Cordobesismo: Modelo para desarmar. "Córdoba aportó muchísimo al cambio climático global y el gobierno es responsable”

LID: Se dice que en la actualidad en Córdoba solo queda un 3% de bosques nativos. Según tu mirada, ¿qué responsabilidad tiene el modelo económico que sostiene Hacemos por Córdoba en este resultado?

JD: Creo que ésta responsabilidad se expresa claramente en el poder institucional que fue ganando un bloque hegemónico de poder económico. Por un lado, el sector constituido por la Cámara de Empresarios Inmobiliarios y Desarrollistas Urbanos, con su modelo extractivista-inmobiliario-urbano de barrios cerrados, acaparamientos de tierras para la especulación inmobiliaria metropolitana y el manejo del precio de la tierra. Esto consolidó una segregación o auto-segregación en barrios cerrados o guetos de elite, hasta el modelo country donde hay una regulación para beneficio del mercado. A su vez, la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba, una cámara empresaria que también logró una institucionalidad muy fuerte durante el gobierno de Hacemos por Córdoba. La cámara minera tiene un proyecto fuertísimo que está ampliamente territorializado en las Sierras Chicas (por ser la primer frontera entre la región pampeana y extra- pampeana): el plan de remineralización. Este se propone reemplazar un proceso natural de voladura de polvillo de las sierras (que se va depositando poco a poco y mineralizando naturalmente los suelos), por un proceso completamente industrial de fertilización conducido por un complejo empresario que tiene a la cabeza un grupo muy pequeño de empresas mineras concentradas en el Valle de Paravachasca y en los Valles de Sierras Chicas. Estas producen fertilizantes minerales, triturados graníticos y arenas minerales o rocas trituradas muy pequeñas que se utilizan en la construcción de grandes infraestructuras u obras públicas como puentes, autovías, rutas, anillos circunvalares, etc. Ese proyecto busca llevar al plano nacional la producción de fertilizante de origen mineral a partir de un marco legal normativo que se implementó en la provincia de Córdoba junto con el Ministerio de Producción desde 2005. Estos sectores mineros lograron que en el art. 37 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia de Córdoba se estableciera que se puede realizar la minería en cualquier categoría de conservación de los bosques nativos escasos que quedan. Y acá hay algo muy alarmante: en los estudios recientes en las áreas serranas se muestra que está quedando menos del 1% de los bosques naturales, a lo que hay que sumar la acción de los incendios. Si lo vemos a escala provincial, los bosques que quedan ya no son el 3% de bosques naturales (es decir, que no llevan más de 80 años de alteración) y alrededor del 21% de bosques en estado de renoval (que han sufrido un impacto ambiental y que constantemente están renaciendo a partir de las especies pioneras, colonizadoras en la sucesión del bosque) o donde también se desarrollan actividades silvopastoriles; sino que estamos en un estado de menos del 2% para los bosques naturales y del 12% de bosques en estado de renoval. Esto es importante porque la cámara de Empresarios Mineros logró con el artículo 37 de la Ley de Bosques que puede hacer el cambio de uso del suelo en cualquiera de esas categorías. Y eso se hizo en el año 2008 y se empezó a implementar -más allá de las demandas judiciales que se presentaron- desde el 2012 con la actualización de la cartografía de la Ley de Bosques. Esto se expresó en el proceso de acaparamiento y de intento de cierre de caminos públicos: los caminos que ingresan a Casa Bamba, por ejemplo, los caminos que fueron cerrados por empresas mineras en localidades como La Calera, La Cruz y los caminos cerrados en Villa Allende y que sigue intentando avasallar la mega-minera Gran Ombú. Y acá necesitamos empezar a usar nuevas categorías y llamar a las cosas por su nombre: la minería de canteras que se desarrolla en Córdoba ya no es más de baja escala. Las canteras pequeñas que quedan son canteras de producción de áridos que sí terminan favoreciendo la restitución del bosque cuando se agota el reservorio, se deja de explotar y el monte “vuelve solo” a esos espacios. Con mega-minería de cantera nos referimos a empresas muy pequeñas en cantidad, aunque no en acciones articuladas con el agronegocio a nivel nacional, que buscan remineralizar el área pampeana y extra-pampeana con establecimientos productivos mineros de miles de hectáreas. Cabe agregar que la provincia de Córdoba tiene el segundo puesto en el “ranking” de los cráteres más grandes que tiene la Argentina: después del cráter de la de la minera La Alumbrera, (que es el único y más grande de producción mega-minera metalífera a cielo abierto existente en el país) siguen todos los cráteres de lo que estamos dando en llamar la “mega-minería de canteras”, que son cráteres de cientos de hectáreas. Son cerros que pasaron a ser enormes pozos con lagunas en sus interiores que surgieron producto del afloramiento del nivel freático y de inundaciones por la quita de todo el bosque en los alrededores tras la explotación minera. A medida que se van cerrando los frentes de explotación, el agua de esos reservorios empieza a ser utilizada para que sirvan como espacio recreativo de las élites que adquieren inmuebles que empiezan a consolidarse en barrios cerrados y complejos edilicios en torno a los cráteres, como vemos en La Calera. Y aquí viene la otra pata del bloque de poder que muchas veces está articulada con el blanqueo de capitales de la renta del agronegocio y de la renta sojera en grandes inversiones especulativas para reactivar una nueva manera de acumular y de reproducir capital aquí en Córdoba: transformar los grandes cráteres mineros en grandes proyectos urbanos. El más importante es el de La Deseada y sus cinco barrios cerrados en la localidad de La Calera. Esta es un área donde los renovales de bosque nativo empezaron a ganar lugar en el paisaje en las últimas décadas, después de abandonados los frentes de explotación de Minetti en la década del 60-70 y las canteras ubicadas en los alrededores de la Laguna Azul y la Laguna Verde. Allí se empezó a producir la compra especulativa por parte de empresas relacionadas al grupo de Marcelo Tinelli, primero, y al grupo Euro Mayor, después. Actualmente el blanqueo pleno de capital y lo que cierra la articulación con los grupos del agronegocio es la inversión de una empresa del agronegocio muy importante del centro-norte de la provincia, con localidad en Colonia Caroya y Jesús María, que adquirió todo este proyecto y junto al grupo inmobiliario Arribas activó este loteo. Estamos ante un modelo extractivista basado en la explotación y destrucción de los ecosistemas para favorecer la reproducción del capital.

