Solo dos días pasaron de la firma del decreto presidencial y ya fue aplicado contra los trabajadores del transporte de carga. Una primera reflexión a propósito del giro del gobierno y la necesidad de unir fuerzas para quebrar esta medida que atenta contra una libertad básica.
Viernes 24 de marzo de 2017
En las primeras horas del día de hoy se conoció la noticia. Trabajadores del transporte de carga intentaban hacer una asamblea en la ruta para decidir los pasos a tomar en su conflicto, y la policía haciendo uso del decreto presidencial que aumenta sus facultades para reprimir pasando por alto a la justicia, procedió al desalojo.
La firma del decreto configura de conjunto el intento del gobierno de regimentar la protesta social. Es un giro de corte "bonapartista" con el que se busca mantener el control de la situación política y preparar el terreno legal para atacar a las organizaciones sociales, de derechos humanos, y de trabajadores que protesten contra las medidas impopulares.
No es el primer antecedente de ataque y criminalización de la protesta en el actual mandato de Vázquez. La esencialidad en la lucha educativa, y luego la represión en el CODICEN fueron dos hitos que marcaron lo que iba a ser la tónica del gobierno frente al reclamo popular.
Es muy paradigmático el giro adoptado por el gobierno de Tabaré Vázquez y el Frente Amplio. Nos encontramos en un contexto regional signado por el giro a la derecha en la superestructura política, con el golpe institucional en Brasil, y con el macrismo intentando avanzar en los ajustes contra el pueblo trabajador en Argentina.
En Brasil la represión del gobierno golpista de Temer contra protesta al congelamiento del presupuesto público, o ahora a frente a la reforma de jubilaciones, ha sido feroz. En Argentina, la derecha y los medios monopólicos de información han instalado el debate contra el piquete como método de lucha; es el tema de la discusión nacional junto a la gran huelga de los docentes que ayer reunió 300 mil personas en Plaza de Mayo. A solo dos días del decreto, distintos medios periodísticos como La Nación, Clarín, o TN, alientan al gobierno a copiar el ejemplo uruguayo.
Tabaré Vázquez es la envidia de Mauricio Macri en esta materia.
En nuestro país nos estamos acercando a las discusiones de Rendición de Cuentas y rondas salariales que prometen conflictividad, en el marco de una situación económica que lejos está de salir del estancamiento. En este marco, el gobierno apuesta al decreto para mantener la movilización popular controlada dentro de los marcos del PIT-CNT y su dirección, criminalizando a todo movimiento que surja por fuera. Recordemos, que en los últimos años han surgido movimientos sociales importantes contra medidas del gobierno, como la megaminería, y que contaron con amplio apoyo popular.
Pero la contradicción del gobierno es que darle más poder de decisión y de "fuego" a las instituciones represivas, puede generar como consecuencia acciones por fuera de la relación de fuerzas establecida entre las clases. Hoy con el accionar de la policía, violaron hasta el mismo decreto que en su último artículo versa del respeto a las organizaciones sindicales y el derecho de huelga.
Los trabajadores y la sociedad de conjunto deben rechazar el decreto
La primera reacción del PIT-CNT fue completamente condescendiente y corporativa. Marcelo Abdala planteó que " Este decreto no es contra el movimiento obrero organizado, que levanta una plataforma, que establece sus acciones, que se moviliza y son movilizaciones enormes". Este argumento del respeto al derecho de huelga ya ha sido desmentido solamente dos días después de anunciado el decreto.
El problema mayor radica en que el derecho a la protesta social es un derecho más amplio que el derecho de huelga, y de un carácter universal. Cuando una medida claramente intenta cercenar este derecho, la clase trabajadora debe romper con todo corporativismo y luchar de conjunto por las libertades democráticas más elementales.
La historia ya lo ha marcado y aunque el decreto exprese un supuesto respeto por el Artículo 57 de la Constitución y el derecho de huelga, todo giro bonapartista o con rasgos represivos dentro de los marcos de un régimen burgués, en última instancia será utilizado y dirigido contra los trabajadores, los sectores populares, y los movimientos sociales.
A su vez, debemos rechazar la metodología del gobierno por decreto del cual se sienta precedente con esta medida.
Ya organizaciones como SERPAJ han salido a rechazar el decreto y son varios los sindicatos y las organizaciones estudiantiles que se aprestan a hacerlo. Es necesario más que nunca, aunar fuerzas y desplegar la más amplia movilización de trabajadores, movimiento estudiantil, mujeres, los organismos de DDHH, y del conjunto de los movimientos sociales, para golpear unificados y hacer saltar por los aires este decreto de regimentación de la protesta social y de ataque a libertades elementales.
