Al momento de escribir estas notas, se registran 50 casos de coronavirus en Costa Rica. El 6 de marzo se dio a conocer el primer caso. En 12 días el esparcimiento del virus es evidente y seguirá creciendo.
Miércoles 18 de marzo de 2020
Recién el 16 de marzo el Gobierno decretó la emergencia nacional, que impide la llegada de extranjeros y suspende lecciones en todos los centros educativos del país. Días antes el presidente Carlos Alvarado había anunciado una moratoria en impuestos a empresarios como medida para evitar, según él, el deterioro económico del país ante el virus. El impacto mundial del esparcimiento del virus es de gran magnitud en el plano económico, pues las bolsas del mundo han caído estrepitosamente con números comparables con la anterior crisis económica del 2008 e incluso Trump ha hecho un paquete de estímulo de 850 000 millones de dólares, incluyendo 50 000 dólares directos a aerolíneas.
Ante un virus que está dejando en crisis a los sistemas sanitarios de países desarrollados como España o Italia, la principal preocupación del gobierno ha sido mantener la economía funcionando con el único objetivo de mantener las ganancias para los empresarios, a quienes se les otorgan moratorias fiscales para beneficiarlos. Nuestro sistema sanitario está claramente en peligro de ser desbordado, más aún después de años de ataque neoliberal. Incluso hace poco desde las páginas de La Nación Jorge Goodbridge llamaban a privatizar la Caja del Seguro Social.
El decreto de emergencia del gobierno de Carlos Alvarado es totalmente insuficiente para contener la propagación del virus pues miles de trabajadores en transportes e intercambiando dinero están en la primera línea de la exposición al coronavirus. Carlos Alvarado prefiere sostener las ganancias de los empresarios y poner en peligro la vida de la clase trabajadora y sectores populares. Lejos de darle moratorias a empresarios, se les debe cobrar un impuesto de emergencia que sirva para conseguir y organizar todos los recursos necesarios para atender una cuarentena generalizada.
Para salvaguardar al pueblo trabajador, se requiere adoptar medidas enérgicas, como la centralización de todo el sistema de salud y la nacionalización de los hospitales privados, la transformación de la industria nacional para detener la expansión del virus (como en las guerras, cuando las economías se vuelcan por completo a la producción para la guerra) y así garantizar tests para toda la población, camas en los hospitales, mascarillas, alcohol, jabón, papel higiénico, etc.
Se requiere que toda la capacidad económica instalada sea puesta en función de un plan de emergencia, poniendo todo el sistema de salud centralizado en manos de los trabajadores y trabajadoras de la salud, públicos y privados, actuando de manera conjunta, llegando hasta la distribución de los bienes de consumo necesario mientras las personas guardan cuarentena. De esta manera se logra evitar al mínimo el contacto en centros de comercio. Arriba decíamos que se debe cobrar un impuesto a los grandes empresarios de emergencia. Creemos que, en el caso de las industrias de alimentación e insumos médicos, se debe pagar en forma de bienes de consumo para la población en cuarentena.
Con medidas de este tipo, las y los trabajadores del sector de la salud podrían detectar todos los casos del virus y haría posible luchar por la erradicación del mismo.
Es una completa irresponsabilidad de parte del gobierno de Carlos Alvarado que miles de trabajadores y trabajadoras estén movilizándose por las calles y avenidas del país poniendo su salud y su vida en peligro. En lugar de defender las ganancias de los empresarios, el gobierno debería centrarse en garantizar que nadie será despedido ni se recortará el salario mientras se mantenga la situación de emergencia.
Mientras tanto las y los trabajadores de salud deben dar el paso adelante y coordinar con amas de casa, sindicatos, asociaciones de barrios, etc. para garantizar la contención y atención del coronavirus. Ante la criminal e irresponsable política de Carlos Alvarado, es necesaria la acción de la clase trabajadora para salvar al país de un virus que potencialmente podría ser catastrófico.
