La Comisión Especial Investigadora del caso Catrillanca votó a favor de oficiar al Presidente Sebastián Piñera con el fin de obtener más antecedentes del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Pero, sus eventuales declaraciones ¿calmarán la crisis abierta que tienen su gobierno y carabineros?
Miércoles 23 de enero de 2019
Este pasado lunes tuvo lugar una nueva reunión de la comisión especial investigadora del caso Catrillanca, en la cual se solicitó la concurrencia del Mandatario para que exponga sobre cómo y quién le dio cuenta de los hechos ocurridos el día 14 de noviembre. Esto para que Piñera de cuenta del informe en que se fundamentó el Gobierno, incluidos Ministro del Interior y la Ministra Secretaria General de Gobierno, para indicar que hubo enfrentamiento y cuándo y de qué forma tuvo conocimiento el Ejecutivo de la existencia de los registros audiovisuales que desmentían que hubo enfrentamiento y que, ni el joven ni el adolescente ilegalmente detenido y torturado portaban armas.
Además, la Comisión también solicitó al Presidente que envíe copia de todas las comunicaciones y actos administrativos que sostuvo con el Ministro del Interior y el Subsecretario del Interior entre los días 14 y 30 de noviembre. El organismo también pidió que el mandatario envíe copia de todas las comunicaciones y actos administrativos sostenidas con el Ministro del Interior, subsecretario del Interior y Carabineros desde el anuncio de la instalación del denominado Comando Jungla en la zona de La Araucanía, el pasado 28 de junio de 2018, hasta la fecha.
Asimismo, se espera que señale cuáles son los fundamentos en que se basó el Gobierno para mantener el denominado Comando Jungla y que informe y acompañe los antecedentes con que cuenta para decir, reiteradamente en medios de comunicación, que en La Araucanía “se queman iglesias, muchas veces con mujeres y niños dentro”.
En este mismo sentido, la Comisión también citará al ex intendente Andrés Jouannet; el actual gobernador de Malleco, Víctor Manoli, y los tripulantes del helicóptero: el sargento Héctor Vásquez, el cabo Ignacio Elgueta y el cabo y paramédico Germán Ramírez.
Traslado al lugar de los hechos, pero todo sigue igual
Al término de la sesión los diputados acordaron trasladarse a la Región de La Araucanía, concretamente a la cuidad de Temuco y Los Ángeles el próximo 15 de marzo, para entrevistar a los carabineros imputados en el caso que se encuentran en prisión preventiva o arresto domiciliario. Durante los próximos días oficiarán a Gendarmería para concretar las reuniones con los uniformados.
Marcelo Catrillanca: “Quedó claro que querían matarlo”
A la Comisión del pasado lunes, también asistió el padre de Camilo, Marcelo Catrillanca, donde se refirió a la eventual responsabilidad política del ministro del Interior, Andrés Chadwick: “Yo sabía que no estaba involucrado en el robo de vehículos, nunca hubo un enfrentamiento, todos deberíamos reconocer que a veces fallamos en reconocer que el otro está mintiendo”, sostuvo, y cuestionó las primeras declaraciones de las autoridades tras conocerse el fallecimiento del joven.
“Queda claro que a Camilo Catrillanca lo estaban vigilando y querían matarlo. Mi hijo nunca ha sido ladrón", añadió el padre, agregando que "lo han querido ensuciar”.
La responsabilidad del Gobierno y su crisis incesante
Claro está que la administración de Sebastián Piñera está atravesando la crisis más grande en lo que va de su mandato, producto de las mentiras y encubrimientos que han sucedido desde el asesinato de Camilo Catrillanca.
Por un lado, la oposición intenta investigar el caso, tratando de mostrarse a la opinión pública como un ente diligente que velaría por encontrar a los responsables de este homicidio. Pero, por otro lado, omiten completamente que durante años han permitido la histórica ocupación de las tierras mapuche por parte de empresas forestales como los grupos económicos Matte y Angelini, que poseen más de 2 millones de hectáreas en el sur del país; además de haber asesinado a varios comuneros y comuneras mapuche por parte de las FFEE de Carabineros durante los gobiernos de la Nueva Mayoría y de la ex Concertación.
Si bien, esta Comisión podría verse como un avance para esclarecer los hechos, es totalmente insuficiente y estéril teniendo en cuenta la represión que se sigue viviendo en la Araucanía una brutal represión policial, todos los días, con policía militarizada en la zona realizando allanamientos y violentando a las personas que viven en las comunidades. A esto se suma el clima represivo que intenta instalar el Gobierno contra quienes se manifiestan por sus derechos, como los trabajadores del sindicato Sintrac de las oficinas de Call Center de CGS Chile (del yerno de Piñera) quienes fueron duramente reprimidos por ejercer el derecho a huelga; o como la brutal represión que han recibido los pescadores artesanales en el sur, por manifestar su rechazo a las políticas del Gobierno que siguen favoreciendo a los grandes empresarios transnacionales y nacionales de la pesca industrial en Chile.
Disolución de las Fuerzas Especiales de Carabineros: una tarea urgente
Las Fuerzas Especiales de Carabineros fueron creadas en 1936 con el objetivo de reprimir las manifestaciones públicas. Es un grupo especializado en control de “muchedumbres” y manifestantes de toda índole, es decir, una unidad especializada cuya función esencial es reprimir cualquier tipo de protesta o manifestación social. Así entonces, los hechos represivos de esta institución no son cosa ni de estos meses, ni de este gobierno, son parte estructural y fundante del Estado chileno, especialmente del Chile neoliberal instaurado durante la dictadura, cuyos pilares se han mantenido intactos.
Sabemos que por más reformas que se intenten hacer a las policías los partidos del régimen, su labor esencial siempre será la misma: mantener la gobernabilidad al servicio de los capitalistas, es decir, mantener los pilares centrales de la herencia pinochetista, asegurar la gobernabilidad de la Nueva Mayoría y la derecha, y resguardar la propiedad privada de empresarios.
Ante este escenario, resulta totalmente inservible la política del Frente Amplio que busca educar “democráticamente” a sus miembros, pues solo alimenta la ilusión de que exista una policía “no represiva” y que vele por la defensa de los derechos humanos.
Por lo tanto, con todos los antecedentes históricos de muerte y represión que se tienen de este verdadero brazo armado de los más poderosos, se hace más que necesario la desmilitarización de la Araucanía, la disolución de las Fuerzas Especiales de Carabineros y la devolución de las tierras ancestrales a las comunidades mapuches.
Ya claro está que esta institución no representa en lo absoluto a los trabajadores ni sectores populares que por obligación deben financiarla; así lo han demostrado las recientes encuestas que solo expresan el repudio generalizado de la población gracias a todos los casos de corrupción, montajes, asesinatos y abusos que ha habido a lo largo de su trayectoria.
