El pasado viernes, un joven de 16 años apareció muerto en la Comisaría del Menor de la Ciudad de Villa Mercedes. Desde que comenzó la cuarentena, ya son dos las muertes “dudosas” en las comisarías de la provincia, a las que se suman miles de casos por abuso de autoridad y golpizas policiales.
Miércoles 29 de abril de 2020 12:54
En los 40 días que la Provincia de San Luis lleva de confinamiento social a causa del COVID-19, ya se registraron dos supuestos “suicidios” en medio de detenciones por “violar la cuarentena”, y ninguna muerte por coronavirus.
El viernes por la noche, la familia de un joven de 16 años se enteró que el adolescente estaba muerto cuando fueron a buscarlo a la Comisaría del Menor de la Ciudad de Villa Mercedes, luego de que un móvil policial lo detuviera en el Barrio Santa Rita de Casia por una supuesta violación al aislamiento obligatorio.
Este hecho se suma al caso de Florencia Magalí Morales, quien hace semanas atrás también fue encontrada muerta en una celda de la Comisaría N° 25 de la Localidad de Santa Rosa del Conlara, luego de haber sido detenida por circular en bicicleta mientras iba a comprar alimentos para sus hijos y su nieta en pleno día.
Las versiones de la familia del menor contradicen las pericias oficiales que se han realizado. Según lo consignado por la médica forense que hizo la autopsia, la causa de la muerte fue una asfixia por ahorcamiento, sin que el cuerpo registrara signos de violencia. Sin embargo, tanto la madre como la hermana del adolescente, señalaron en redes sociales y ante la prensa local que había sido golpeado por el personal policial.
“Cuando llego a la policía, me dicen que mi hijo había sido arrestado por violar la cuarentena. Les pedí que me dijeran dónde y me dieron la dirección de la vereda de mi casa. Yo estaba firmando los papeles y vi que todos empezaron a corretear en la comisaria. Eran cerca de las 23:00 horas y vi llegar a la morgue primero y, luego, llegó la ambulancia, pero a mí no me dieron ninguna información hasta las 03:00 de la madrugada”, comentó Sandra, madre del joven.
Mientras que su hermana, Vanesa, dijo: “Me hicieron pasar al último calabozo que estaba todo oscuro. Cuando entré, estaba él, sentado en una piedra. La Policía me saca y les dije que ya lo había visto, y me empezaron a decir que le habían hecho primeros auxilios, y ahí los cuestioné, porque él estaba sentado. ¿Cómo hicieron para hacerle primeros auxilios? No se veía nada, me alumbraron todo el tiempo con una linternita, me mostraron el cuerpo que supuestamente no tenía golpes, pero yo vi que su mano estaba morada. Cuando pregunté sobre eso, taparon el cuerpo”.
Lejos de ser un hecho aislado, desde que comenzó el aislamiento obligatorio, el Gobierno nacional y los Gobiernos provinciales, les han dado “carta blanca” a las fuerzas represivas para hacer todo lo que esté a su alcance en aras de garantizar las medidas de prevención sanitaria, sin tener en cuenta las situaciones particulares y los estados de necesidad de millones de personas que viven en barriadas populares y villas, y/o que necesitan salir a ganarse el mango diariamente para alimentar a sus familias.
En San Luis, ya son dos las muertes “dudosas” en las comisarías de la provincia, a las que se suman más de 5.800 detenciones y miles de casos por abuso de autoridad, golpizas, razzias, brutalidad, hostigamientos y persecuciones policiales, evidenciando una escalada represiva que va en aumento y que nada indica que vaya a retroceder.
Menos aún, si los medios de comunicación locales y hegemónicos respaldan este accionar de las fuerzas de “seguridad”, con la excusa de que la cuarentena decretada a nivel nacional se tiene que respetar a rajatabla, sin contemplar a las miles de familias con trabajo precario, no registrado e informal que no pueden "quedarse en casa".
A las consecuencias provocadas por el COVID-19, a la crisis sanitaria, económica y social provocada reinante, no se las va a poder enfrentar con represión y más policías en las calles, sino con testeos masivos; con aislamiento obligatorio selectivo; no pagando la ilegal, ilegítima y fraudulenta deuda externa; con mayor presupuesto para salud, trabajo, salario, jubilaciones y pensiones; prohibiendo realmente los despidos y las suspensiones en los lugares de trabajo; controlando verdaderamente los precios de los productos básicos para la población; centralizando y nacionalizando todo el sistema sanitario y los laboratorios; dándole techo a quien no tiene; y aplicando un impuesto extraordinario del 3% a la riqueza de los grandes multimillonarios, empresarios y terratenientes, a la banca privada y a la Iglesia Católica.
