Caso convenios. El escándalo de “Democracia Viva” y la responsabilidad de Apruebo Dignidad en el avance de la derecha

La crisis política escala

El escándalo de la fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática (RD), se transformó en una grave crisis política para el Frente Amplio y el Gobierno de Boric. Ésta se abrió luego que la diputada Yovana Ahumada (ex Partido de la Gente) hiciera público que la fundación, representada legalmente por Daniel Andrade (pareja de la Diputada Catalina Pérez, ex presidenta de RD) había firmado convenios con el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta a través de tratos directos por 426 millones de pesos. El Seremi en cuestión, Carlos Contreras, había sido jefe de gabinete de la Diputada Pérez y ex tesorero de RD. Ya anteriormente funcionarios públicos habían alertado a la Subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, también RD, que había irregularidades en el traspaso de dinero a Democracia Viva.

La crisis siguió escalando: Daniel Andrade y Carlos Contreras fueron expulsados de RD; Catalina Pérez renunció a la mesa directiva de la Cámara de Diputados y su militancia fue suspendida; Boric le pidió la renuncia a la subsecretaria Tatiana Rojas; Revolución Democrática se querelló contra los responsables del caso Democracia Viva y todo indica que dejarán caer a Catalina Pérez. El fiscal jefe de Antofagasta a cargo de la investigación, Cristian Aguilar (que persiguió a la ex alcaldesa Karen Rojo), ya implementó los primeros allanamientos ​​en casas de Daniel Andrade y Carlos Montes entregó antecedentes sobre los tratos directos con fundaciones en su ministerio.

Entre todos los partidos del régimen, desde la derecha hasta el gobierno, compiten por quién hace la declaración más altisonante contra la corrupción. Hablan de “hechos inaceptables”, que la investigación tiene que avanzar “caiga quien caiga”, pero tratan de blindarse para que este caso no abra una “caja de pandora” que deje en evidencia todo el entramado millonario de platas que se van a fundaciones y corporaciones a través del Estado y que han estado relacionadas durante décadas a empresas y partidos políticos tradicionales. La hipocresía de este régimen y sus políticos es siempre más grotesca cuando se abanderan de la lucha “contra la corrupción”, considerando los casos Penta y SQM, o el Pacogate y Milicogate, o las colusiones empresariales, que han dinamitado la confianza de las grandes mayorías en las instituciones del régimen, en particular del Congreso.

En medio de esta disputa, miles de trabajadores y pobladores vemos cómo los gobiernos entregan millonarios fondos a fundaciones privadas (ya sea ligada a partidos políticos, a la Iglesia, a personajes que hacen lobby con empresas de todo tipo, etc.) para gestionar la pobreza y hacer “mitigación” de la catástrofe social, mientras en sólo dos años han aumentado en 33% la cantidad de campamentos y la posibilidad de acceder a una vivienda se hace cada vez más lejana. A estas fundaciones se les hace “trato directo”, mientras que las organizaciones de deudores habitacionales, los comités de allegados y de vivienda, deben perder años en trámites.

Una política independiente desde los trabajadores

En momentos de “crisis orgánica”, donde caen los viejos partidos y representantes y surgen nuevos fenómenos políticos, así como también estos caen y resucitan los viejos, o surgen nuevas combinaciones, las disputas y tensiones entre diversos “bandos” (que se apoyan, a su vez, en diversas fracciones de clases sociales e instituciones del Estado), tienden a acrecentarse. Hay disputas hegemónicas abiertas desde la revuelta del 2019 y en eso el gran empresariado, su justicia y sus partidos actúan. Por eso, hay que romper toda ingenuidad y hacer consciente que será la derecha y la ultraderecha de Kast la que buscará aprovechar el discurso “anticorrupción” para fortalecerse y avanzar hacia un programa de ataques contra el pueblo trabajador y hacia un nuevo gobierno derechista más ligado a sus propios intereses.

Por eso combatimos el discurso en apariencia neutral de “la lucha contra la corrupción”, pues es usado por parte de personeros que han construido un régimen de corrupción al servicio de las transnacionales y los grandes capitalistas. También en la vieja Concertación, y sectores que dentro del mismo Gobierno buscan sacar triunfos de esta crisis para debilitar a sus adversarios en el aparato gubernamental y ganar mejor posición de fuerzas. Llamamos a los trabajadores, jóvenes y mujeres a desconfiar de estos verdugos al servicio de los grandes poderes, a no confiar en ninguna de sus acciones ni palabras donde buscarán renovar sus confianzas.

