Entre la iniciativa oficial y el agrupamiento de la derecha en defensa del INE, realmente no hay alternativa democrática para el pueblo trabajador.
Viernes 11 de noviembre de 2022
1. Hacia las elecciones de 2024
El pasado 25 de octubre comenzaron los trabajos en comisiones de la Cámara de Diputados para elaborar los dictámenes de la reforma electoral. La principal iniciativa de reforma fue presentada por AMLO en abril, aunque están analizándose al menos 108. Se espera que en los próximos días empiece la discusión en el pleno.
Para que la reforma pueda aplicarse en el proceso electoral de 2024, el plazo para modificar las reglas electorales es hasta el último día de junio de 2023.
Según el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la reforma estaría lista para diciembre de este año.
2. Los principales puntos de la reforma
En palabras del gobierno federal, los diez principales puntos de la iniciativa de reforma de AMLO son los siguientes:
Agregamos que:
El propio gobierno señala que los recursos obtenidos mediante la reforma (más de 10 mil millones de pesos) se destinarían a becas, pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, hay quienes plantean que el dinero se utilizaría para seguir financiando los megaproyectos.
3. Cierre de filas en Morena
Desde un inicio López Obrador ha defendido su iniciativa de reforma, aduciendo entre otras cosas que es para evitar un posible fraude en las elecciones de 2024.
A pesar de las disputas internas en el partido de gobierno, particularmente en torno a la próxima candidatura presidencial, figuras como Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum se han pronunciado a favor de la reforma electoral. La jefa de Gobierno de la CDMX incluso llamó a autoridades municipales de 22 entidades a suscribir una carta de apoyo.
4. Agrupamiento y movilización de la derecha
Encabezando a la oposición de derecha, el PAN se ha posicionado como el más rabioso defensor del INE y contra la reforma electoral, con argumentos que van desde “el gobierno quiere imponer un árbitro electoral a modo” (Marko Cortés) hasta “así empiezan todas las dictaduras” (Ricardo Anaya).
A la postura del PAN, el PRD, el PRI y MC se han sumado la Conferencia del Episcopado Mexicano, organizaciones empresariales como la Coparmex y muchas otras de derecha.
Así, el 26 de octubre comenzó a circular en redes una convocatoria a una “Marcha por la Democracia”, contra la reforma electoral y en defensa del INE, para el domingo 13 de noviembre a las 10:30am, del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. Según los organizadores, hasta el momento se han sumado a la convocatoria 51 organizaciones de la sociedad civil y habrá movilización en 26 ciudades del país. El único orador será el primer presidente del entonces IFE, José Woldenberg.
Entre los convocantes se encuentran organizaciones empresariales y de derecha como Unid@s, el Frente Cívico Nacional, UNE México, Sí por México, Sociedad civil México, Unidos por México, Poder Ciudadano, Mujeres en Plural y Mexicanos por México, además de integrantes del Episcopado Mexicano y de partidos de oposición.
En la reunión para construir un plan en defensa del INE, de la que salió la convocatoria, estuvieron presentes personajes como los empresarios Gustavo de Hoyos y Claudio X. González, los senadores Beatriz Paredes, Kenia López, Claudia Ayala, Emilio Álvarez Icaza y Gustavo Madero, además de exgobernadores y exdiputados, entre otros.
El expresidente Vicente Fox, por su parte, llamó vía twitter a un paro nacional el 14 de noviembre para frenar la reforma.
5. Dudas en torno al PRI
A pesar de que legisladores y el presidente nacional del PRI han declarado que su partido va en contra de la reforma, el resto de la oposición se muestra desconfiada al respecto. La duda está sembrada desde que el tricolor, en alianza con el Morena, impulsó la iniciativa para mantener al Ejército en las calles hasta el 2028.
El 20 de octubre la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados anunció, por votación unánime, que comenzaría la construcción del proyecto de dictamen de la reforma electoral, con la presencia de Alejandro Moreno (presidente del PRI) y Rubén Moreira (coordinador del tricolor) como representantes de la Comisión de Gobernación.
