierno no quería incluirlo dentro de los estudios del INE. A pesar de las exigencias de algunos partidos regionales, que lo usaron para justificar inversiones a favor de sus comunidades.

Para Jaume García, catedrático de la Universidad de Pompeu Fabra, la media española de este supuesto “coste de la vida” estaría calculada en torno a 22.297 euros al año. Es decir, 1.858 euros mensuales, o lo que es lo mismo que 12,5 euros la hora para una jornada anual de 1788 horas de trabajo. Cantidad, que, por otra parte, tiene oscilaciones importantes en función a la comunidad autónoma en la que se viva. Eso significa que, tomando parcialmente como buenos estos datos, tendríamos que en torno al 80% de los asalariados y asalariadas no llegar a cubrir el supuesto “coste de la vida” más básico, si tenemos en cuenta los salarios netos que organiza la población en deciles.

Una solución realista a favor de las clases trabajadoras: escala móvil de salarios acorde al coste real de la vida

Estas aproximaciones al “coste real” de la vida ponen en evidencia el desfase salarial que existe y plantean la necesidad de pensar un programa realista con el que combatir.

Para empezar, en el capitalismo no se puede hablar de un “salario justo”. El hecho de no cobrar un “salario de miseria” no significa que la explotación capitalista desaparezca. La realidad es que, aunque paguen un salario que cubra ese coste de vida, el empresario sigue apropiándose de una plusvalía. Esa ganancia que se apropia no depende de pagarle a la obrera menos de lo que “vale” su fuerza de trabajo (el coste de reproducción de esa fuerza de trabajo). Por el contrario, depende de la diferencia entre la cantidad de trabajo que la obrera realiza, y lo que cuesta la reproducción de su vida (el valor de su “fuerza de trabajo” o su salario).
Precisamente, el gran secreto del Capital es que obtiene la plusvalía haciéndole trabajar a la obrera más horas de las necesarias, aunque haya cubierto su coste de reproducción. A esto se le añade que el problema no es solo que el empresario se forre con nuestro plustrabajo incluso pagando un mínimo, es que además de eso quiere siempre rapiñar mas beneficios pagando por debajo de ese mínimo.
Por otro lado, el valor de esta fuerza de trabajo (su “coste real”) es difícil fijarla por que en realidad no se trata de fijar un límite de subsistencia física. Esto sería una locura. Como plantea Marx, depende enteramente de un factor “histórico y moral” que entre otros aspectos lo conforman las costumbres de vida de la clase trabajadora en su conjunto, y fundamentalmente, depende a su vez de la relación de fuerzas que tengan las trabajadoras para imponer el salario y las condiciones de trabajo. Es decir, depende del estado de la lucha de clases.

Las medidas “progres” del gobierno y la idea de las direcciones sindícales de cobrar lo marcado en la Carta Social europea (1.200 euros) además de mostrarse falsas cuando están negociando recortes salariales y congelaciones, se quedan muy lejos para hacer frente a las continuas rebajas que hace la patronal en cada crisis económica, o cuando los propios contratos basura vuelven inservibles cualquier subida.

Desgraciadamente, fijar un salario mínimo siempre sirvió a la patronal para fijar el máximo real. Por eso la juventud precaria tiene que oponer medidas distintas luchando por una escala móvil de salarios garantizado, determinado anualmente sobre la base de los precios actuales del coste de la vida y elaborada por una comisión estadística de trabajadoras y trabajadores, junto a los vecinos y las agrupaciones feministas, como única solución realista para que el coste de la crisis la paguen los capitalistas. Los pocos datos que hemos tenido derecho a conocer ya reflejan lo lejos que están los programas de los sindicatos para cuestionar el calculo del gobierno y la patronal. Las centrales sindicales, sobre todo, la izquierda sindical tiene que ponerse a la cabeza por defender este programa alternativo frente al programa del gobierno y la burocracia sindical.

A su vez, este sencillo programa de “supervivencia” que cuestiona las maniobras engañosas del Estado y los empresarios y que simplemente lucha por mantener el valor dado de la fuerza de trabajo, no tiene sentido si no va unido a acumular y articular las fuerzas sociales de la clase obrera que permita no solo imponer este programa con la lucha sino acabar definitivamente con la explotación capitalista. Como plantea Marx, la clase obrera “no debe olvidar que lucha contra los efectos, pero no contra las causas de estos efectos; que lo que hace es contener el movimiento descendente, pero no cambiar su dirección; que aplica paliativos, pero no cura la enfermedad. No debe, por tanto, entregarse por entero a esta inevitable guerra de guerrillas, continuamente provocada por los abusos del capital o por las fluctuaciones del mercado. Debe comprender que el sistema actual, aun con todas las miserias que vuelca sobre ella, engendra simultáneamente las condiciones materiales y las formas sociales necesarias para la reconstrucción económica de la sociedad. En vez del lema conservador de <<¡Un salario justo por una jornada justa!>>, deberá inscribir en su bandera esta consigna revolucionaria: <<¡Abolición del sistema del trabajo asalariado!>>”.