Esta semana se conoció una propuesta del Ministerio de Educación para titularizar a los y las docentes de nivel superior atacando la estabilidad laboral que rige en el ámbito estatal.
Martes 18 de junio de 2019 11:56
El documento, filtrado y difundido a través de las redes sociales, plantea cumplir así con el artículo 150 del estatuto docente (creado en 1963), que nunca fue reglamentado para garantizar la titularidad de los docentes. Con muy pocas excepciones, todos los cargos de este nivel son interinos.
La propuesta del Ministerio contempla el llamado a concurso público y abierto de antecedentes y oposición no solo para los cargos nuevos sino también para los ya existentes. Este punto desconoce que los y las docentes que ya se desempeñan frente al aula fueron designados por concursos internos de cada instituto, es decir que han validado ya su idoneidad para el cargo.
Más grave aún, el plan es que las designaciones que se realicen duren solo cinco años y luego se llame nuevamente a concurso abierto, borrando de un plumazo la estabilidad laboral. Hecho que además destruye el mismo concepto de titularidad.
Por otro lado, tanto en el nivel medio como en el nivel superior se han implementado recientemente reformas en lo que concierne a la validez de los antecedentes, que no duran más de diez años. Esto obliga a la docencia a mantener un ritmo de capacitación continua que no se contempla como horas de trabajo, algo realmente imposible de cumplir con los bajos salarios que obligan a trabajar la mayor cantidad de horas que se pueda para llegar a fin de mes. El gobierno de Córdoba viene aplicando a partir del ISEP (Instituto Superior de Estudios Pedagógicos) capacitaciones gratuitas, pero las mismas son virtuales y los presenciales son los días sábado es decir tampoco se contemplan dentro de la jornada laboral.
Por último, se propone para llevar adelante los concursos la creación de una Comisión Permanente, constituida por un miembro del Ministerio, un miembro del IES, un miembro del ámbito académico y un miembro de UEPC. Es decir que no hay lugar para la opinión de los y las docentes ni de los Consejos Institucionales de cada establecimiento.
Nuestro sindicato, UEPC, conoce esta situación desde el mes de mayo, ya que se filtró también un documento con “consideraciones” sobre el proyecto del Gobierno. Recién el viernes pasado publicaron un documento en su página web en el que plantean su desacuerdo, pero lo cierto es que hasta el momento no han llamado a ninguna asamblea para debatir el tema. Seguramente su intención era acordar una propuesta directamente con el Ministerio, sin consultar con los principales interesados, como han hecho en otras ocasiones.
La docencia de Córdoba, junto a los y las estudiantes, tenemos que empezar a discutir de forma urgente cómo enfrentar esta reforma flexibilizadora en asambleas y plenarios, como así también cuál es la mejor vía para lograr nuestra titularización. Somos nosotros quienes estamos frente a los cursos en condiciones de precariedad laboral, cobrando sueldos miserables y haciendo malabares para capacitarnos. Las decisiones sobre políticas educativas tienen que surgir desde abajo, no desde los despachos de Monserrat y Grahovac.
