La Organización de las Naciones Unidas examinó el quinto informe periódico presentado por Argentina. Las conclusiones dan cuenta de un “estado persistente” en la violación de derechos elementales.
Lunes 18 de julio de 2016 16:23
Foto: Procuvin
Se trata de las observaciones finales que el Comité de Derechos Humanos realizó en base a la revisión detallada del quinto informe periódico presentado por Argentina, uno de los 168 Estados Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La conclusión de este examen da cuenta de un estado persistente en la violación de los derechos humanos. De este examen surgen dos grandes tópicos: las deficiencias y límites en los procesos de memoria, verdad y justicia expresados en los juicios de lesa humanidad y el avance sostenido de políticas represivas que fortalecen el aparato punitivo ya sea en su aplicación formal (prisión preventiva, criminalización del aborto, etc.) como en su faz infralegal (torturas, sistema penitenciario criminal, detenciones ilegales).
Este rasgo y doble estándar de aplicación del poder punitivo es el núcleo duro del aparato represivo del Estado capitalista.
Concretamente el análisis del Comité da cuenta de la situación de virtual parálisis en que se encuentran los procesos de justicia contra los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país durante la última dictadura cívico-militar. Además pone en cuestión el desmantelamiento de ciertas aéreas que están involucradas en el proceso de memoria, verdad y justicia.
Quedó además en el centro de escena la responsabilidad del Estado en el monumento a la impunidad en que se convirtió la causa por la segunda desaparición de Julio López y se hizo evidente el manto de impunidad sobre los sectores civiles (empresarios y mediáticos) participes del genocidio.
En el caso de violencia de género lo expresado por el Comité pone en evidencia que esta problemática no ocupa un lugar real, que se traduzca en medidas efectivas y concretas, en la agenda de la clase política que detenta el Estado. Las pocas medidas que se han tomado desde hace años han tenido un carácter superficial, demostrando que muchas declamaciones fueron producto de demagogias mediáticas, ya que los diferentes gobiernos no han implementado las medidas urgentes que se necesitan al respecto. Por otro lado las diferentes iniciativas legislativas llevadas a cabo han sido insuficientes en este marco de omisión y desidia estatal por erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.
Por otro lado muestra, aunque estos informes tengan un perfil diplomático en donde se realizan recomendaciones, el carácter de clase del sistema penal en la criminalización del aborto tomando como paradigma el “Caso Belén” y pone nuevamente en debate la crisis de la pena privativa de la libertad (último sostén de todo un aparato de criminalización y control social).
No hay que olvidar que la ONU maneja con cinismo su doble estándar en materia de protección de derechos humanos, ya que por un lado las tropas internacionales bajo su órbita cometen los peores crímenes de masa en todos los lugares donde intervienen, como en el caso de las violaciones sexuales masivas en Haití que salieron a la luz.
Estos son los ejes centrales del informe publicado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Juicios de lesa humanidad
“El comité observa con preocupación…. la adopción de recientes medidas de reducción de personal y cambios institucionales en áreas destinadas a la protección de los derechos humanos…”. “El Comité reitera su preocupación sobre la lentitud en el avance de las investigaciones, tramitaciones y dictados de sentencia…”,“…el Comité expresa su preocupación por el nombramiento de un ex militar como director del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados. Al Comité le preocupa, asimismo, la falta de información sobre la investigación del caso Jorge Julio López”.
Desigualdad y violencia de género
“…el Comité lamenta la persistencia de las notables diferencias salariales entre hombres y mujeres, que se ubica en un promedio de 25%...”,“...el Comité lamenta la persistencia de las deficiencias en la aplicación de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Ley Nº 26.485), la insuficiencia de presupuesto asignado para su implementación y la falta de implementación del Plan Nacional que allí se establece…”.
Aborto y educación sexual
“… el Comité expresa su preocupación por el “caso de Belén”, en que se utilizó la figura del delito de homicidio agravado para una supuesta alegación de aborto ilegal y que la acusada esté todavía privada de libertad. El Comité también está preocupado por los altos índices de abortos clandestinos que han resultado en mortalidad materna, así como por los embarazos de adolescentes” “…El Estado debe revisar el “caso de Belén”, a la luz de los estándares internacionales en la materia, con miras a su inmediata liberación, y a la luz de este caso, considerar la descriminalización del aborto…”.
Sistema penitenciario y tortura
“El Comité observa con preocupación la violencia institucional penitenciaria que se manifiesta por el elevado número de casos de tortura y malos tratos contra personas privadas de libertad…”. “…le preocupa al Comité informes que dan cuenta de requisas vejatorias, alta tasa de violencia entre los detenidos, particularmente en la provincia de Buenos Aires, traslados forzosos y el recurrente uso de la reclusión en régimen de aislamiento como método de castigo…”
Detenciones y prisión preventiva
“El Comité reitera su preocupación por la normativa y prácticas de la policía para detener a personas con el objeto de averiguar su identidad sin orden judicial anterior y por un largo periodo de tiempo, sin que la persona detenida sea llevada ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer un control judicial”.“El Comité reitera su preocupación expresada en las observaciones finales anteriores, respecto a la larga duración de la prisión preventiva y la alta proporción de reclusos detenidos en este régimen, lo cual alcanza más de la mitad de la población carcelaria en el Servicio Penitenciario Federal…”.
El informe completo se puede leer haciendo clic acá.