Para participar en las elecciones del Edomex en 2023 mediante la alianza “Va por México”, el PAN está poniendo como condición que el PRI no apoye la reforma, en tanto que Movimiento Ciudadano acusa al tricolor de negociar una reforma alterna, por fuera de la discusión en comisiones.
Por su parte, Adán Augusto López sostiene que el proyecto de reforma está en construcción mediante la colaboración con legisladores del PRI, e incluso del PAN.
De cualquier forma, se espera que mediante las negociaciones entre partidos se termine aprobando una reforma parcial.
6. Encuesta del INE
El INE realizó una encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía respecto a la reforma electoral, cuyos resultados arrojaron que: el 93% de los encuestados apoya destinar menos recursos públicos al INE; 87% avala la disminución de diputados y senadores; 78% está de acuerdo con que consejeros y magistrados sean electos mediante voto popular; a 57% le parece bien cambiar el nombre a INEC.
Como opositor a la reforma, los resultados son muy desfavorables para el INE, por lo que intentó ocultarlos. Sin embargo salieron a la luz, lo cual está siendo utilizado por el Morena para fortalecer su campaña a favor de la reforma y golpear al instituto electoral.
7. Intromisión de la CNDH
En medio de esta disputa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tuvo el desatino de emitir una recomendación al Poder Legislativo para la transformación del INE.
El flagrante apoyo del organismo a la iniciativa del gobierno generó un escándalo. A su titular, Rosario Piedra, le han llovido críticas por todos lados (incluyendo legisladores del Morena) y la CNDH ha sido señalada por excederse en sus atribuciones y por violar la Constitución.
8. La interesada defensa del INE
Durante el actual sexenio, la oposición de derecha ha utilizado al INE y sus consejeros como ariete para golpear al gobierno de López Obrador y a su partido. Así lo muestra, por ejemplo, la anulación de candidaturas del Morena para las elecciones de 2021, o la disputa entre el instituto electoral y la 4T en torno a la consulta por la revocación de mandato.
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Al mismo tiempo, se trata de una institución que, mediante numerosos obstáculos que constituyen verdaderas restricciones antidemocráticas, garantiza en los hechos la proscripción de los trabajadores y de la izquierda independiente en los procesos electorales.
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Ese es el INE y la democracia para ricos que defiende la derecha.
9. Maniobra antidemocrática
Del otro lado, López Obrador se apoya en el amplio –y justo- rechazo popular hacia los partidos tradicionales para promover su reforma. Sin embargo, medidas como la reducción de las cámaras legislativas resultan antidemocráticas, pues disminuyen la cantidad de “representantes populares”, y junto con otras como la posibilidad de que se apruebe una legislación electoral única, a lo que apuntan es a una mayor centralización del poder.
El problema no es que los órganos legislativos sean demasiado grandes, sino quiénes los integran, lo que pone sobre la mesa la necesidad de conquistar representantes políticos de los trabajadores y los oprimidos, luchando por derribar las trabas impuestas por el régimen político y que la reforma no modifica.
Respecto a la elección popular de consejeros y magistrados, se trata del principal gancho “democrático” de la reforma, pero llevaría a una elección acotada a los aspirantes que presenten los de arriba, cuando el conjunto de los jueces, magistrados y altos funcionarios deberían ser electos de manera realmente democrática.
10. ¿Abaratar la democracia?
Desde el Morena se argumenta que hay que abaratar los costos de la democracia, pero ni la “austeridad republicana” ni la “pobreza franciscana” han alcanzado a los consejeros del INE ni al resto de los altos funcionarios del Estado, ni a los legisladores. Todos ellos, al ganar como si fueran grandes empresarios, se ubican en ese ámbito social y terminan gobernando y legislando a favor de los grandes empresarios y no del pueblo trabajador. De ahí la necesidad de exigir que todo funcionario público y legisladores ganen lo mismo que una maestra o un trabajador promedio, y que además sean revocables por sus electores en cualquier momento.
