Consecuencias de la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana, defensa del derecho de asilo, censura contra las conferencias matutinas y nuevas acusaciones contra abogados de familiares de Ayotzinapa.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Jueves 11 de abril
Esta conferencia de prensa inició con el caso de Ecuador. López Obrador dio a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha presentado la denuncia en contra de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia.
“Hoy vamos a presentar la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia y se va a exponer en qué consiste esta denuncia por el asalto a nuestra Embajada en Ecuador”, señaló el mandatario.
El fin de esta medida es que el gobierno de Noboa rinda cuentas ante el atropello a la embajada de México en Ecuador, de acuerdo con la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena.
Los reclamos presentados por México ante la Corte Internacional de Justicia por: juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño, la suspensión de Ecuador como integrante de las Naciones Unidas, hasta no emitir una disculpa pública, juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la carta, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado para imponer la expulsión, establecer el precedente de que cualquier nación que actúe, tal como Ecuador, debe ser expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas, evitar la repetición de estos casos ante el Consejo General de la ONU.
La canciller señaló que no está descartada la posibilidad de imponer una acusación de tipo penal en contra de Ecuador, por el daño a la integridad de varios funcionarios de la embajada.
A su vez, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), explicó que México sí tenía la posibilidad legal de brindar asilo a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador.
Como señalamos en esta nota, “independientemente de las causas penales contra Jorge Glas y de no coincidir en nada con él, ni con el correísmo ecuatoriano, debemos repudiar la injustificable e ilícita intromisión a la embajada mexicana y defender el derecho de asilo”.
Respecto a la solicitud de la candidata del PRI-PAN-PRD Xóchitl Gálvez, ante el Instituto Nacional Electoral para que se cancelen las conferencias matutinas en el Palacio Nacional porque favorecen a Claudia Sheinbaum, la candidata del Morena, López Obrador declaró que los opositores tienen el derecho a denunciar, pero considera que “silenciar a su gobierno sería inconstitucional”.
Hay que señalar que el INE sigue alineado con la oposición de derecha y busca favorecer la candidatura de Gálvez. Pero lo cierto es que todos los espacios en medios de comunicación -entrevistas, líneas editoriales de noticiarios, pautas publicitarias otorgadas por las elecciones-, actos públicos y presencia en redes sociales son utilizados tanto por la oposición de derecha y el gobierno para publicitarse. No es así para las organizaciones de izquierda y de trabajadores, que están proscriptos por el antidemocrático sistema electoral mexicano.
Consultado por el caso Ayotzinapa, López Obrador desmintió que la Sedena oculte la información del caso Ayotzinapa. “Es toda la narrativa que han creado los pseudo defensores de derechos humanos que están atendido este asunto de ayotzinapa (…) con el propósito de machar al ejército”, arremetió el mandatario.
Sostuvo que su gobierno ha promovido una ‘investigación seria’ sobre el caso Ayotzinapa y ‘no hay impunidad para nadie’. “Es muy distinto a todo lo que de manera perversa, en contra del Ejército, están manejando estas organizaciones pseudo defensoras de derechos humanos y vinculadas a organismos internacionales que tienen diferencias con nosotros”, destacó López Obrador.
Así busca el gobierno dividir a las y los familiares de Ayotzinapa de sus representantes legales, al tiempo que defiende incansablemente al Ejército como institución, que no solo está vinculado a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y a la masacre de Iguala, sino que permanece impune ante los crímenes de lesa humanidad de la Guerra Sucia, de la masacre de Tlatelolco, del Halconazo, de Aguas Blancas y tantos otros casos.
Ante esta situación, y cerca de los diez años del caso Ayotzinapa, es necesario impulsar un amplio movimiento democrático por juicio y castigo contra los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes y la masacre de Iguala, contra la militarización y los feminicidios, que aglutine a trabajadoras, trabajadores, familiares de desaparecidos, movimiento de mujeres, jóvenes y sectores populares, organizaciones de derechos humanos, sociales y de izquierda.
