“Es el peor desastre ambiental de la industria minera del país” declaró el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Guerra Abud (26/08). Y no es para menos: de la mina más grande del país (propiedad de la empresa Buenavista del Cobre en Cananea, a cargo del consorcio Grupo México) se derramaron 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos de Bacanuchi y Sonora afectando a 24 mil personas en seis municipios el pasado 6 de agosto.
Martes 16 de septiembre de 2014
¿Quién está detrás de la catástrofe?
Grupo México está comandado por Germán Larrea, segundo mayor millonario mexicano, poseedor de la “principal productora de cobre del continente americano” (La Jornada, 15/8/2014), apoyada por el gobierno de Fox debido a sus vínculos con la Fundación Vamos México, creada por la esposa de Fox, Martha Sahagún.
Larrea vendió en 1994 las minas Nacozari y Cananea sin pagar ni un solo peso de indemnización a sus trabajadores, hasta las dos huelgas sostenidas por los mismos.
Esta indulgencia por parte del gobierno muestra su complicidad con el Grupo México para no tocar sus millonarias ganancias y permitir la contaminación de los recursos naturales a costa de los daños a las comunidades que viven aledañas a los ríos. Para ellos el problema de la contaminación ambiental se resuelve con poner multas a los empresarios multimillonarios aún cuando las afectaciones causadas al ecosistema pueden ser irreparables.
Los daños que conlleva
Los daños detectados son variados: desde la muerte de miles de peces y de vacas, la cantidad de tóxico derramado y los posibles riesgos y consecuencias económicas, ambientales, sanitarias y sociales previstas por especialistas. Hasta el momento se dieron a conocer 16 casos de personas afectadas por dermatitis e intoxicación.
Las acciones del Estado
La Secretaría de Economía, que debería ser la encargada de retirar la consesión se basa en una ley insuficiente y laxa que le ha permitido su consolidación como empresa oligopólica.
Ante “accidentes” como éste, la legislación no prevé como sanción que Grupo México pierda la concesión, pero sí le asegura que todas las ganancias queden en sus manos. Ni la Procuradoría Federal de Protección al Ambiente, ni Cofepris o Protección Civil de Sonora, ni SEMARNAT o la Secretaría de Economía se declaran con la facultad de retirar la concesión.
Ante este panorama, la SEMARNAT sólo ha anunciado una multa de “40 millones de pesos” (cronica.com.mx, 31/8/2014) y la creación de un fondo por 2 mil millones de pesos para la reparación de los daños cuando, tan sólo en el primer semestre del presente año, este grupo obtuvo ingresos por mil 178 millones de dólares y sus ganancias subieron 4.6% (La Jornada, 11/8/2014. Aún con este incremento en la multa, la empresa sólo se desprendería aproximadamente de 17.31% de sus ganancias de medio año.
¿Acaso ese dinero es suficiente para indemnizar a los más de 40.000 personas afectadas, revertir la contaminación de los ríos, renovar la tierra que se usaba para agricultura, mejorar la salud del ganado que consume esas aguas contaminadas y sacar el hambre y la sed de los habitantes que se han quedado sin fuentes de trabajo?
Esto a la par de la creación de una Comisión Especial que evalúe el daño –un mes después del derrame–, y que apenas proponen la suspensión de las actividades de la minera y no se ponen de acuerdo en relación a retirar la concesión al canalla Grupo México, responsable de desastres ecológicos, condiciones de trabajo deplorables y la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos en 2006.
Es claro que ningún organismo institucional penalizará a los responsables ni solucionará la catástrofe. Sólo los trabajadores mineros, los habitantes afectados y la sociedad organizada pueden expulsar a estas empresas parásitas por medio de paros y huelgas.
Por una salida independiente
Bajo la lógica capitalista, sólo importa la ganancia y el enriquecimiento ilimitado aún a costa del agotamiento de los recursos naturales y el deterioro ambiental, tal como ocurre en zonas que han sido colapsadas por la empresa que simplemente las abandonará cuando no le sean productivas dejando a su paso miles de personas sin empleos y sin tierras fértiles para cultivar.
En ese sentido nos pronunciamos contra la devastación ambiental producida por esta empresa y contra la impunidad y protección brindada por el gobierno a estos actos ecocidas.
Los socialistas consideramos que deben ser los trabajadores apropiándose de la ciencia y la técnica, quienes decidan el adecuado funcionamiento de minas, pozos petroleros, etc., pues sólo de esta forma se podrá garantizar que nuestros recursos sean explotados en interés de las mayorías y no a favor de un propietario particular multimillonario. Sólo así puede garantizarse una explotación responsable y racional que no dañe al medio ambiente.
Proponemos la expropiación sin indemnización de todas las empresas contaminantes y que los recursos de la misma sean puestos en manos de sus trabajadores para que sean ellos quienes decidan el futuro de su actividad productiva.
