Asociaciones de motociclistas discutieron en la Legislatura cómo enfrentar la exigencia de incorporar el número de patente en el casco y en el chaleco.
Viernes 31 de marzo de 2017 17:55
La reunión se realizó en la Sala 1 de la Legislatura de Córdoba con el fin de coordinar acciones en rechazo a la modificación impulsada por el Gobierno nacional de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, donde se suma la exigencia para los conductores de motos de incorporar una calcomanía con el número de patente al casco reglamentario y la obligatoriedad de la utilización del chaleco reflectante también con número de patente. La medida fue aprobada por el decreto nacional número 171 de este año.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, basó la medida en la necesidad de reducir la inseguridad y los robos hechos por motoqueros, lo cual generó repudio en distintos sectores, principalmente los motoqueros y los playeros. Estos últimos, según la nueva ley, sólo pueden cargarle combustible a aquellos moteros que cumplan con las exigencias establecidas.
A este decreto se suma un proyecto de ley que implsó el senador Miguel Ángel Pichetto el año pasado para impedir que los motociclistas lleven un acompañante masculino. Por otro lado, en el Concejo Deliberante de Córdoba existe una iniciativa para que los motociclistas directamente no puedan ingresar al microcentro en determinados horarios.
Ver también: Motociclistas de Córdoba protestaron contra proyecto que no los dejará ingresar al centro
Desde el Frente de Izquierda se presentó un proyecto en la Legislatura para rechazar el decreto 171 e instar a los diputados nacionales por Córdoba a que exijan su derogación.
Integrantes de la Asociación Civil de Motociclistas de Córdoba (ACMC) plantearon en la reunión que en Córdoba se intentó aprobar una ley similar hace seis años. “Esta ley viola un montón de artículos de la Constitución y pactos internacionales que plantean que no se puede numerar a las personas en su cuerpo ni en sus prendas. También se pierde la presunción de inocencia”, explicó Roxana. “En la Provincia de Buenos Aires ya tienen una ley de patentamiento de cascos y chalecos, pero en el proyecto de Pichetto no hay datos de Buenos Aires que indiquen si sirvió para lo que ellos dicen que serviría”, agregó.
El legislador Eduardo Salas, del PO-FIT, indicó que el objetivo de esta ley es controlar cada vez mas a la población. Agregó que la Provincia tiene que emitir una adhesión a la ley nacional para poder instaurar la medida y que, en ese sentido, las medidas en las calles que vienen realizando los motociclistas son la mejor manera de expresar el repudio. “Son todas iniciativas para controlar a un pueblo que sufre las condiciones de ajuste en las que vivimos, al igual que la División de Inteligencia Antiterrorista que creó la Policía el miércoles”.
Una medida contra los pobres
Paulo Graglia, presidente de la ACMC, enfatizó que los integrantes de la Asociación “usamos la moto porque nos gusta, salimos de viaje en la moto. Pero el 70 % de los motociclistas la usa porque no le queda otra, porque no les alcanza para comprar un auto”. Cuestionó además los costos de los diversos trámites, que impiden a la mayoría de los usuarios de motos estar “legales”. “Una moto chica modelo 2008 puede salir $5.000, pero la transferencia de papeles sale $2.500. Si la gente no hace el trámite no es por una cuestión cultural sino porque no le alcanza”. Desde la Asociación han llevado la propuesta al gobierno provincial de créditos del Banco de Córdoba para hacer el patentamiento o la transferencia, pero nunca obtuvieron respuestas positivas. “Los $500 que va a salir el patentamiento del casco y del chaleco equivalen a dos años de patente, es una locura”.
Los integrantes del Sindicato de Conductores de Motos, que agrupa a trabajadores de delivery, cadetes y mensajeros, indicaron que en las últimas semanas han sufrido presiones por parte de la Policía en los controles que se establecen en diversos puntos de la ciudad. “Con las movilizaciones que hemos hecho se han intensificado los controles, a los chicos los paran 20 minutos o media hora y hubo varios casos de abuso de autoridad por parte de los policías”. Agregaron que hoy presentarán una denuncia por estos casos.
Estigmatización del conflicto social
Promediando la reunión se hizo presente la legisladora Mabel Serafín, del Frente Cívico, que forma parte del interbloque Cambiemos. Cuando se le consultó su opinión, planteó que la protesta en sí misma “no ayuda en este momento, todos estamos preocupados por la inseguridad y hay que hacer propuestas alternativas”.
A esto le respondieron integrantes de la Comunidad de Motociclistas. “El ’conflicto social’ lo genera el mismo gobierno al no dar respuestas a la falta de trabajo y la pobreza. Los reclamos del pueblo no son ’conflicto social’, es un reclamo legítimo ante los ataques del gobierno. No pueden decir que esta política no nos criminaliza cuando en todos los medios nos llaman ’motochorros’”, indicaron.
Graglia agregó que fueron recibidos por asesores de la ministra Bullrich cuando ya se había firmado el decreto. “Nos dijeron que no servía de mucho porque ya estaba todo cerrado. Después les mandamos mensajes pero nunca contestaron. Nosotros llegamos a esta instancia de protesta en las calles porque se agotaron los canales de diálogo, no por un capricho ni porque tengamos mal genio”.
Desde el PTS-FIT, la legisladora Laura Vilches y Javier Musso apoyaron el reclamo de los motociclistas. “Los proyectos de los gobiernos nacional, provincial y municipal son una medida más de control social. Buscan criminalizar aún más a los trabajadores y sectores empobrecidos de la población, como lo hacen con los retenes policiales que impiden que los jóvenes de los barrios ingresen al centro y con la figura de ’conducta sospechosa’ del Código de Convivencia. La responsable del gran delito organizado es la misma Policía, como se demuestra en cada caso de narcotráfico, trata de personas o desarmaderos de vehículos”.
