En el siguiente artículo retomaremos las últimas décadas de la prohibición de las drogas para mostrar cómo fue utilizado este mecanismo para atacar a los sectores sociales que el gobierno consideraba peligrosos, o para profundizar la desigualdad social, como por ejemplo con un paradigma racista de las drogas. Profundizaremos también en el caso de Portugal, donde se descriminalizó el consumo/tenencia de todas las drogas como una alternativa al paradigma punitivista y profundizaremos en los límites del modelo.

En el número anterior del dossier Ideas+Universidad, desarrollamos una historización de la cocaína, su surgimiento y su prohibición. En el siguiente artículo retomaremos las últimas décadas de la prohibición de las drogas para mostrar cómo fue utilizado este mecanismo para atacar a los sectores sociales que el gobierno consideraba peligrosos, o para profundizar la desigualdad social, como por ejemplo con un paradigma racista de las drogas. Profundizaremos también en el caso de Portugal, donde se descriminalizó el consumo/tenencia de todas las drogas como una alternativa al paradigma punitivista y profundizaremos en los límites del modelo.

La guerra contra las drogas y la actualidad

Cuando Richard Nixon solicitó un informe a la comisión Shafer sobre la relación entre drogas, adicción y criminalidad, no esperaba que ésta le presentara la inexistencia de la relación causal entre las mismas y la preocupación de la peligrosidad que representaba el alcoholismo sobre el resto de las drogas. Nixon, lívido, vociferó que esos eran “valores antiamericanos” y en 1971 pronunció su tan conocido discurso de la guerra contra las drogas: "El abuso de las drogas es el enemigo número uno de Estados Unidos". Haciendo exactamente todo lo contrario a lo presentado por la comisión Shafer, Nixon anunció un paquete de medidas como “armas” para esta guerra: un severo castigo a los productores, distribuidores y consumidores de las drogas controlado por la nueva y flamante Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA).

La anécdota busca terminar de despojar la hipocresía de un discurso que vincula la prohibición de las drogas como algo necesario por el bien de la salud pública. Si en el artículo anterior reflejábamos la relación que intentaban establecer los gobiernos entre las drogas y los sectores sociales a los que se identificaban como sus enemigos, Nixon supo muy bien cómo utilizar esta arma. En 1994, el Jefe de la política interna de Nixon, John Ehrilchman, decía en una entrevistaque los verdaderos enemigos eran los movimientos antiguerra, que tuvieron un protagonismo importante en la derrota estadonuidense en Vietnam, como también el movimiento negro, que empezaba un proceso de radicalización. “Sabíamos que no podríamos hacer ilegal protestar contra la guerra o ser negro, pero al hacer que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la cocaína y la heroína, y al criminalizar ambas cosas severamente, podríamos desbaratar comunidades, podíamos arrestar a sus líderes, catear sus hogares,terminar con sus juntas y vilipendiarlos noche tras noche en los noticiarios nocturnos. ¿Sabíamos que mentíamos sobre las drogas? Claro que sí”

Las décadas de 1980 y 1990 vieron transformaciones que profundizaron la política prohibicionista, adquiriendo otro cariz. Una vez que el movimiento antiguerra fue disminuyendo en la sociedad americana, la asociación de las drogas y la criminalidad fue principalmente vinculada a los negros, como forma de sostener y profundizar el racismo real que existe hasta hoy en día. La gran mayoría de los sucesores de Nixon prosiguieron con un enfoque criminalístico de la droga, elevando desproporcionadamente las penas carcelarias. La cantidad de presos relacionados a delitos por drogas aumentó de 40.900 en 1980 a 430.926 en 2019. Dentro de Estados Unidos en un año se realizan aproximadamente 1.350.000 arrestos por posesión: cada 25 segundos una persona es detenida por drogas para uso personal. Y la perspectiva de esta criminalizaciónes, por supuesto, racista: en 2019, 26 por ciento de los arrestados fueron afroestadounidenses, a pesar que son sólo 13.4% de la población nacional. La DPA y el Centro FXB de la Universidad de Harvard acotan además que estos sectores consumen y venden drogas al mismo nivel que los blancos.