LID: ¿Cómo ves la integración nacional y trasnacional del modelo económico cordobés?

JD: Creo que en Córdoba vemos un modelo extractivista trasnacionalizado, que ya lleva varias décadas desde la introducción en los ‘90 de la soja y el maíz genéticamente modificados que permitieron a Córdoba ubicarse como uno de los principales territorios abastecedores de soja. Este modelo requiere crecientemente rutas y autovías para facilitar la circulación de bienes entre estas áreas mediterráneas y las zonas costeras y portuarias como el río Paraná y las salidas por los puertos de Chile. Hay un modelo para la exportación de commodities agrarios, bienes industrializados y de productos mineros. A nivel nacional, este modelo cumple un rol clave para la comercialización en provincias limítrofes de recursos pétreos para la construcción de puertos, rutas y autovías así como para el abastecimiento de otros extractivismos: las Sierras de Córdoba aportan gravas y arena para que se produzca el fracking en Vaca Muerta y el extractivismo de litio en la cordillera. Boetto y Buttigliengo está construyendo las autovías aquí en las sierras y a su vez lleva a cabo la construcción de infraestructura para la extracción de litio en la cordillera de los Andes, en el salar del Hombre Muerto. Grandes empresas constructoras de infraestructuras de Córdoba como Astori están desarrollando grandes infraestructuras en otras provincias para fortalecer el circuito de circulación de los bienes. Por esto el modelo económico provincial sigue necesitando de una mayor conexión con otros territorios. Uno de los efectos es la realización de las autovías: la de Paravachasca o Ruta 5, la de Punilla o ruta nacional 38, la del segundo anillo de circunvalación que uniría Juárez Celman con Unquillo, Villa Allende, La Calera y Malagueño, las autovías para cruzar hacia San Luis, los proyectos para seguir con la autovía hacia traslasierra, todos buscan ampliar la conectividad de un modelo económico extractivista que solo se basa en destruir los territorios locales.

