Los roces entre el máximo órgano electoral del país y el gobierno federal involucran a distintos sectores del régimen, en una batalla institucional en la que las masas populares no son protagonistas.
Miércoles 5 de enero de 2022
En el presupuesto de egresos 2022 se otorgaron menos recursos de los solicitados por el costosísimo Instituto Nacional Electoral (INE) para este año. En respuesta, el Consejo General del Instituto aprobó, con seis votos a favor y cinco en contra y con el aval del PRI, del PAN y del PRD, un acuerdo para posponer la consulta de revocación de mandato promovida por AMLO, argumentando falta de presupuesto para realizarla.
De esta manera, los sectores más afines a los últimos gobiernos neoliberales mostraban su disposición a desafiar a un gobierno que, en cierta medida afecta los intereses políticos y económicos del llamado “bloque opositor”. Bloquear la consulta para la revocación de mandato, con la que AMLO busca fortalecerse, es parte de la estrategia de sectores de derecha para mellar la hegemonía del gobierno de la 4T, de cara a las elecciones presidenciales del 2024.
Te puede interesar: INE, una historia de proscripción a los trabajadores y la izquierda
En consecuencia, tanto la Cámara de Diputados como la Consejería Jurídica de la Presidencia presentaron controversias constitucionales para impugnar la resolución del INE, que lograron suspensiones para dejar sin efecto el acuerdo del Consejo General. Por su parte, 17 gobernadoras y gobernadores, además de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, “comprometidos con la Cuarta Transformación”, publicaron el 19 de diciembre una carta rechazando los argumentos del INE y pidiendo a las y los consejeros electorales reconsiderar su decisión.
Acto seguido, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), interpuso el 23 de diciembre una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra seis consejeros y el secretario ejecutivo del INE, por el delito de coalición de servidores públicos “para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento o impedir su ejecución”.
En respuesta, el Consejo General del INE cerró filas y el 26 de diciembre se pronunció en rechazo a las denuncias penales contra cualquiera de sus miembros. El 28 de diciembre, la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas publicó un comunicado en el mismo sentido.
Te puede interesar: Gobernadores 4T contra decisión del INE sobre consulta de revocación de mandato
El revuelo causado por la denuncia penal contra los consejeros electorales llevó a que, el 29 de diciembre, la Cámara de Diputados anunciara que su presidencia, encabezada Gutiérrez Luna, había decidido “tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del INE”.
Sin embargo, las denuncias penales contra servidores públicos se persiguen de oficio, por lo que siguen su proceso en la FGR, aunque lo más probable es que en este caso se “encajone" la denuncia ante la indicación de AMLO de “que no se persiga a nadie", con el objetivo de que no se profundicen los roces a nivel institucional, en el marco de la gran polarización política que vive el país.
Pero tampoco el presidente puede permitir que, una institución del régimen, que se ha vuelto una importante trinchera de la oposición partidaria, interfiera en una medida política encaminada a fortalecer sus posiciones en la carrera electoral y en el reforzamiento de la hegemonía del gobierno de la 4T.
En su sesión del 30 de diciembre, el Consejo General acordó continuar con los trabajos relativos a la eventual consulta de revocación de mandato, a pesar de no contar -según él- con los recursos necesarios para organizarla con las características y modalidades que exige la ley; esto en acatamiento a las disposiciones dictadas por la SCJN y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las que también se ordena al Instituto revisar y hacer una adecuación interna a su presupuesto, y de ser necesario solicitar a Hacienda más recursos.
Por lo pronto, mientras la FGR resuelve sobre la denuncia penal, el INE informó que el lunes 3 de enero fueron instalados los 32 Consejos Locales que tendrán a su cargo la organización de la eventual consulta de revocación de mandato en cada estado. El 10 de enero se instalarán los Consejos Distritales y la consulta se realizará previsiblemente el 10 de abril.
“Democracia participativa” vs democracia directa
Actuando como representante de los intereses de la oposición de derecha, el Consejo General del INE intentó un nuevo golpe contra la 4T -como el que dio con la anulación de candidaturas de Morena para las elecciones de junio pasado en Michoacán y Guerrero- sin importar que sus decisiones limitaran derechos de la ciudadanía. Esta vez, sin embargo, le salió el tiro por la culata y su renuencia a garantizar un ejercicio de participación ciudadana elemental fortaleció la política presidencial.
Las y los socialistas del MTS estamos por la más amplia extensión de las libertades democráticas, incluyendo la revocación de mandato de todos los funcionarios públicos y legisladores, no sólo cada tres años, sino cuando la mayoría de los trabajadores y el pueblo lo consideren necesario, mediante los mecanismos que ellos mismos definan.
Sin embargo, no podemos perder de vista que mediante la consulta, con la que López Obrador quiere establecer una supuesta “democracia participativa”, éste no pretende la participación determinante de las mayorías trabajadoras y populares en la toma de decisiones cruciales para la vida de toda la población, como se ha mostrado por ejemplo respecto al pago de la deuda externa, los megaproyectos, la militarización del país, el outsourcing o las medidas frente a la pandemia, todo impuesto desde arriba; lo que busca más bien es fortalecer a su gobierno frente a la oposición, así como al Morena hacia los procesos electorales venideros.
Frente a la limitada “democracia participativa” que nos promete AMLO, en la que -en el mejor de los casos- podremos “ratificar” o “revocar” el mandato de los gobernantes cada tanto, pero no participar en las grandes decisiones nacionales, los socialistas estamos por la más amplia participación de los trabajadores, estudiantes, colonos, comunidades indígenas y campesinas, así como del pueblo en general, en la definición de las políticas públicas, a través de sus propios organismos de autoorganización, como asambleas o consejos obreros y populares, en los que se discuta y decida a qué se destina el presupuesto, qué medidas de salud pública tomar ante la pandemia, la defensa del territorio de las comunidades, de los recursos naturales, del patrimonio nacional, de las industrias estratégicas, de los derechos laborales, de la educación y la salud públicas, etc.
Decisiones que solo podrán imponerse, no mediante el voto cada tanto de los ciudadanos atomizados, sino con la organización y movilización masiva de los trabajadores y el pueblo, independiente del gobierno y de las instituciones del régimen.
Aprendamos de la historia
La historia nos ha mostrado una forma superior de “democracia”, mil veces más amplia y efectiva para los de abajo que cualquier democracia burguesa: la democracia directa de los trabajadores y el pueblo pobre.
Un ejemplo de ella lo podemos encontrar en la “Comuna de Morelos”, cuando en plena Revolución Mexicana los campesinos armados de aquel estado, comandados por Emiliano Zapata y organizados democráticamente en asambleas de sus pueblos y comunidades, pusieron en marcha el Plan de Ayala, expropiaron la tierra y los ingenios y liquidaron la propiedad latifundista.
Te puede interesar: A cien años de la Comuna de Morelos: a tomar el cielo por asalto.
Otro ejemplo es el que mostró el proletariado revolucionario ruso mediante los soviets (consejos), que luego de servir para organizar a los obreros, campesinos y soldados para la insurrección y la toma del poder, fueron las bases del Estado obrero surgido en 1917, antes de su degeneración burocrática.
Una participación real del pueblo trabajador en la toma de decisiones requiere de su organización y movilización independiente de las instituciones del régimen, no sólo para luchar por una democracia más generosa o por nuestras reivindicaciones inmediatas, sino en la perspectiva de imponer un gobierno de los trabajadores, basado en organismos de tipo soviético, con representantes elegidos desde los centros de trabajo y las comunidades, que sean revocables en cualquier momento por sus electores.