Así también planteamos total desconfianza en todo el aparato de esta justicia para ricos. Pretender que sea la Fiscalía y la casta judicial la que resuelva la corrupción es una ilusión reaccionaria. Hemos visto durante años como los fiscales, partiendo por el Fiscal Nacional, han usado la “justicia” al servicio de la defensa de intereses empresariales, o de sus propios intereses para escalar en la burocracia estatal, para lo cual deben tener el visto bueno en particular del Senado, esa casta oligárquica que funciona como administradora de los intereses capitalistas. La jerarquía superior de la justicia por su parte, quienes ponen la última decisión en los casos particulares, ganan como gerentes, tienen cargos vitalicios y nadie los eligió. Fiscales y jueces están ligados por múltiples lazos a los dueños del poder. Las figuras que emergen mediáticamente de esta casta en nombre del combate a la corrupción, son en realidad funcionarios que conspiran a favor de una fracción burguesa en contra otra.

La “justicia” se ha transformado en un medio de la política y de las fracciones empresariales no solo para perseguir luchadores, como fue con cientos de casos de presos políticos encerrados por esos mismos fiscales y jueces; no solo para criminalizar la protesta y para perseguir el delito de los pobres mientras mantienen en la impunidad total a todo este régimen; sino que también como un medio para buscar imponer sus propios intereses en sus disputas hegemónicas. Y no se trata solo un fenómeno local, sino internacional, desde países centrales como Estados Unidos hasta los vecinos Argentina y Brasil, donde la justicia de los ricos y poderosos se ha usado para hacer caer gobiernos, proscribir sectores, etc.

Pero al mismo tiempo, no se puede combatir toda esta hipocresía sin decir con total claridad que el caso “Democracia Viva” no se trata de errores ni “manzanas podridas”, y está relacionado al programa de Apruebo Dignidad de gestión del capitalismo dentro de una estrategia “institucional” usando los viejos mecanismos de los 30 años. Y se vincula también a la propia trayectoria de este gobierno, que aliados a la vieja Concertación, le están abriendo el camino a la derecha y extrema-derecha, que su discurso quedó en pura gestión del neoliberalismo con algún “rostro humano” pareciendo una nueva Concertación, que han llevado a la colaboración con el viejo régimen y los empresarios, que han desmoralizado a su propia base social de millones con la renuncia a las medidas más progresistas de su propio programa y usar el programa de otros, como en la represión y las policías. Esta crisis de RD y de todo el gobierno y Apruebo Dignidad, es el derrumbe de un programa de reformas a un capitalismo cada vez más en crisis; el derrumbe de un programa de auto-reformas del viejo régimen neo-pinochetista; el derrumbe de una estrategia de conciliación con los capitalistas y los partidos del régimen, que llevó primero a salvar a Piñera y frenar Revuelta del 2019, con el mentado Acuerdo por la Paz, y luego pasivizando la sociedad con la “vía institucional” donde los viejos dinosaurios restablecieron sus posiciones tras la recomposición del gran empresariado. Es el derrumbe por último de una supuesta “ideología moral” que no pretende en ningún modo atacar las estructuras de explotación y opresión del capitalismo, sino “gestionarlas” en los marcos institucionales.

El capitalismo no funciona sin corrupción

Los analistas e ideólogos ligados a la derecha y al progresismo burgués salen a cobrarle al Frente Amplio que su discurso de “superioridad moral” y de “manos limpias” se vino al piso. Se soban las manos, pues la épica de recambio generacional quedó sin sustento. Se ubican como padres regañando a sus hijos. En la base de este discurso, como intentó decir El Mercurio, está que el problema es la “naturaleza humana” y por tanto que la corrupción proviene de maldades individuales y de esa forma limpiarle la cara a toda la casta política capitalista y al régimen. La solución sería tener responsabilidad y experiencia en la gestión del aparato estatal. Por otro lado, están quienes apuntan sus dardos al problema “institucional”. Todos los gobiernos entregarían millonarios fondos a fundaciones privadas, pero hay falta de regulación y fiscalización. Este discurso institucionalista apunta a revivir los grandes pactos políticos entre la derecha y la centroizquierda cuando saltaron escándalos de este tipo, previniendo una escalada a una crisis institucional más profunda. Como cuando hicieron el 2003 con el acuerdo Lagos-Longueira en el caso MOP-Gate, o el caso Penta-SQP con pactos implícitos con la regulación del financiamiento de los partidos políticos. En ambos casos se busca hacer que caiga uno para salvar a todos, hacer algunas reformas y volver a legitimar un Estado que a ojos de millones, se muestra como corrupto.