LID: En tus estudios planteaste que el modelo de gobernanza usado en el 99% del territorio protegido no garantiza la conservación ni contempla la participación como mecanismo institucionalizado. ¿Qué tipo de políticas desarrolla el Gobierno y cuáles son sus efectos?

JD: En los últimos años del Gobierno de Hacemos por Córdoba se lograron una serie de leyes que vienen a “tratar de frenar el desmonte” pero que terminaron afianzándolo como un proceso de despojo inmenso. Porque las familias que viven en el monte después de cada incendio muchas veces se van, otras tantas se quedan resistiendo a quienes van a tratar de comprar el campo, con títulos truchos o con órdenes de desalojo porque saben que la tenencia es precaria y no está basada en títulos sino construida desde la ancestralidad y la pre-existencia al Estado. Los ámbitos legales vigentes en relación a los incendios, que son los que han devorado el bosque nativo en la última década pero con mucha más fuerza los últimos dos años con las más 500.000 hectáreas quemadas en toda la provincia (recordemos que entre fines de 2019 y el 2020 se quemaron más de 400.000 hectáreas y entre fines de 2020 y lo que va de este año, se han quemado más de 95.000 hectáreas en la provincia), establecen que no se puede cambiar el uso de la tierra después de producidos los incendios. Y aquí está el otro meollo de la cuestión en materia de responsabilidad del gobierno de la provincia de Córdoba: no hay control. Hay investigaciones sobre la complicidad entre agentes del Estado, como por ejemplo la propia Secretaría de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, agentes de Defensa Civil, los cuerpos de bomberos voluntarios con cargos rentados por el Estado que tuvieron complicidad en hechos acaecidos en los incendios. Luego de los incendios en Río Ceballos, en el Norte de Córdoba el año pasado y del anteaño en el Camino San Fernando y en la zona de la Reserva Natural de Villa Allende, todos esos territorios quedaron sujetos al cambio de uso del suelo y una enorme presión ganadera, minera y desarrollista inmobiliaria. Pongamos un ejemplo: ¿cuántas veces se quemó todo el predio donde se está desarrollando el emprendimiento inmobiliario de la Deseada en La Calera? ¿Cuántas veces se quemaron los campos alrededor de La Calera entre la Reserva Natural Militar La Calera y el centro urbano de la ciudad La Calera? Se quemaron decenas de veces en los últimos 20 años, dejando al bosque nativo destruido y con enorme riesgo de inundaciones en las bajadas de agua de los arroyos en Cañada de Molina y Calera, el Arroyo de la Mesada y la Ronda de San Fernando, que es agua hacia el Este y que van a parar a las localidades Villa Allende. No nos olvidamos de todos los incendios que quemaron gran parte de la cuenca del río de Los Quebrachitos en Unquillo y que tuvieron un corolario tan enorme como las grandes inundaciones de los últimos años. O las sequías y elevadas temperaturas del último verano. Estamos asistiendo a un modelo de desarrollo y de despojo forjado a partir de tres grupos concentrados de poder centrales en la provincia de Córdoba: el inmobiliario y desarrollista urbano, el minero y el del agronegocio e industria. Un bloque de poder inmenso que está sostenido por agentes de la Secretaría de Minería, del Ministerio de Agricultura de la Provincia, de Vialidad Provincial ejecutando cierres y aperturas de caminos y calles para el negocio inmobiliario y negocios mineros, ganaderos y agrícolas. Este modelo también generó el desplazamiento de actividades agropecuarias y ganaderas que no necesariamente están relacionadas a la agroindustria o el avance de la frontera de la soja y que tiene que ver con meter la ganadería cada vez más en el monte. Desplazan a las familias que viven con su poco ganado en los territorios de Villa Alberina, Villa Colimba, de Copacabana, de Ischilin, de Ongamira. Al gobierno le cabe toda la responsabilidad de esta situación. A su vez, el escaso control que se aplica tiene el freno de que las multas o las sanciones no pasan del área de Policía Ambiental, como reconoció en un documento público la gente de Policía Ambiental: ellos van y hacen los controles, se pagan las multas e igualmente se cambia el uso de la tierra. El gobierno es responsable porque a nivel nacional tenemos un marco normativo que establece que no se puede cambiar el uso del suelo en los territorios categorizados como rojo y amarillo, y en Córdoba sí se puede con los artículos 14 y 37 de la ley de Bosques que establecen que las obra de “interés público” y el uso minero ameritan cambio de uso del suelo. La responsabilidad de gobierno es plena: “progreso cordobesista” fundado por ese extractivismo institucionalizado que está hecho bajo la autorización del Estado Provincial.

