NO MÁS FAMILIAS SIN TECHO. El drama de los desahucios y la riqueza de los bancos: expropiar las viviendas vacías

Foto: Twitter @pahvallekas

"Si nos echan del piso, no tenemos adónde ir", declaraba Tamara Robleño. Es el ultimo drama de una familia madrileña residente en Leganés que como cientos de personas sufren o han sufrido el problema de los desahucios en todo el Estado. Tamara, junto a su familia, ocupó una vivienda de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración bancaria, el “banco malo” del Gobierno pagado con dinero público) hace quince meses, pero a pesar de los intentos de impedir el desalojo por parte de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), finalmente será expulsada de su casa.

Gracias a la presión popular de la PAH se consiguió llegar a un acuerdo con la SAREB por el que se prorrogaba el desalojo, pero la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, saltándose las negociaciones entre las partes, ha decidido llevar adelante el desalojo bajo el argumento legal de que “el procedimiento se debería haber realizado antes”.

Como explica Tamara a Publico.es su situación es “muy complicada”. Su marido está en paro y sufre una enfermedad renal que le conllevó el despido y ella que está embarazada saldrá de cuentas el próximo mes. Con este panorama, la familia madrileña vive de la “caridad de los vecinos”, y, este mes, de la ridícula cifra de 900 euros ofrecida por los Servicios Sociales. Esta dramática situación es la que les llevo a ocupar el actual piso de la SAREB.

En el cartel hubo error de fecha, usad este: #StopDesahucios MAÑANA MIÉRCOLES 15 A LAS 7HS. #TamaraSeQueda en C/ Embalse del Vellón, 10 pic.twitter.com/KX6XTXz1iT

— PAH Vallekas (@pahvallekas) 14 de marzo de 2017

Esta es la situación extrema que viven miles de familias. Pero, como denuncia la PAH en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid no da una respuesta incumpliendo sus promesas electorales. La política municipal de Manuela Carmena ha sido incapaz de exigir mediante normativa municipal la cesión de viviendas a la SAREB y a los bancos beneficiados del rescate financiero para formar un parque de viviendas.

Por el contrario, se ha venido valorando las pocas viviendas otorgadas por la SAREB. La PAH también ha denunciado el fracaso de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, que no ha sido más que un intento de conciliar los intereses de los deudores con los de sus acreedores, y que, además, hasta hace poco fue gestionada por una concesión externa y nada menos que bajo la dirección de la corporación notarial que fue cómplice en favor de los bancos de la estafa hipotecaria. Por otro lado, desde la PAH vienen señalando la política represiva del Ayuntamiento con la creación de la nueva figura de Coordinador Policial especializado en vigilar y reprimir las ocupaciones de vivienda.

El propio socio de Gobierno de Ahora Madrid, el PSOE, reconocía que, de las 770 viviendas protegidas propuestas en los planes del consistorio, solo 91 se han puesto en marcha.

Lo peor de esta situación es que los desahucios los viene realizando la misma SAREB. Sociedad que creó el Gobierno para rescatar con dinero público a los banqueros a través de la compra de los activos tóxicos, viviendas acabadas sin vender, medio acabadas, deuda de promotores morosos, suelo, etc. Una sociedad “inmobiliaria” en el que 45% es propiedad pública y el 55% es propiedad de los mismos bancos rescatados (es decir, cuyo dinero también es de los ciudadanos), y que utiliza viviendas para luego venderlas a los fondos buitre, que más tarde utilizarán para especular.

Por el momento, ni Ahora Madrid, ni tampoco Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, han propuesto un programa que afecte realmente a los intereses de los grandes banqueros como vía para resolver el problema habitacional, puesto que negociar los desahucios es un callejón sin salida mientras la propiedad de las viviendas siga estando en manos de los bancos. Bancos, repetimos, que se sostienen con dinero del Estado que ha resultado ser el prestamista en última instancia.

Esto es precisamente lo que vienen denunciando colectivos como la PAH o la Plataforma por la Auditoria de la Deuda (Informe de los Rescates Bancarios), planteando que la solución pasa inevitablemente por “la nacionalización del sector bancario”. Una nacionalización que en vez de quedar en manos de los acuerdos parlamentarios del PP y PSOE -que luego utilizarían para revender a los fondos buitre-, tendría que estar bajo el control de comités de trabajadores y usuarios independientes de los Gobiernos de turno. Para lograr “políticas de crédito para la ciudadanía, sin intereses de usura, sin vínculos con la especulación del suelo, sin comisiones”. Que garanticen en los hechos que la propiedad de las viviendas pase a manos de mujeres trabajadoras como Tamara.

El drama de los desahucios, que continúa no sólo en ciudades como Madrid sino en todo el Estado, muestra que es completamente utópico querer resolver la urgencia habitacional reclamando “buena fe” a los banqueros. La “nacionalización del sector bancario”, en cambio, no es una utopía, sino una necesidad palpable y la única salida realista.

Ha sido el propio gobierno de Rajoy quien ha expropiado varios bancos como explica la PAH. Al gobierno no le ha temblado la mano al utilizar, irónicamente, la “Ley de expropiación forzosa” legal desde 1956 para rescatar a los banqueros, a Bankia y otros. Pero ni Unidos Podemos ni Ahora Madrid están peleando para que la expropiación forzosa se utilice en cambio para rescatar a los trabajadores y el pueblo pobre.

Lo que hace falta es una Ley de Expropiación que podría ser utilizada por un Gobierno o un Alcalde y que pasaría por derogar la cláusula del llamado “justiprecio” (indemnización), que ya hemos pagado todos por la vía de los 1,42 billones de euros de fondos públicos que se han utilizado para el rescate bancario, según calcula la Plataforma por la Auditoria de la Deuda. Y si, como es esperable, la mayoría parlamentaria se niega a aprobarla, convocar a la manifestación en las calles para imponerla.

Pero resolver el problema habitacional no solo pasa por aquí. La escalada de especulación inmobiliaria fue fruto de la liberalización que impuso el Gobierno de Aznar a finales de los 90 con la llamada “Ley del Suelo”.

Como explica de manera sencilla el prestigioso arquitecto urbanista Alberto Campo Baeza en una dura crítica a la especulación inmobiliaria: “¿Será entonces cuestión del suelo? Pues sí. Es el dichoso suelo. La tierra, ‘la buena tierra’ de aquella preciosa novela de Pearl S. Buck, se ha convertido en el quid de la cuestión. Un suelo que no vale ’nada’ un día, al día siguiente, por mor de una ’declaración de suelo urbano’, puede valer mil veces más. Claro que lo suele comprar por ’nada’ el mismo que luego lo declara ’urbano’. Con personas interpuestas ¡claro!, con testaferros. ¿No les parece a ustedes muy significativo que ninguno de los partidos políticos, ni cuando llegan ni cuando se marchan, ni cuando vuelven a llegar ni cuando vuelven a marcharse, digan nada del tema... del tema que más nos preocupa a todos y a cada uno de los que somos ciudadanos de a pie? Curioso. Aquello de que ‘los pobres heredarán la tierra’ debe ser mentira. Los pobres heredarán otra cosa. Pero no la tierra. Pero no el suelo. Y mucho menos si es suelo ’urbanizable’. Socializar el suelo o morir. Así es porque creo que, a estas alturas, es la única posible solución para acabar de raíz con este cáncer de la sociedad en la que vivimos”.