Educación. Defensa del presupuesto de la UdeG: ninguna confianza en Villanueva y la burocracia priista

Desde agosto del 2021, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, anunció que se reorientarían 140 millones de pesos que originalmente se ocuparían para construir un museo de la UdeG, para construir el Hospital Civil de Oriente en Tonalá, en el marco del combate al Covid 19. Más recientemente ha justificado su decisión diciendo que ese presupuesto era “un recurso que estaba etiquetado de tal manera que se podía utilizar para otro propósito si el Estado lo necesitaba”.

Por su parte, Ricardo Villanueva, actual rector de la Universidad, militante del PRI y excandidato por el mismo partido para presidente municipal de Guadalajara, declaró que la medida de Alfaro es ilegal e inconstitucional y que atenta contra la autonomía de la Universidad.

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De las Caminatas por la Autonomía han participado el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG (STAUdeG), cuya dirección la ganó la planilla afín al cacique priista de la Universidad, Raúl Padilla, y forma parte de la CONTU, caracterizada por asociar sindicatos propatronales y charros; lo mismo que la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), órgano también priista con métodos porriles y en el cual se forma a los cuadros de los partidos del régimen como el caso del actual rector Villanueva.

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Que las movilizaciones sean organizadas por las propias autoridades y por la burocracia sindical y estudiantil de la Universidad, no significa que no exista un descontento real por sectores de base estudiantiles, académicos y trabajadores así como de la población. No solo por el recorte ejecutado por Alfaro, sino por la situación de precarización que vive la Universidad como reflejo de la situación que atraviesa el conjunto de la educación superior y de la educación en general en el país.

Sin embargo, es importante recalcar que dicho descontento no será resuelto por la casta priista que sobre la base de la construcción de burocracias políticas y sindicales ha controlado por décadas las universidades, reprimido, cooptado y desviado las movilizaciones de las comunidades universitarias.

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Las autoridades exigen más presupuesto al gobierno de Guadalajara, pero no dicen nada de los altísimos salarios que perciben. Los rectores de los Centros Universitarios ganan entre 81 mil y 160 mil pesos al mes, como puede verse aquí.

Ricardo Villanueva es parte de los 637 funcionarios de la educación que perciben más de 166 mil pesos mensuales (el sueldo del Presidente López Obrador). ¿Realmente esta gente está preocupada por el derecho a la educación, la creación de infraestructura y el salario de los trabajadores y docentes? Si así fuera, ¿no habrían ya empezado por reducir sus salarios estratosféricos que contrastan brutalmente con el de los trabajadores de a pie?

Enrique Alfaro generó una discusión falsa cuando reorientó el presupuesto de la UdeG hacia el sector salud, pues el mensaje que transmite es que no alcanza para ambos sectores y que la salida es priorizar uno sobre otro. Sin embargo, su sueldo en el 2019 fue de más de 93 mil pesos y en los tres primeros trimestres de 2021 gastó tan solo en la nómina de las dos oficinas que dependen directamente de su gobierno, más que en 15 dependencias y organismos públicos.

Durante los últimos años, gobernadores, rectores y el gobierno federal han participado en un debate interminable sobre quién tiene la responsabilidad de la crisis presupuestal de las universidades. Todos se apuntan unos a otros, que si las autoridades se deberían bajar los salarios, que si el gobierno federal debería destinar más presupuesto a las universidades estatales o si los gobiernos estatales deberían resarcir el tremendo desfalco y desvío de recursos.

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El caso de la UdeG está inserto en este debate que los representantes de los partidos del régimen ocupan para fortalecerse frente a las comunidades universitarias y las poblaciones, ya sea con el discurso de la defensa de la “autonomía universitaria” en el caso de Villanueva o denunciando a la casta parasitaria de la rectoría dirigida por Raúl Padilla, en el caso de Alfaro, pero de fondo, ninguna de las facciones busca una verdadera salida para defender el derecho a la educación del pueblo pobre y trabajador.

Sumado a esto, el PRI fue el responsable hasta el 2018 de pasar las políticas neoliberales que avanzaron en la desfinanciación, tecnificación y elitización de la educación en general y de las universidades en particular. No puede depositarse ni una pizca de confianza en que ahora serán quienes “salven” a la UdeG de los recortes presupuestales.

Los y las estudiantes, docentes y trabajadores que genuinamente salen a las calles para defender la universidad, necesitan una política y un programa propios, independientes al PRI y a las burocracias del FEU y el STAUdeG, al gobierno de Alfaro y al resto de partido del régimen. Levantando la demanda de reducción de los salarios de los altos funcionarios, incremento del presupuesto a la UdeG y a la educación en todo el país y que el mismo sea administrado y controlado de manera democrática por la comunidad universitaria.