LID: ¿Qué consecuencias ambientales tiene el proceso que estás describiendo?

JD: En términos de consecuencias ambientales, vemos que cada uno de los cercos olímpicos, sea un barrio cerrado, un alambrado en un barrio abierto con seguridad, sea el alambrado de un gran campo de extractivismo minero, etc. fragmentan los corredores biológicos. También lo hacen la enorme cantidad de autovías y rutas que no se planificaron integradas con la vida. ¿Por qué hacer en la variante Costa Azul una autovía semejante? Y no reparar en que antes de que esté la autovía cruzaban por ese espacio las corzuelas, los zorritos, las comadrejas que ahora terminan atropellados. La primer consecuencia es la ruptura de la trama en las relaciones de la vida con la vida, con la tierra, con el agua, con lo que da vida, con lo vivo humano y extra-humano. La segunda consecuencia son las inundaciones, las sequías y la inestabilidad climático-ambiental que es cada vez peor aquí en Córdoba. Si la provincia de Córdoba tiene la última aparatología para establecer los sistemas de medición climática, el estado atmosférico del tiempo, ¿por qué niega la existencia de un enorme avance sobre los bosques nativos, de una impermeabilización con el negocio urbano cada vez mayor de los bosques y una mayor oportunidad de escorrentía superficial en cada tormenta que derive en inundaciones, aún en áreas que jamás se inundaron? ¿Por qué no instrumentar y llevar adelante un proceso no sólo de medición, sino de control, haciendo que los espacios donde haga falta poner cemento también tengan un espacio para absorber el agua, un espacio para que crezcan las especies nativas del bosque nativo, sea del espinal, del chaco serrano, del romerillar. Lejos de eso, la consecuencia de la pérdida de los bosques es la pérdida de la biodiversidad, que a su vez repercute en los cambios climáticos. Córdoba aportó muchísimo al cambio climático global: estamos entre los seis territorios a nivel mundial que más aportaron con desmontes en las últimas décadas. “Hacemos por Córdoba un desastre ambiental”.

LID: Frente a todo esto, ¿qué visión tenes de la acción del amplio movimiento ambientalista que tiene sus diversas expresiones en la provincia?

