Durante la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, resaltaron los temas de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y el de la propuesta de regresar las corridas de toros a la Ciudad de México.
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Viernes 8 de diciembre de 2023
El primero deriva de la detención de René Gavira, ex director de Administración y Finanzas de Segalmex en la Ciudad de México. Gaviria, al igual que otros 22 servidores públicos, son investigados por el desvío de alrededor de 20 mil millones de pesos de los recursos de la dependencia mencionada, mediante la compra simulada de 7.8 toneladas de azúcar.
Al respecto, AMLO dijo: “Me importa mucho este asunto porque es el único caso que hemos tenido de corrupción y nuestros adversarios que están manchados por la corrupción quisieran utilizar esto para poder decir también en el gobierno de la transformación o donde se sostenía cero corrupción y cero impunidad, ahí está”.
Sin embargo, este no sería el único caso de corrupción e impunidad en el sexenio de la 4T. No olvidemos que los hechos de corrupción no solo contemplan aquellos de desvío de recursos u operaciones financieras ilícitas desde el gobierno, sino también los que tienen que ver con el tráfico de influencias para lograr impunidad de personajes que han cometido delitos.
Sobre esto último un caso emblemático de este gobierno es el de la impunidad de altos mandos militares en el caso Ayotzinapa. Además de ello, tras la revelación de documentos por parte de los Guacamaya Leaks en 2022 se dio ventiló que el hijo de AMLO, José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams, habitaban propiedades en Houston, Texas y la Ciudad de México, que fueron adquiridas a contratistas de Pemex a través de presta nombres.
Aparte, el gobierno de AMLO ha brindado inmunidad diplomática a exgobernadores priistas como Quirino Ordaz Coppel (Sinaloa), acusado de corrupción pero designado como embajador de México en el Estado Español por el gobierno de la 4T.
Para rematar con la impunidad en este sexenio un Tribunal absolvió de manera definitiva a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido de la función pública en el caso de la Estafa Maestra, el cual, hay que recordar, fue un esquema de corrupción mediante el que 11 dependencias federales desviaron más de 3 mil millones de pesos a través de universidades y empresas fantasma durante la administración de Enrique Peña Nieto.
No obstante, en el proceso que derivó en su encarcelamiento durante solo 3 años, nunca le imputó algún delito financiero. Esto significa que la Fiscalía no investigó a las empresas fantasma, ni sus respectivas cuentas bancarias, ni las finanzas de los funcionarios involucrados, y mucho menos el destino final de los recursos públicos desviados. Tampoco inició procesos en contra de algún otro exsecretario de Estado.
Ahora bien, respecto a las corridas de toros, AMLO, como siempre, dio una salida salomónica al asunto diciendo que se debe hacer una consulta en la que la población decida si dichos eventos regresan o no a la Ciudad de México.
El caso de la suspensión definitiva de las corridas de toros en la Plaza México fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hace unas semanas para ser resuelta por la Segunda Sala, quienes determinarán si se reanudan estos espectáculos violentos y anacrónicos que benefician a un pequeño grupo de élite. Dicha resolución marcará un antecedente que podría beneficiar o afectar la situación jurídica de los animales en México.
Las corridas de toros son una práctica barbárica que violenta los derechos de animales al torturarlos públicamente hasta la muerte para deleite de personas adineradas. En dichos eventos se juegan, también, grandes intereses económicos.
La Ministra Yasmín Esquivel fue la encargada de presentar el proyecto para resolver este caso donde desgraciadamente se propone regresar las corridas de toros a la Plaza México.
Se trata de un negocio que se da sobre la base del sufrimiento extremo de seres vivos exhibidos en un espectáculo totalmente morboso, por lo tanto, no es un asunto que deba ser sometido a consulta. Como en este y otros casos que involucran derechos que deben reconocerse sin dudar, pero cuya defensa confrontaría al gobierno con un sector de la burguesía sumamente conservador, AMLO decide no tomar partido.
