CATALUNYA. "Dani", el último topo de Marlaska que establecía relaciones con mujeres para infiltrarse en movimientos sociales

El diario digital La Directa vuelve a destapar otro caso de infiltración policial en la izquierda y el activismo social catalán. Un nuevo ataque a los derechos y libertades más básicos, que engrosa el prontuario represivo del Estado que en los últimos años ha dejado, solo en Catalunya, más de 4.000 procesados.

En un detallado reportaje de investigación, La Directa saca a la luz a Daniel Hernández Pons, el nombre ficticio con el que un agente de la Policía Nacional se habría introducido en diversos movimientos sociales de Barcelona desde junio de 2020. Sería, por lo tanto, una operación diseñada y ejecutada plenamente bajo las órdenes del ministerio del Interior del gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

El agente, de origen mallorquín, se acercó por primera vez al centro social ocupado La Cinètika, situado en Sant Andreu del Palomar, un año después de graduarse en la Academia de la Policía Nacional de Ávila.

Para conseguir ganarse la confianza de los espacios y activistas en los que se infiltró, La Directa ha sacado a la luz un modus operandi basado en establecer relaciones sexoafectivas con al menos ocho mujeres. La utilización sin escrúpulos ellas como “puente” les ha generado un importante impacto emocional y han decidido presentar una demanda conjunta contra el topo.

El personaje de Dani ha sido descrito por algunas de ellas como una persona afectuosa, habladora y bromista, con poco discurso político y una vida nocturna muy activa. En sus salidas nocturnas el agente reconoce en algunas conversaciones de Whatsapp haberse puesto muy “taja” o haberse pasado con el consumo de MDMA.

Con este perfil logró disipar algunas sospechas iniciales y participar, según La Directa, de actividades en centros sociales como Can Masdeu, Can Batlló, la Kasa de la Muntanya, l’Ateneu l’Harmonia, la Comunal o la Lokomotiva, así como en diferentes movilizaciones como las manifestaciones contra el encarcelamiento de Pablo Hassel o acciones contra desahucios.

#EspionatgedEstat | L'entorn de les persones afectades pel policia infiltrat denuncia el cas i fa una crida al suport mutu https://t.co/2jk74zld32 La @LaCinetika ha difós un comunicat i el sindicat @CGTCatalunya n'ha publicat un de propi. Per @gemma_g_fabrega pic.twitter.com/HY7kGV9IqW

— Directa (@La_Directa) January 30, 2023

Se trata del segundo infiltrado del ministerio del Interior que sale a la luz en menos de un año. Este verano, también gracias a La Directa, se descubrió el caso de Marc Hernández Pon, un agente que se hacía pasar por mallorquín - en realidad era de Menorca- y logró infiltrarse en la izquierda independentista y el movimiento de la vivienda, participando de reuniones y la vida interna de organizaciones como el SEPC, el Casal Popular Lina d’Ódena o Resistim Gòtic.

Estamos, por lo tanto, ante una práctica que no es una excepción o un caso aislado. El ministerio de Marlaska parece haber asumido este tipo de infiltraciones como una de sus herramientas comunes para la persecución de la disidencia política y la protesta social. Que este tipo de operaciones deban realizarse, según sus propias leyes, bajo mandato judicial y solamente en casos de terrorismo, crimen organizado o tráfico de drogas, no supone ningún problema ante la complicidad absoluta de la Judicatura en el aval de estas y otras prácticas.

Así sucedió con la denuncia del “Catalangate”, el caso de espionaje masivo de los dispositivos móviles de más de 60 políticos y activistas independentistas con el aplicativo Pegasus, llevado adelante por los gobiernos del PP, el PSOE y el de coalición con UP, y que fue archivado por la Justicia en apenas semanas desde que se destapara el caso.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, llegó a justificar este escándalo en el Congreso aludiendo que "¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien declara la independencia?”. Pero también las y los diputados de Unidas Podemos, más allá de los tweets y declaraciones con que han puesto en cuestión estos métodos, terminan avalando y cerrando filas con Marlaska. No olvidemos que en Septiembre, sumaros sus votos a los de PSOE, PP, Cs y Vox para evitar que el ministro del Interior compareciera por la infiltración policial de Marc Hernández Pon, solicitada por ERC, JxCat, PDECat, la CUP, EH-Bildu, BNG y Compromís.

Continua la persecució contra els moviments socials a Catalunya. Les clavegueres de l'Estat segueixen funcionant sota el govern PSOE-UP perquè en són còmplices.

Ni un pas enrere davant la persecució política, social i sindical.

I recordeu: 1️⃣3️⃣1️⃣2️⃣ sempre https://t.co/OKtniQvbmL

— Pablo Castilla (@PabloCastilla00) January 30, 2023

Este tipo de prácticas policiales no son tampoco patrimonio exclusivo de la Policia Nacional y la Guardia Civil. Los Mossos d’Esquadra, bajo governs de JxCat y ERC, tienen también una larga lista. Uno de los últimos casos salió a la luz hace menos de un año, fue la utilización de unidades antiterroristas de los Mossos contra el movimiento del derecho a la vivienda y el independentismo, denunciada por Alerta Solidaria.

El endurecimiento de la persecución de la protesta social y la disidencia política es pues la tónica imperante de parte de todas las instituciones del Régimen del 78 y cuenta con el aval tanto de la derecha y la extrema derecha, como del PSOE y sus socios de “izquierda”, y hasta de los partidos independentistas que, en el caso de ERC, viene de avalar hace unas semanas el endurecimiento del Código Penal con el delito de desórdenes públicos agravados.

Esta máquina de espionaje, infiltración, juicios farsa y miles de procesados y procesadas, solo podremos detenerla con un movimiento antirrepresivo fuerte, con el apoyo de toda la izquierda política y social y que se mantenga independiente de los que con togas, porras o espías nos quieren callados, obedientes y desmovilizados.