El otro cambio importante estuvo ligado al rol de la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA). A pesar de los distintos gobiernos en Estados Unidos, esta organización pasó de tener un presupuesto de 3 millones de dólares y contar con 293 agentes a 9132 agentes y 1.550 millones de dólares de presupuesto. [1]. Esto se debió a la importante utilización del discurso de la guerra contra las drogas para intervenir en la política de diversos países, entre ellos, los de América Latina. Bagley (2013) sostiene que Reagan inició un proceso de securitización de la Guerra contra las Drogas, considerando que las drogas en la región andina sobre todo, representaban una amenaza a la seguridad estadounidense. Este proceso curiosamente coincidió con el inicio de una política similar en América Latina de guerra contra las drogas. [2] La DEA jugó un rol central con sus agentes encubiertos y dejó de manifiesto las intenciones de Estados Unidos de “alinear” los intereses de las naciones con los suyos propios. A principios de los setenta, agentes de la DEA empezaron a trabajar en casi todos los países latinoamericanos, ofreciendo recursos y entrenamiento mientras hacían campaña para que los gobiernos de la región endurecieran sus leyes y mejoraran sus capacidades para contener el tráfico de drogas. No fue difícil convencer a los militares asociados al Plan Cóndor de la importancia de esta lucha. Y si quedaban algunas dudas, se impusieron todo tipo de financiamientos a los gobiernos latinoamericanos: Reagan estableció un parámetro que, si no era cumplido por las naciones, se recortaba la financiación en un 50%. Bush propuso la iniciativa Andina, distribuyendo más de $2.000 millones de ayuda militar en 5 años. Todo el presupuesto de combate contra las drogas se encontraba fuertemente vinculado al rol de los militares.

En la actualidad, la asistencia financiera para la supuesta “lucha contra las drogas” sigue vigente.

Pero lo que dudosamente se combate con estas ayudas es el narcotráfico. Más bien ha servido en la región para cambiar los paradigmas del rol de las fuerzas militares en cada país y como instrumento de colonización en América Latina.
La excusa de las drogas es meramente una pantalla para tapar la injerencia imperialista de Estados Unidos a través de los diferentes gobiernos. “En lo que hace a la reducción de la oferta [de drogas], la eficacia de estas acciones es dudosa: según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre 2016 y 2017 el área cultivada de coca se expandió en un 17%, alcanzando el número récord de 171 mil hectáreas" [3]

El modelo de descriminalización en Portugal

Si la “guerra contra las drogas” ha sido considerada tan errónea y las razones de su sostenimiento nada tienen que ver con los problemas de salud pública, se vuelve acuciante avanzar en legislaciones a favor de la despenalización y legalización del consumo. Para profundizar en esta idea, tomaremos el caso de Portugal, que en 2001 descriminalizó el consumo y la tenencia de todas las drogas (tanto las "duras" como las "suaves") y pasó a concentrarse en "la prevención y educación, la reducción de daños, la ampliación y mejoras de programas de tratamiento para consumidores dependientes de drogas, así como también en actividades que ayudarán a los grupos en riesgo y a las personas que estaban consumiendo drogas a mantener o restablecer conexiones con sus familias, empleos y con la sociedad". [4]

Previo a la despenalización, Portugal era uno de los países con mayor prevalencia de consumo problemático de drogas. El 7,8% de su población había probado alguna droga, siendo un porcentaje bajo comparado con el promedio de la Unión Europea, pero el consumo problemático y los daños relacionados con las drogas estaban más cerca y a veces por encima del promedio europeo. En el año 2000, 52% de los casos nuevos de VIH consumían drogas. Más del 40% de la población penitenciaria había estado recluida por delitos con drogas, y el 70% reportaba crímenes asociados a las drogas. El 0,5% de muertes (cada 100.000 habitantes) estaba relacionado a las drogas.

