El PNV presenta un borrador de la ley educativa acorde al espíritu privatizador y conservador de la Lomloe del PSOE. La continuidad en el blindaje a la concertada, un sector con enorme peso en Euskadi, es su sello de distinción.
Lunes 14 de febrero de 2022
La ofensiva contra la educación pública continua en el norte. La semana pasada se discutió en el Parlamento Vasco el documento Bases para una educación del siglo XXI, escrita por el miembro del PNV Gorka Álvarez. Este documento pretendía ser un consenso de los distintos agentes educativos para, de cara a la aplicación de la Lomloe, sentar las bases de lo que será a futura ley autonómica de educación.
Lo que más cabe destacar del documento es su connivencia con la Ley Celaá. A pesar de que se suponía que partía de una negociación con todos los sectores educativos, el hecho es que sólo han tenido oídos para la educación privada.
Ésta abarca un 49% de la enseñanza en el País Vasco, y el documento hace una clara defensa de las empresas privadas. Para empezar, equipara la privada con la pública, de tal modo que se facilita la concesión de subvenciones para mantener con fondos públicos los beneficios de las empresas educativas. Esta relación, por supuesto, no es recíproca: al tiempo que la privada exige dinero al Estado, las cuotas de los centros privados exigidas a las familias, incluso aquellas que hasta ahora han sido fraudulentas por exceder lo permitido por la ley, no engrosarán las arcas públicas. Esta suerte de amnistía fiscal supone una pérdida extra de 300 millones de euros anuales para el Estado.
Del mismo modo, como ocurre en el resto del Estado Español, la escuela privada en el País Vasco no es universal ni, mucho menos, de calidad: segrega los alumnos por clase y raza, ya que, al acaparar una parte tan importante del sector, desatiende a la población inmigrante y la población más humilde, que cada vez está más abocada a pagar los abusos de las escuelas privadas. Comisiones Obreras ha denunciado que estas concesiones a la red privada generarán mayor desigualdad, ampliará la brecha social y, por ende, reducirá la calidad de la enseñanza ofertada, la cual tenderá cada vez más al elitismo y la discriminación.
En este mismo sentido, el sindicato LAB ha denunciado que el modelo que pretende el documento generará competencia entre los distintos centros. Comprender la educación como un negocio neoliberal conduce, necesariamente, a reforzar la competitividad, lo cual sólo puede fomentar la segregación social y la exclusión. ¿Cómo puede darse una educación igualitaria si los centros deben hacerse valer y, para ello, deben escoger el alumnado afín a sus intereses?
Han señalado, igualmente, que esta tendencia no es exclusiva del Euskadi. La ley de educación de Catalunya en 2009 generó esta misma segregación. Podemos destacar también las deficiencias educativas que hay en Andalucía, donde la red privada supone casi dos tercios del sector en la etapa infantil. Dicho sea de paso, en el documento presentado por el PNV tan siquiera se especifican las medidas para esta etapa, la cual presenta los mismos vicios pro-liberales que en el resto del país empobrece a las familias (os cheques-guardería, la dificultad de plaza y carencia de financiación). Para estos sindicatos, el espíritu que pretende implantarse con la nueva ley es segregación de clase, ciudadanos de segunda, y todo para preservar el negocio de la educación.
El documento también obvia la normalización del euskera dentro del sistema educativo vasco. La segregación también es lingüística al no proponer un modelo que deje de considerar lenguas de primera y segunda. De hecho, se ve reforzado indirectamente al fortalecer la red privada que traduce la carestía económica en educativa. José Manuel Gil (PP-Cs) expresó a la perfección está postura cuando advertía que la educación privada es la única alternativa frente al euskera impuesto en la pública (una acusación que es falsa, dicho sea).
Este documento, además de por los sindicatos, ha sido duramente criticado por Elkarrekin Podemos-IU, que, haciéndose eco de los agentes sociales, ha señalado que el documento ni representa ni resuelve la situación social real. Mientras la clase obrera tiene la necesidad de una red pública de calidad, los partidos que han apoyado esta medida (PSE, PP-Cs, Vox, PNV y EH-Bildu) refuerzan una vez más la educación privada.
Sin embargo, cabe destacar la hipocresía e inutilidad de la formación morada. Hipocresía en tanto que parece que se han olvidado que son ellos quienes forman parte del Gobierno central y que fueron ellos quienes apoyaron la Ley Celaá, una ley que retorna a la política educativa del PSOE, el cual siempre estuvo a favor de la privada y de los conciertos con la Iglesia. Inutilidad porque, incluso concediéndoles cierta honestidad (cosa que ya es decir), siguen apostando por un parlamentarismo que está siempre al servicio de los empresarios.
Si algo ha demostrado la falsa derogación de la reforma laboral, las concesiones constantes al sector privado en la negociación de los nuevos presupuestos educativos, o la represión de los trabajadores en lucha (como los del metal de Cádiz), es que no podemos esperar nada ni de estas formaciones ni de sus estrategias, que asfixian a la clase obrera y ceden terreno a la ultraderecha. Sólo la lucha en las calles y la organización obrera frente a la patronal y sus agentes políticos pueden arrancar los derechos necesarios, tanto en el sector educativo como en otros centros de trabajo.
