Este lunes el Gobierno destinó 389 millones de dólares para saldar un vencimiento de la deuda frauduenta con el FMI. Desde que asumió el Frente de Todos ya pagaron 4.604 millones de dólares, mientras la crisis social se profundiza, el rumbo sigue siendo el mismo.
Matías Hof @HofMatias
Lunes 1ro de noviembre de 2021 22:30
Foto: Matías Baglietto
Este lunes se vencieron intereses de la deuda con el FMI por US$ 389 millones y el Gobierno, fiel a su política de convalidar el préstamo solicitado por la gestión de Cambiemos, optó por realizar el pago. Hace sólo tres días (el 29 de octubre) se cumplió un año del desalojo a las 1.400 familias que reclamaban por tierra y vivienda, ordenado por Axel Kicillof y comandado por Sergio Berni. Con los US$ 4.604 millones destinados hasta el momento por el Frente de Todos (desde su asunción) para cumplir con las exigencias del Fondo, se podrían haber construido más de 130.000 viviendas. Las familias de Guernica siguen sin tener un techo para vivir.
La equivalencia surge al tomar como referencia los planes de vivienda del presupuesto nacional, se estima que la construcción de una vivienda tiene un costo de US$ 35.000. La comparación es útil para dar dimensión de lo perdido durante los últimos 22 meses en los que se siguió pagando la deuda con el FMI. También podemos extenderla a otros ámbitos.
El flamante secretario de Comercio, Roberto Feletti, viene llevando adelante un congelamiento de precios, por 90 días, de productos de consumo básico en un intento de menguar los efectos de la crisis social, a pocas semanas de las elecciones nacionales. Además de los límites de la propia medida, los pagos al FMI dejan claras las prioridades del Gobierno. Si esos fondos se hubiesen destinado a un IFE de $50.000 para responder a la situación de emergencia en que viven millones de personas, se podrían haber entregado más de 9 millones de ayudas de este tipo.
En el presupuesto nacional para este año, el Frente de Todos no sólo no aumentó lo destinado en ayudas sociales, sino que directamente eliminó el IFE, como parte del fuerte ajuste del gasto público que viene aplicando Martín Guzmán. Por el cual también vienen sufriendo los jubilados, sobre todo los que cobran la jubilación mínima (que son la mayoría) que no llega a los $26.000, cuando la Defensoría de la tercera edad estima la canasta de los jubilados en $75.505. Si el Gobierno hubiese utilizado los recursos que entregó al Fondo en aumentar las jubilaciones, podría haber pagado el equivalente a más de 6 millones de esas canastas.
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El próximo 22 de diciembre el Tesoro debe cancelar US$ 1.892 millones con el organismo, la sangría de recursos es cada vez mayor. Recordemos que los U$S 4.355 millones que el FMI envió bajo la forma de Derechos Especiales de Giro (DEG), en agosto con motivo de la pandemia, el Gobierno decidió reservarlos para pagar los vencimientos de deuda con el mismo FMI. Según un informe de la consultora Equilibra, la Argentina arrancaría 2022 con una tenencia neta cercana a los 500 millones de DEG, que alcanzarían con lo justo para pagar el vencimiento de enero.
El año que viene, de no llegar a un acuerdo en la negociación con Kristalina Georgieva, le serían reclamados al país 19 mil millones de dólares, una cifra que excede en dos o tres veces las reservas de libre disponibilidad del Banco Central (BCRA). Martín Guzmán y Gustavo Beliz (ecretario de Asuntos Estratégicos) mantuvieron un encuentro, este lunes, con Julie Kozack y Geoffrey Okamoto en Roma como parte de los intercambios para firmar un acuerdo de Facilidades Extendidas que aplazaría los pagos, a cambio de someter a la Argentina durante 10 años más al Fondo y a sus planes de reformas laboral, previsional y fiscal.
Debido al estancamiento de las negociaciones y la cercanía de las elecciones, tanto Alberto como Guzmán vienen girando en sus declaraciones, asegurando que no van a firmar nada que implique perjudicar al pueblo. Esto es imposible, cualquier acuerdo con el FMI implica una profundización de la crisis social que ya sumergió a más del 40 % de la población por debajo de la línea de pobreza. Sólo un desconocimiento soberano de la deuda, como propone el Frente de Izquierda, permitiría comenzar a construir otro futuro, uno donde la prioridad sean la vivienda, las condiciones de vida de las grandes mayorías, la salud y la educación.
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