A tres semanas de las elecciones intermedias del 6 de junio, los partidos se envuelven en irregularidades y denuncias. Instituciones como el INE y la FGR son utilizadas por el gobierno y la oposición en contra de sus adversarios.
Viernes 14 de mayo de 2021
Cuando pensábamos que las escaramuzas entre gobierno y oposición se iban a detener después sanciones por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hacía los candidatos del Morena en Guerrero y Michoacán, la pelea rumbo a las elecciones llegó a Nuevo León.
Todo empezó cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció al actual candidato a la gobernatura de Nuevo León por parte del PRI/PRD, Adrián de la Garza, quien ha repartido la “tarjeta rosa” en un claro gesto de compra del voto.
De la Garza de inmediato respondió denunciando la intromisión de AMLO en el proceso electoral en el estado regio e hizo un llamado a defender la democracia en México.
Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, fue denunciado por el financiamiento ilícito de su campaña pues gran parte de su presupuesto proviene de partidas privadas, como el mismo aseguró.
A este fuego cruzado se metieron también el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía General de la República.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, dejó su postura clara cuando dijo que cualquier denuncia a estas alturas de la contienda electoral no puede ser motivo para suspender candidatura alguna.
Por su parte la FGR ya inicio investigación contra De la Garza por compra y coacción del voto, un delito que es gravemente sancionado. Aunado a esto se abrió una investigación contra el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Nuevo León, Samuel García, por financiamiento ilícito de su campaña.
También la Organización de los Estados Americanos (OEA) se ha involucrado en las elecciones mexicanas, esto después de que De la Garza llegara a Washington para visitar al secretario general de este organismo, Luis Almagro.
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En San Luis Potosí, la candidata por Morena, Mónica Rangel, se libró de ser sancionada después de no cumplir con la fiscalización de su precampaña, algo que le costó muy caro a Félix Salgado Macedonio.
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El candidato por el Partido Verde y PT, Ricardo Gallardo, también ofrece una tarjeta -similar a la tarjeta rosa- que ofrece beneficios sociales si la gana en las próximas elecciones.
Pero al parecer el Morena no se salva de estas prácticas. Carlos Lomelí candidato guinda en Jalisco, también ofrece tarjetas con beneficios para adquirir la canasta básica. En la alcaldía Miguel Hidalgo, el candidato Víctor Hugo Romo, ofrece la tarjeta ambiental.
Al parecer el juego rumbo a las elecciones va a continuar con irregularidades y denuncias entre los partidos del régimen. Las cartas ya están puestas sobre la mesa. Por ahora la perspectiva es avanzar en las encuestas sobre la base del desprestigio entre ellos y las amenazas a través de las instituciones.
El resultado del 6 de junio será importante para ver las próximas jugadas y si es que la FGR avanza en la investigación contra los candidatos de la oposición o si el INE deja atrás su por ahora momentánea “neutralidad” política y adelanta en sanciones contra las irregularidades de los candidatos.
Lo que hoy esta en juego es quien tiene la mayoría en las bancadas y en los Estados. Estas elecciones son unas de las más grandes de los últimos años, pues se disputan 15 gobernaturas a nivel nacional, 500 cargos federales y más de 20 mil cargos a nivel local. Los partidos harán lo posible por ganar y el que este libre de pecado que arroje la primera piedra.
Pero más allá de esta disputa entre los partidos, el gobierno y la oposición, lo cierto es que en las próximas elecciones no hay una alternativa real para los trabajadores y el pueblo pobre. Mientras gastan grandes recursos en sus campañas electorales los trabajadores nos enfrentamos a los recortes salariales, a los despidos y al encarecimiento de la vida.
Necesitamos una alternativa que sea de los trabajadores, de las mujeres y la juventud, que pelee contra los despidos y la precarización laboral, por un salario de emergencia igual a la canasta básica.
De conjunto necesitamos echar abajo las reformas estructurales -aprobadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que hoy tienen su continuidad con el actual gobierno- que han significa un duro golpe contra las condiciones laborales de la mayoría trabajadora, un ataque directo a la educación pública y gratuita, así como la profundización en la entrega de los recursos naturales a trasnacionales extranjeras.