Y es que la corrupción es absolutamente esencial en este sistema. El Estado constituye un aparato burocrático destinado a asegurar las condiciones para la hegemonía de la clase capitalista, para permitir que un puñado de grandes empresas y multinacionales vivan del saqueo de las riquezas naturales y de la explotación de millones. Lo fundamental para los capitalistas no es la eficiencia, sino la ganancia, o más bien, eficiencia enfocada a la ganancia de los grupos empresariales. Por eso los distintos sectores capitalistas buscan formas que permitan obtener mejores ganancias a costa de corrupción y prebendas políticas, forma parte de la lógica económica para que el Estado funcione a su servicio. Cuando no se trata de esto, el Estado y su burocracia sirven para sostener a los propios partidos, pues se trata de una pieza clave para mantener su dominio de forma más o menos estable, y así, irlos asimilando a la gestión de su sistema de explotación y dominación. Pasó con partidos como el PPD, formados instrumentalmente, que en los años se fue transformando en un partido de burócratas enquistados en el aparato estatal y gestores de los buenos negocios privados. Tan así, que cuando perdieron el Gobierno y miles de sus “empleados” dejaron de ingresar fondos al partido, fueron directo a SQM.

Hay también el uso de los fondos estatales para mantener a partidos enteros. Y no hablamos solo de las platas por “legalidad” partidaria, donde son miles de millones a las cajas de partidos del régimen, o de las platas por votos, sino también de usar fundaciones y organizaciones para financiar a sus partidos y campañas, o para corromper dirigentes sociales haciéndolos funcionarios del Estado para la gestión de los conflictos. En estos casos, se trata de una profunda integración al estado capitalista dependiente de sus recursos, transformándose así en gestores del aparato estatal que siempre beneficia a los grandes empresarios o los partidos del régimen, que acceden al uso de cuantiosos recursos fiscales, mientras las grandes mayorías ven sus necesidades siempre postergadas.

El Estado es una pieza clave para la gobernabilidad y la hegemonía político-ideológica. Esto no es solo el monopolio de la fuerza en los aparatos represivos (que los han fortalecido y gozan de una gran autonomía que les permitió, por ejemplo, defraudar miles de millones tanto en Carabineros como FF.AA), sino también un espacio para la búsqueda de cooptación y reparto de beneficios para militantes y bases electorales. Para los partidos que se proponen gestionar y administrar el aparato estatal, tener un mejor reparto de esa torta es la base para la búsqueda de figuración, para la aspiración de ascenso y consecución de privilegios. Administrar el Estado a favor de los capitalistas los empuja a querer vivir como burgueses y si no, a usar el Estado para la integración de los movimientos a su seno y así pasivizarlos, desmoralizarlos, como también ha hecho el PC integrando sus sindicatos al Estado, buscando impedir cualquier atisbo de lucha y cuestionamiento.

Medidas radicales contra esta democracia y justicia patronal

Los liberales y la derecha hacen demagogia sobre la ineficiencia del Estado y el excesivo gasto público. Sin embargo, todos se oponen a bajarse el sueldo y ganar como lo haría, por ejemplo, una profesora. Ellos no quieren un Estado chico, quieren un Estado “fuerte” que reprima a todo quien desafíe la sacrosanta propiedad privada de los capitalistas, y un Estado “eficiente” para beneficiar a los grandes empresarios. Tener un aparato burocrático afín a este objetivo es parte de la naturaleza de su proyecto. Para ellos “quitarle la grasa al Estado” no es otra cosa que recortar planes sociales y despedir a trabajadores del sector público, la gran mayoría que entrega servicios esenciales como educación y salud a cambio de bajos salarios. Detrás de su ideología no hay otra cosa que atacar derechos democráticos del pueblo trabajador.

Nosotros, socialistas, luchamos por una sociedad donde se inviertan las prioridades y la economía está al servicio de las necesidades sociales y no de las ganancias, y en esa pelea, luchamos para que sean las y los trabajadores junto al pueblo quienes gobiernen, a través de sus propios órganos de autoorganización democrática.

Por eso luchamos por un programa que apunte a poner fin a ese aparato burocrático que está al servicio de la minoría de grandes empresarios. Una medida básica que planteamos es acabar con los sueldos millonarios en todo el Estado y que todo político y funcionario gane lo mismo que una profesora o un trabajador calificado. Basta de sueldos millonarios. Ninguna de las fuerzas capitalistas, ni tampoco el FA y el PC están dispuestos a esto, pues se adaptaron completamente a la gestión del estado burgués. Su “rebaja de la dieta” no es más que una medida simbólica.

Estos casos deben ser investigados por comisiones independientes donde participen los comités de vivienda y de pobladores, junto a sindicatos y obreros de la construcción, no por fiscales que usan el poder estatal como medios para sus intereses propios y de los poderosos. Donde no decidan jueces millonarios que defienden el sistema de justicia para ricos, sino donde se decida en base a jurados populares electos por sufragio universal, que sean revocables, sin privilegios y cobren lo mismo que un trabajador. Hay que poner fin al sistema de justicia en beneficio de los millonarios, poner fin a la casta judicial no electa por nadie, que gana millones y viven como ricos.