El cambio de paradigma punitivista estuvo influenciado por dos premisas: “que las personas consumen drogas por una serie de razones: problemas personales, factores sociales, y por recreación y placer. (...) las sanciones represivas carecían de explicación racional y eran desproporcionadas en relación a un acto que podía no ser saludable para el consumidor, pero que por lo general no es directamente perjudicial u hostil hacia otras personas.” [5] A su vez, reconoce que la criminalización no sirve para que la persona que incurre en el consumo problemático pueda pedir ayuda para salir de esa situación, por miedo al castigo y a lo que puede significar para reinsertarse socialmente. La descriminalización no es una política aislada, sino que establece un marco jurídico para llevar adelante políticas de reducción de daños necesarias para abordar el consumo problemático desde la salud pública y como problemática social, y no desde la presunta moral de “la maldad de las drogas”. Se ha acompañado con medidas preventivas e informativas, sobre todo a los jóvenes, sobre las consecuencias y cómo ejercer un consumo seguro. Un segundo nivel de intervención son las comisiones de disuasión, compuestas por profesionales de la salud (en general participan un abogado y un trabajador social). Son espacios a los que se convoca a los tenedores de drogas para intentar profundizar una reflexión sobre su propio consumo. La intención no es hacer que la gente deje de consumir, sino que reflexione sobre el mismo, sobre las motivaciones y las consecuencias. De este espacio surge el registro central de drogas, donde se deja asentada toda la información sobre las causas del consumo y las cantidades. Esto permite tener cifras de análisis para tomar políticas públicas, saber cuales son las poblaciones más vulnerables y conocer el mercado de las drogas.

A su vez, existen equipos de trabajadores sociales que trabajan en la calle, recurriendo a diversas zonas donde es normal que haya gente drogándose o personas en situación de calle haciéndolo. Allí reparten instrumentación higienizada, como por ejemplo jeringas y agujas, que ha permitido la disminución de enfermedades de transmisión sanguínea, como el HIV y la hepatitis C.

Para los consumidores dependientes, existen centros terapéuticos que no implican necesariamente la internación, aunque en casos más extremos puede incluirla. Conformado por equipos interdisciplinarios, los mismos permiten ayudar al paciente desde la perspectiva del entendimiento y el acompañamiento, ayudándolos con tratamientos con metadona por ejemplo. A su vez, estos centros poseen equipos de inserción, especializados en acompañar a la persona a conquistar proyectos propios, dando charlas en los espacios comunes en donde la persona se reinsertará, para evitar la estigmatización. El sostenimiento del anonimato de las personas es un pilar central. Los números permiten vislumbrar la efectividad de esta política:

“Todos los años se incrementa el número de personas que ingresa a este programa en Portugal (5,124 en 2008; 7,019 en 2008; y 7,643 en 2009). En 2010, cerca de 40,000 consumidores dependientes se sometieron a tratamiento, una cifra récord. No obstante, los entrevistados no consideraron que esto signifique un aumento del consumo de las drogas, sino más bien que los programas de prevención están llegando a cada vez más consumidores dependientes.”
 [6]

Los datos son concretos: 5 años después de la descriminalización, el uso de drogas que siguen siendo ilegales ha decrecido notoriamente, el ratio de infecciones de VIH contagiados por jeringa ha caído. Las muertes por heroína y otras drogas bajaron de 76 personas por millón de habitantes en 2001, 6 en 2015 y 3 personas en 2019, duplicando el número de personas que buscan tratamiento por adicción.

Los límites del modelo

Este modelo que fue asentándose tiene sus avances que son progresivos, pero al mismo tiempo muestra sus límites. En primer lugar, porque no se despenaliza ni legaliza el consumo: lo que ocurre es que dejas de ser un delincuente por tener un par de porros en el bolsillo y el ámbito de jurisdicción del caso pasa a ser administrativo. Pero sigue reglamentando sobre la tenencia de pequeñas cantidades de droga para consumo personal. En segundo lugar, porque se descriminaliza el consumo y no la venta. Es decir, la venta sigue encontrándose en el curso de la ilegalidad. Cómo obtienen la droga quienes la consumen es uno de los primeros interrogantes que saltan a la vista, sobre todo los consumidores de heroína o cocaína que claramente no poseen laboratorios propios. El gobierno portugués se desentiende de la misma, lo cual lleva que el mercado siga siendo manejado por el narcotráfico. Es una medida que no tiene sentido, porque la tenencia presupone la existencia de un mercado. Su prohibición sólo encarece el producto generando que haya una mayor tendencia a que las situaciones de adicción se transformen en situaciones delictivas para poder conseguir la droga.

