Alrededor de las 16:30 horas la Policía de la provincia inició allanamientos y detuvo a Sebastián Emilio Copello, Juan Manuel Chorolque. La orden también recae sobre Verónica María del Huerto Urzagasti, dirigentes del Polo Obrero, MTR-12 de Abril y MAR respectivamente. Los dirigentes sociales enfrentan un juicio contravencional el próximo viernes.
Miércoles 6 de abril de 2022 18:34
La orden de allanamiento, detención y incautación de los celulares de Copello, Chorolque y Urzagasti la firma Rodolfo Miguel Fernández, Juez de Primera Instancia del Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delito contra la Administración Pública.
La fiscalía ordenó la imputación por "entorpecimiento del transporte y servicios" (art. 194 del Código Penal) y "desobediencia a la autoridades" (Art. 239 del Código Penal).
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En la orden judicial se cita la “investigación preparatoria” del expediente N° 266973 del Ministerio Público de la Acusación quien inició las causas a raíz de manifestaciones en las calles de San Salvador de Jujuy el 3 y 30 de marzo pasado.
Recordemos que fueron jornadas de protesta de las organizaciones sociales y el 3 de marzo la Policía reprimió a manifestantes en San Pedro deteniendo a siete personas, entre ellas tres mujeres.
Las organizaciones sociales previo a las detenciones de hoy estaban convocando públicamente a una conferencia de prensa mañana jueves y a una concentración frente al Juzgado Contravencional el viernes 8 de abril ante el inicio del juicio por estos hechos mencionados.
Con los allanamientos y detenciones el régimen policíaco de Morales cumple con las palabras del Gobernador que la apertura de sesiones de la Legislatura el 1 de abril acusó de "delincuentes" a los integrantes de las organizaciones sociales que protestan en la provincia (Ver Video). El gobierno nacional también alienta este tipo de ataques a partir del ministro de Desarrollo Social, Juan Zavaleta, que viene en una cruzada contra las organizaciones sociales.
El fiscal Diego Funes que solicita las detenciones las fundamenta diciendo de los dirigentes sociales imputados que dada “Su preeminencia dentro de las organizaciones que comandan podría ser utilizada para coaccionar a los miembros de dichas organizaciones que eventualmente sean citados como testigos, incidiendo en la libertad de los mismos al momento de prestar testimonio.”
Están diciendo que por su rol dirigente hay que detenerlos para evitar que influyan sobre los testigos de un eventual juicio, personas que son integrantes de su propia organización. Un adelanto de cómo van a intentar amedentrar a las organizaciones que luchan.
Hay que rodear del mayor apoyo provincial y nacional del más amplio arco de organizaciones sindicales, sociales, políticas, DDHH, en defensa de las libertades democráticas frente a un gobierno que es abanderado en tener presos políticos y reprimir la protesta social, perseguir y proscribir a sus opositores.
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