Gabriela Boyadjian @gabyrub_
Miércoles 22 de octubre de 2014
Hace tres semanas, cerca de 100 familias ocuparon un predio abandonado en el barrio Almafuerte de Glew. Sería inminente su desalojo, según anunciaron desde la Comuna. Para el intendente de Almirante Brown, el massista Daniel Bolettieri “la toma fue provocada por militantes políticos y desde el Gobierno municipal tomamos rápidamente cartas en el asunto. Se denunció la situación a la Justicia y estamos expectantes de que se ordene el desalojo”.
Además, Bolettieri afirmó que “se procedió a bloquear la posibilidad de que se produzcan nuevas tomas en la zona” y remató aduciendo que están trabajando “para desalentar este tipo de situaciones”. Manifestó que detrás de la toma “hay intereses políticos” en referencia al Movimiento Popular La Dignidad, organización ligada al Movimiento Evita, que está presente en el nuevo barrio.
Pero si de intereses políticos se trata, los primeros en desarrollarlos son los propios políticos del gobierno. Mientras en Glew una tensa calma condiciona la vida del nuevo barrio, hace unos días la presidenta CFK inauguró en Ezeiza el complejo habitacional “Madres 2”, que consta de 216 nuevas viviendas y una escuela con jardín de infantes, como parte del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, con un gasto total de $97 millones.
La construcción de viviendas en Ezeiza no es casual: es la tierra del “sheriff” Alejandro Granados, actual Ministro de Seguridad bonaerense, quien fue por 18 años intendente de esa ciudad. Siempre tejió lazos con el poder (peronista) de turno y se hizo conocido por su doctrina de “tolerancia cero contra la delincuencia”, traducida en la criminalización de la pobreza y la persecución de jóvenes de las barriadas pobres del distrito. Los lugareños indicaron a LID que las nuevas casas estarían destinadas a gendarmes que implementan esta política y no a reducir el déficit habitacional de los habitantes de la zona, como parte de un plan de infraestructura básica.
Sergio Massa no escapa a la política que lleva adelante Granados. Es un incondicional de la misma doctrina, pero ligado a Rudolph Giuliani, el ex alcalde de Nueva York, quien arrasó la ciudad en un “combate contra el delito” metiendo en la cárcel con total impunidad, principalmente a jóvenes negros y pobres sin bajar la tasa de delitos. En la ciudad donde opera Wall Street, corazón del distrito financiero, la limpieza de pobres y negros garantiza el normal funcionamiento de los negocios.
Mientras tanto, los vecinos del nuevo barrio de Glew al que denominaron “Pueblo Unido”, fueron levantando sus precarias viviendas como una solución alternativa al problema real que viven, también, miles de personas que no tienen acceso a una vivienda propia o dinero suficiente para alquilar o renovar contratos. Ni bien se instalaron en el terreno abandonado, se presentaron ante los lugareños con volante en mano que expresaba la idea de levantar un barrio en el que se pueda vivir dignamente: “dentro del proyecto está pensada la creación de un centro cultural, el mantenimiento de la canchita de fútbol y la puesta en marcha de un centro de salud comunitario, que será un beneficio no sólo para nuestro barrio sino para los barrios aledaños”.
A la par que, los nuevos vecinos reciben muestras de solidaridad y esperan que desde la Fiscalía 8 de los Tribunales de Lomas de Zamora, en donde se radicó una denuncia por usurpación, salga una resolución favorable, una avioneta sobrevuela la zona a la voz de: “no ocupen tierras, es un delito”.
Salta a la vista que tanto el kirchnerismo como el massismo no contemplan una solución profunda al problema de la infraestructura habitacional. El déficit para los sectores populares se agrava cada vez más, mientras se desarrollan los grandes emprendimientos inmobiliarios al que tienen acceso sólo los ricos. Si bien desde el gobierno nacional se lanzó el programa “Techo digno” que depende del Ministerio de Planificación Federal, éste ha sido muy cuestionado. Según un informe de la Auditoría General de la Nación presenta irregularidades en el manejo de los fondos, falta de control por parte de las autoridades, deficiencias en la construcción de las viviendas; también carece de parámetros objetivos para la selección de los beneficiarios. Tapar huecos y promesas incumplidas parecen ser las soluciones para miles que esperan por una vivienda digna.