JD: Si estamos hablando de un conjunto de despojos y efectos cada vez más fuertes en los ambientes locales, por suerte tenemos luchas que brotan. Con mayor o menor fuerza, las luchas de las asambleas de vecinos inundados, las luchas de las asambleas de vecinas y vecinos de Paravachasca, de Sierras Chicas, de Punilla, Centro, de Punilla Norte. El trabajo incansable de apicultoras y apicultores, agricultores familiares, diferentes elaboradores de productos y alimentos agroecológicos, en cada uno de los campos, en cada una de las marchas, en cada uno de los rincones de la provincia están haciendo ver que el modelo económico extractivista no va a destejer la relación entre la sociedad y la naturaleza aquí en Córdoba. Si vemos las características que tienen las luchas y los conflictos por las megaobras, la primera es que ya no se piensa en tejidos a nivel provincial como en la década pasada del 2010. La Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo fue un tejido muy fuerte que intentó frenar la ley de bosques. Actualmente está sumamente desactivada la organización y el entramado a nivel provincial, pero eso no quiere decir que a nivel provincial se haya terminado con la lucha y la resistencia. Hubo leyes que dividieron a ese espacio como la ley agroforestal y la ley de las “buenas prácticas agropecuarias”, que en muchos casos vienen a enmascarar un extractivismo que se piensa desde el “capitalismo verde”, y que terminó dividiendo las luchas locales, institucionalizando a algunas, como el movimiento campesino en Córdoba. Con todo el respeto que amerita el proceso y la lucha que llevan adelante, también disgregó muchísimo su ida de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo ese proceso y obligó a algo que lo venimos debatiendo hacía mucho: que la organización de una lucha y un entramado colectivo en defensa de los territorios a nivel provincial, con todas las diversidades asamblearias, ambientalistas por la vía de las ONG existentes, colectivos eco-feministas eco-socialista, colectivas relacionadas a un movimiento LGBTIQ+, debieron volver a lo local. Porque mientras se estaba discutiendo y resistiendo a la ley de bosques que se buscaba actualizar allá por el 2016-2018, en cada territorio local metieron un montón de proyectos para destruirlo todo. Se incendió a todo desde el 2016 hasta el 2020. Se lo destruyó con mega-obras a cada uno de los territorios donde se negó la participación ciudadana en las asambleas públicas. Se frenaron los procesos de reglamentación de las áreas de conservación y las áreas protegidas en los territorios locales. Se destruyeron las políticas que habían logrado institucionalizarse en pequeñas comunas y municipios a través de Consejo Consultivo Ciudadano. Todo eso se interrumpió por fijarnos mucho más en frenar una ley y no ver que territorialmente se estaban destruyendo los territorios y las cuencas locales. Cuando nos dimos cuenta con todos esos proyectos y esos procesos avanzando en los territorios del sector minero, el sector desarrollo urbano, el sector del agronegocio, tuvimos que volver a reorganizarnos en local, en los territorios. Los conflictos por las megaobras son algo que ha ocupado mucho el espacio en la prensa, en la comunicación colectiva y en la organización. Que se haya estado tratando de frenar a las máquinas en pleno proceso de desmonte en Paravachasca, es una necesidad de quienes en las comunidades locales también nos están dando un llamado de atención. Duele mucho al ver los acampes con poca gente, o al ver a esa poca gente aún poniéndole el pecho en las máquinas y pedir que se sumen todas las personas que puedan sumarse. Porque cuando no se las puede frenar, vienen otras máquinas peores, que son las que llevan detenidos a compañeros y compañeras. Esto no sólo ocurre ante el avance del extractivismo, obviamente que las luchas obreras y sindicales atraviesan y han atravesado estos procesos históricamente. Pero pareciera ser que en Córdoba también hay una cerrazón importante para plantear que el modelo económico extractivista que está dominando la provincia es dañino y necesita ser frenado. ¿Cómo se frena a las máquinas?¿Cómo se frenan los proyectos? Pero también, ¿cómo se construyen estrategias, alternativas, propuestas? O se afianzan los procesos que ya vienen dándose y que dan cuenta de que también podemos vivir produciendo el alimento localmente, ordenando los territorios de manera local. ¿Por qué no fortalecer también la salud pública en los territorios locales? Se necesita fortalecer la participación ciudadana informando previamente todas las implicancias buenas y malas que pueden tener los grandes proyectos.