Si la producción queda en la ilegalidad y en manos de los narcotraficantes, esto implica que la producción puede alterarse, que la pureza de las sustancias puede variar. Es decir, que los marcos regulatorios de lo que se consume sea de calidad, queda en manos privadas y bajo la lógica del lucro empresarial y no de la salud.

Esta criminalización de la venta termina otorgándole mucho poder a la policía, ampliamente conocida por su vinculación directa con el tráfico de drogas. En 2021 fue detenida una operación de tráfico ilegal llevada adelante por diversas fuerzas del aparato policial y militar. Mientras se dedican a los jugosos negocios que trae la ilegalidad, realizan cacheos y detenciones arbitrarias a los sectores de la población más vulnerables y entregan a la justicia a vendedores en pequeña escala para sostener una red de narcotráfico y soborno que les mantiene aceitada esta maquinaria.

El otro principal inconveniente es el problema estructural que recibe la salud pública en todas partes del mundo en un sistema capitalista cuyo objetivo es el lucro y la ganancia empresarial. Al ser considerada una problemática de salud pública, las crisis económicas generan importantes ajustes en los presupuestos de salud, como ha ocurrido con la crisis de 2008 y las políticas de austeridad del gobierno portugués en 2012. Una de ellas fue la disolución del Instituto sobre Drogas y Toxicomanías (IDT). Por otra parte, al trasladar todo el peso de esta política hacia el plano del Ministerio de Salud, sin que exista un aumento presupuestario a este rubro, ha implicado un doble aumento de la presión dentro del sistema sanitario, ya que además en 2012 y 2013 se recortaron los gastos en salud.

Las medidas de austeridad también implican una diferente relación entre las drogas y el consumo de la población. Una mayor precarización de la vida, como ha ocurrido con las políticas de precarización en la juventud en Portugal en 2016, implican mucho menor tiempo y espacio para el consumo personal y recreativo. Pelear por la legalización implica también pelear por más tiempo de ocio y menos tiempo de trabajo alienante. La técnica está dispuesta para que todos podamos trabajar menos: son los capitalistas los que nos siguen exprimiendo cada vez más horas y en peores condiciones para obtener más y más beneficios.

Como ya hemos reflexionado en el artículo anterior, el consumo problemático de las drogas representa un porcentaje menor en relación al total de personas que consumen (un 13%). La descriminalización ha permitido disminuir estas cifras en el caso portugués, aunque es necesario avanzar en despenalizar la venta para bajar los costos, como primer paso para desarmar a los narcos, en connivencia con el Estado y la policía. La legalización de todas las drogas es un paso acuciante y necesario, pero no alcanza: es fundamental estatizar la producción, quitándosela a los empresarios narcotraficantes guiados por el afán de lucro, para entregársela a los trabajadores, especialistas y consumidores, que podrán sostener un control sanitario estricto de lo que se produce. Con cientistas sociales y encuestas públicas, se podrán establecer medidas necesarias de control de reducción de daños e inserción social, además de otorgarle la importancia central y presupuestaria que requiere la salud pública. Es exactamente opuesto a lo que hacen los Estados Capitalistas que ajustan la salud cuando hay crisis. Y que también ajustan la vida de los trabajadores cuando la técnica se desarrolló lo suficiente para permitir que el pueblo trabajador tenga mucho más tiempo de ocio y que no solo los ricos puedan consumir drogas de manera recreativa.

Hasta aquí hemos profundizado en algunos aspectos desde la perspectiva histórica de las drogas en el mundo y específicamente en Estados Unidos. También hemos tomado el caso de Portugal para pensar algunos alcances en la decriminalización y políticas de reducción de daños. Retomaremos en un próximo artículo las especificidades de América Latina y Argentina.