Una vez más parece que tanto las burocracias sindicales, como la patronal y el Gobierno acuerdan en ampliar los ERTEs hasta el 30 de septiembre. El aumento del desempleo muestra como este mecanismo ha resultado ineficaz para mantener puestos de trabajo, y sí para que los grandes empresas tengan su campaña de verano con fondos públicos y degradación de los derecho laborales
Viernes 7 de mayo de 2021
La patronal, CCOO, UGT y el Gobierno vuelven a pactar la ampliación de los ERTE hasta la salida del verano de este año, 30 de septiembre. Aunque en principio la intención del Ministerio de Trabajo es que se mantengan con las actuales condiciones, en las próximas semanas continuarán las reuniones con los agentes sociales para terminar de definir el acuerdo.
Después de más de un año desde que se puso en marcha este mecanismo, con el supuesto objetivo de mantener el empleo, la cifra de parados vuelve a rozar los 4 millones. Mientras más de 600.000 trabajadores siguen estando en ERTE cobrando un 70% de su salario.
En total uno de cada dos trabajadores ha estado en algún momento desde que se inicio la pandemia en situación de ERTE y por tanto sufriendo un fuerte deterioro de su capacidad adquisitiva, teniendo en muchos casos que soportar varios meses sin ingreso alguno debido al colapso del SEPE.
Al mismo tiempo una avalancha de EREs masivos se suceden en diversas empresas como el Corte Inglés, Inditex, Tubacex etc. De esta manera queda claro que esta medida no está teniendo ningún efecto significativo en frenar la sangría de puestos de trabajo.
El mensaje de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que seguirá manteniendo este mecanismo, “porque funciona”, solo puede tener como destinatario la patronal. Porque son los grandes empresarios los auténticos beneficiarios de los ERTEs, ya que ante el parón impuesto por la pandemia del coronavirus es el Estado quien se ha hecho cargo de esta situación.
Las consecuencias inmediatas de esto han sido que la deuda pública se ha disparado y la Unión Europea ha aprovechado para exigir grandes reformas, entre ellas una nueva reforma laboral y de las pensiones, que con toda probabilidad hará que las consecuencias de la crisis sean aún más duras para las clases populares.
La patronal, a pesar de que no aporta ni un céntimo con la actual fórmula de los ERTEs e incluso recibe incentivos en materia fiscal, exige que se flexibilice la claúsula del mantenimiento del puesto de trabajo y que el despido sea más barato. Este también parece ser el criterio de muchos miembros del Gobierno, en especial de la vicepresidenta Calviño.
En cualquier caso el objetivo tanto de burocracias sindicales, como patronal y Gobierno es seguir entregando recursos públicos y derechos laborales con tal de garantizar la próxima campaña de verano y que las grandes empresas de la hostelería y el turismo puedan obtener grandes beneficios.