La bancarrota del neorreformismo y la necesidad de construir una izquierda consecuente, socialista y desde la clase trabajadora para combatir la resignación

El escándalo de la fundación Democracia Viva ha dejado herido al gobierno y casi un golpe fatal al FA: ellos construyeron su identidad política con la idea de ser la nueva generación que renovaría la política. Pero contentarse con remarcar esta “inconsecuencia” no permite diferenciarse del coro unísono de la derecha y la centroizquierda burguesa. En realidad lo que permite ilustrar este caso, es un programa y una estrategia frente al Estado, la clase trabajadora y los movimientos sociales.

En el terreno político, venimos planteando cómo el gobierno de Boric asumió buscando restaurar la gobernabilidad. Su gobierno, del FA y del PC, es la continuación del “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” que buscó neutralizar la movilización popular. Al momento de llegar al gobierno, Boric fue muy claro en mostrar en quién se apoyaría para gobernar: la vieja guardia de la Concertación. Llegaron a La Moneda para legitimar una restauración “progresista” del Estado, al mismo tiempo que perpetuaron la militarización del Wallmapu y fortalecieron a la policía asesina. Tras el triunfo del rechazo decidieron sostener el escandaloso fraude constituyente. Las reformas sociales quedaron sujetas a lo que la derecha esté dispuesta hacer. Un gobierno la medida de lo posible, es decir, a la talla de la derecha y los empresarios.

El Frente Amplio es el emblema del “transformismo”, una nueva fuerza política que rápidamente se integró y asimiló a la gestión responsable del Estado, mimetizándose cada vez más con la Concertación. Un ejemplo claro es lo de Democracia Viva, donde impulsaron un modelo de partido cuyas raíces en la “sociedad civil” son las “fundaciones” privadas y las ONG, y en los “movimientos” buscaron la integración de ellos al Estado quitando todo su potencial de lucha. Se volcaron a militar en el Estado y en fundaciones privadas, buscando financiamiento público para hacer “tareas sociales”, que no es otra cosa que edulcorar la miseria con talleres y “buena onda” como se proponía el sector de Andrade. La épica de “disputarle los fondos públicos a las fundaciones de la derecha” resulta en una triste mueca.

Una de las aristas del escándalo, es que muestra que el gobierno renunció totalmente a resolver el problema de la vivienda y busca “gestionarlo” replicando el modelo de la Derecha y la Concertación, que en última instancia le sirve a los grandes capitalistas. La única forma de enfrentar la precarización del derecho a la vivienda es atacando el problema de raíz, como es la política de liberalización de los suelos y que sea el mercado (es decir, los capitalistas) quienes asignen este derecho. Para los pobres, lo que quedan son los subsidios, que son siempre insuficientes, difíciles de obtener y con años de espera y trámite. Así, mientras se disparan los campamentos, siguen subiendo los arriendos y hay miles de viviendas desocupadas porque no se pueden vender o arrendar. Hay que nacionalizar los suelos en manos de especuladores, bancos, inmobiliarias y grupos rentistas, y ponerlo a disposición de un plan de obras públicas para resolver el déficit de vivienda y los problemas urbanos que afrontan los trabajadores y sectores populares; también hay que pelear ahora por un plan de vivienda pública y de calidad financiada con impuestos a las grandes fortunas que sea gestionado por comités de vivienda, organizaciones de pobladores y sindicatos de la construcción.

Que avance la precarización de la vivienda, de la educación, que nuevamente tengamos que vivir una crisis sanitaria, son factores gravitantes para explicar la decepción y el rechazo al gobierno de Boric, y el fortalecimiento de la derecha. Es por esto, que se necesita más que nunca fortalecer una alternativa de izquierda consecuente, que se proponga enfrentar a la derecha de manera independiente al gobierno. Una izquierda que tenga un programa que dé respuesta de fondo a las demandas postergadas de salud, pensiones, educación, salarios, vivienda, devolución de tierras a los pueblos originarios, derechos sexuales y reproductivos, entre otras urgencias. Sólo con un programa que afecte las ganancias capitalistas y se base en la propia auto-organización y movilización de la clase trabajadora y el pueblo, es capaz de resolver íntegramente estas demandas, en la perspectiva de un gobierno de los trabajadores en ruptura con el capitalismo. Contra la desmoralización y resignación, es momento de construir una fuerza política, un partido revolucionario de la clase trabajadora, que no tenga ningún lazo ni compromiso con los capitalistas y que sea independiente del Estado, que se proponga poner fin a esta sociedad al servicio de una pequeña minoría capitalista, y ponga las riquezas al servicio de las necesidades sociales.