Causa Legislatura jujeña. El gobierno reingresa para acusar por sedición a manifestantes

Una causa importante que muestra la disputa interna del radicalismo por el poder judicial. Sadir utiliza la justicia que armó Morales para perseguir y ajustar como Milei. A pesar de acusaciones extravagantes como sedición y motín y pruebas plantadas, buscan llevarlos a juicio oral y condenar la protesta social.

Hace dos meses el Poder Judicial de la provincia de Jujuy decidió pisar el acelerador en su política de criminalización de la protesta social, buscando aleccionar manifestantes. Desde ya no lo admiten en esos términos, se habla de actos individuales y se le quita todo contexto de manifestación social (las marchas y cortes de ruta se multiplicaron en toda la provincia que rechazaba la nueva constitución durante el año pasado), para ocultar la ilegal y salvaje represión policial llevada a cabo contra el pueblo jujeño que enarbolaba la bandera “arriba los derechos y abajo la reforma”.

El reciente capítulo de esta causa lo protagonizó la querella (acusación particular del gobierno como “víctima” por intermedio de sus abogados). La Fiscalía de Estado que representa a los supuestos policías lesionados y los bienes públicos, no se presentó a las audiencias previas pero, sobretodo, a una instancia clave en el proceso como es la primer audiencia de control de acusación, -donde el fiscal plantea su caso y se presentan las pruebas para el futuro juicio-.

Por esa cuestión, abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos que representan a Ivan Blacutt docente y dirigente de Izquierda Socialista, solicitaron su apartamiento, a lo que llamativamente adhirió el Fiscal Funes (que también busca una condena pero más leve), por lo que el Juez Rodolfo Fernandez debió apartarla de la causa, al mismo tiempo que decidió elevarla a juicio oral, para luego tomarse licencia.

No se sabe si le sonó el despertador o no, lo cierto es que Sebastián Albesa (Procurador del Tesoro - Fiscalía de Estado) faltó a esa instancia pese a estar notificado y nunca justificó los motivos. Su primera aparición se dio a posteriori de ese llamado en la audiencia realizada el 16 de septiembre.

Sin embargo, no conforme con su propia negligencia pidió que revisen dicha resolución que lo dejaba afuera del juicio. La audiencia de apelación pactada para el viernes 1° de noviembre se suspendió e intentaron “meter por la ventana” al Fiscal Rondón (que dirigió la represión en Purmamarca contra las comunidades indígenas), de alguna manera pretendiendo tomar las riendas por sobre el Fiscal Funes, que no pudo prosperar y finalmente se realizó el 20/11/24.

En un polémico y arbitrario fallo, los jueces de apelación Torres Magallanes y Apaza resolvieron el reingreso de la Fiscalía de Estado a la causa, pese a contar con sólidos argumentos de todas las partes (incluido el fiscal Funes) para apartar al ahijado de Morales.

La resolución establece que solo una parte del proceso llevado adelante hasta ese momento era irregular. Esa “irregularidad” era que no se lo haya tenido como parte al gobierno representado por Fiscalía de Estado y por consiguiente se debía subsanar para que Albesa pudiera formular su acusación por sedición, estragos, incendio, motín, etc., diciendo que se encontraba afectado el “debido proceso”, pero en lugar de volver todo para atrás, decidieron solamente permitir que la querella formule su acusación y así avanzar rápidamente con la siguiente etapa, de juicio oral. Un verdadero cambalache.

Esta “novedad” evidencia los lazos que persisten en la justicia al servicio de unos pocos, de la impunidad de funcionarios que ordenaron la ilegal y salvaje represión -y policías que la realizaron- para salvaguardar los intereses y ganancias de las multinacionales que saquean los bienes naturales siendo premiados con exenciones impositivas.

Referentes de las comunidades originarias, de organizaciones sociales al banquillo, las fuerzas represivas, el poder político y económico buscando su impunidad. Recordemos que el ex-gobernador Morales puso en pie una estructura judicial de persecución a opositores, creando el MPA (Ministerio Público de Acusación), dándole rango constitucional con la ayuda del PJ y nombrando jueces amigos.

Queda a la vista que la (in)justicia jujeña deja siempre motivos de denuncia y repudio. La resolución podrá ser revisada por el Superior Tribunal de Justicia, pero se necesita la más amplia unidad y difusión de estos atropellos, para que caigan todas las causas contra luchadores ya que el gobierno de Sadir se vale de la justicia de Morales para perseguir y ajustar como Milei. Protestar no es delito.