La Matanza. El Estado es responsable: a 14 años de la desaparición y muerte de Luciano Arruga

La desaparición forzada y posterior muerte de Luciano Arruga recorrió el mundo y sigue siendo un emblema de lucha contra el gatillo fácil, la represión y la impunidad. La lucha incansable de Mónica Alegre, su madre, y su hermana Vanesa a la cabeza, junto a referentes de DDHH y diversas organizaciones políticas, impidió que el caso no pasara al olvido, y en definitiva, logró que en octubre de 2014 los restos de Luciano fueran identificados en una fosa del cementerio porteño de La Chacarita. En 2015 con la firme lucha, la familia consiguió que el policía Julio Diego Torales sea condenado a diez años de prisión por ser hallado culpable de torturar a Luciano en el destacamento de Lomas del Mirador en el año 2008.

Desde el año pasado, Vanesa Orieta viene declarando que ella y su familia realizaron un pedido de jury de enjuiciamiento contra el juez Gustavo Banco y las fiscales Celia Cejas Martin y Roxana Castelli. A esta última por desviar la investigación a manos de la Policía, la misma que primero torturó y luego desapareció y asesinó a Luciano y por ocultar información a la familia desviando la causa. Y al juez y la otra fiscal por perseguir a la familia, pincharles los teléfonos y otras medidas que atentaron contra sus más elementales libertades democráticas. Esta causa aún no avanzó.

Los responsables políticos son Fernando Espinoza (en 2009 era intendente del Partido de La Matanza) y Daniel Scioli (en ese momento gobernador de la Provincia de Buenos Aires). La Bonaerense sumó otro caso de muerte de un joven por el solo hecho de ser pobre. “Salvo algunas actualizaciones, podríamos hacer el ejercicio de copiar y pegar lo que venimos diciendo desde enero de 2009” denuncia Vanesa Orieta en sus redes con respecto al reclamo de justicia.

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La violencia institucional, política de estado

El gobierno de Alberto Fernández cuenta en su haber varios casos de gatillo fácil y muertes por represión. Fue él quien, decretó de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) mediante, en 2020 terminó habilitando a las fuerzas federales y de todas las provincias a controlar, perseguir, verduguear, detener, torturar, matar y hasta hacer desaparecer a personas que eran consideradas poco menos que "terroristas sanitarias". Un gobierno que aplica un ajuste brutal al servicio del FMI, primero con Martín Guzmán y ahora con Sergio Massa. Su giro a la derecha es notable. ¿Cómo sin represión pretenden pasar los ajustes, los recortes y controlar los reclamos de trabajadores, jóvenes y movimientos sociales.

En la misma línea, desde que asumió el gobernador bonaerense Axel Kiccillof no hizo más que fortalecer a la fuerza con partidas presupuestarias, entregarles todo lo que piden y hacer la vista gorda cuando esa fuerza mata, tortura y comete infinidad de crímenes, como es el caso de Lucas Verón, joven de González Catán asesinado por la policía. Y recientemente se está denunciando desde las familias de los Ceibos, La Matanza, que dos jovenes fueron fusilados hace pocos días. Es la Bonaerense la más manchada por la sangre del gatillo fácil. La fuerza represiva es la principal herramienta del gobierno a la hora de desalojar, intimidar y hostigar a quienes reclaman en las calles frente a la urgencia habitacional, falta de vivienda.

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Como mencionó Natalia Hernández, concejal del PTS de La Matanza en noviembre pasado en el Concejo Deliberante del municipio: “Kicillof y (el intendente Fernando) Espinoza hacen campaña con la ‘seguridad’ dando mayores recursos a las fuerzas policiales y en el caso de Kicillof bancando al derechista de Berni, mientras reducen las partidas presupuestarias sociales, en vivienda, educaciòn, la policía actúa con impunidad”. “Luciano desapareció el 31 de enero del 2009. La enorme lucha de su mamá Monica, su hermana Vanesa sigue hoy por justicia y contra la impunidad! A Luciano lo mató la policía, lo desapareció el Estado”

No hay lugar para supuestas brechas entre el gobierno nacional y la oposición patronal y la derecha. El fortalecimiento de las fuerzas represivas, entre ellas la policía, será caballo de batalla de ambos sectores en este año electoral pero viene siendo un tópico común. Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto y gran parte de Juntos por el Cambio tienen una clara afinidad política e ideológica con Jair Bolsonaro. Bullrich, siendo ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, envió armamento y gendarmes a Bolivia, durante el gobierno de facto de Jeanina Áñez, para reprimir al hermano pueblo boliviano que resistió al Golpe, igual que hoy resiste el pueblo de Perú ante las brutales represiones del aparato represivo.

Contra la represión estatal

“Alberto Fernández habló contra la derecha fascista en general, y no nombró a la derecha realmente existente que ha dado un golpe y ha causado 62 asesinatos del pueblo peruano. Un gobierno que con las Fuerzas Armadas fujimoristas no vacila en procesar por terrorismo a quienes se movilizan y luchan" señaló Christian Castillo, dirigente de PTS en el FITU, refiriéndose a la VIIº Cumbre de la CELAC que se desarrollaba en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires.

El PTS en el Frente de Izquierda ha acompañado desde primer momento a familiares y amigos de Luciano, y contra todos los casos de gatillo fácil y represión por parte de las fuerzas represivas, responsabilidad todas del Estado, gobierne quien gobierne. Así como apoya al pueblo peruano que, junto con sus organizaciones, enfrenta en las calles al gobierno asesino de Boluarte y su brutal represión que hasta la fecha le costó la vida a 60 personas además de más de mil heridos y centenares de detenidos.

Este domingo 29 de enero, desde las 15 horas, se realizará una jornada de lucha por justicia. Será en el Espacio Luciano Arruga, Av. San Martín e Indart, Lomas del Mirador, La Matanza.

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