Este jueves el Gobierno presentó los detalles del nuevo tributo a la banca y las energéticas con más límites que virtudes. Una medida que tiene como único objeto mostrar un rostro más social de este Gobierno en medio de un año en que la mayoría de los sectores populares tienen literalmente el agua al cuello.
Viernes 29 de julio de 2022
Este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció los detalles del nuevo tributo a la banca y las energéticas que veía anunciando el Gobierno. Según el plan presentado por el Gobierno se pretende aplicar un gravamen extraordinario a la banca y las enérgicas. En el caso de caso de la banca el impuesto será de un 4,8% a sus intereses y comisiones netas y en el caso de las enérgicas el impuesto será de 1,2% sobre el importe neto de su cifra de negocios. Se cobrará en 2023 y 2024 respecto a los ejercicios de 2022 y 2023.
¿Cuánto será esto? nos preguntamos. El Gobierno y las patronales afectadas ya lo han calculado, estiman que en dos años se puedan recaudar unos 7.000 millones, que a ojos de un asalariado como nosotros puede parecer mucho pero que si lo comparamos con los beneficios que obtuvieron estas empresas en los últimos años podríamos decir que es calderilla. Por ejemplo Iberdrola, según sus cuentas publicadas, solo en el primer semestre de 2022 obtuvo un beneficio neto de 2.075 millones de euros, Endesa de 916 millones, Repsol 2.539 millones, el Banco Santander en el mismo semestre obtuvo 4.894 millones de beneficio neto, los cinco grandes bancos del país, en el que se incluye el Santander, han logrado en el primer semestre del año un beneficio total de 10.295 millones de euros. La mayoría además aumentaron su beneficio respecto a los ejercicios anteriores.
Además si vamos a la letra pequeña vemos como estos impuestos solo se aplicará en algunos casos. Quedarán exentas las empresas que no alcancen un beneficio de 1.000 millones de euros –un piso bastante alto-, y aquellas que teniendo un negocio energéticos, éste no alcance el 50% de su facturación. Demasiadas excepciones que permitirán a estas grandes compañías evitar pagar estos impuestos extraordinarios. Además en lo aplicado a la banca, se aplicará a los intereses netos, que son los cobrados menos los pagados, así como a las comisiones netas. Y solo se aplicará a los bancos que superen los 800 millones de euros en esta cifra de negocios, es decir en sus intereses y comisiones netas. Vemos como el margen empieza estrecharse.
Conociendo la letra pequeña se puede prever que la medida busca más un discurso social que atacar a los intereses de la gran banca y las grandes empresas energéticas. Tanto es así que al mismo tiempo que el Gobierno anunciaba la medida a bombo y platillo descartaba que los efectos de estos impuestos “vayan a ser significativos respecto a las grandes cifras del sector”. Una medida que tiene como objeto mostrar en lo discusivo a este Gobierno como un poco más social en medio de un año en que la mayoría de las clases populares tienen literalmente el agua al cuello a causa de la inflación, los bajos salarios y los impuestos cotidianos.
A pesar de lo limitado de la medida, que en el mejor de los casos rozará esos 7.000 millones, y de los recovecos que permite para evitar pagar, las patronales ya han advertido que utilizarán todas las armas jurídicas y legales para tumbar esa medida, algo que seguramente no les será complicado. Por tanto está por ver que se llegue a la recaudación a la que aspira el Gobierno viendo la cantidad de excepciones que encontramos en la medida y las armas jurídicas con las que cuentan estas grandes compañías.
Otro debate diferente es donde irán esos 7.000 millones en el caso de que se recauden, es posible que terminen siendo destinados al rearme imperialista del Gobierno. Pedro Sánchez ya anunció en junio que en lo inmediato destinará al gasto militar 3.000 millones extra al presupuesto de este año pero que su objetivo es llegar al 2% del PIB.
El Gobierno lleva toda la crisis tratando entre algodones a estas empresas que vienen obteniendo beneficios incalculables a costa del empobrecimiento de las familias. Además el PSOE, en particular, las ha mimado desde que se constituyó el Régimen del 78 formando parte inquebrantable de un régimen que reporta grandes beneficios para unos pocos y en el que la unión entre los partidos del régimen y las grandes compañías energéticas, de las telecomunicaciones y la banca es un hecho.
Los beneficios obscenos de las energéticas y la banca se construyen sobre el empobrecimiento de las familias trabajadoras y los hogares populares. El discurso del Gobierno trata de reubicarse en medio de una crisis social agravada con la guerra de Ucrania y la inflación en la que unos pocos capitalistas aumentan trimestre a trimestre sus beneficios. Un escándalo que no deja indiferente a nadie.
Para terminar con este enorme engaño en el que se trata de naturalizar que un puñado de capitalistas se enriquezcan obscenamente mientras aumenta la crisis social, y que en el mejor de los casos puedan “renunciar” excepcionalmente a una pequeña parte de sus beneficios. Todo ello mientras en plena ola de calor miles de personas se piensan dos veces si encender o no el ventilador, mientras los índices de pobreza energética aumentan día a día, y mientras los bancos siguen echando a familias de sus casas mientras existen miles de viviendas vacías en sus manos, es necesario plantear medidas que verdaderamente ataquen a los intereses de los grandes capitalistas. Por ejemplo expropiar sin indemnización a las grandes empresas que tienen el control del mercado energético y ponerlas bajo el control democrático de trabajadores y usuarios para controlar los precios de los suministros. Así como nacionalizar la banca y crear un sistema bancario estatal gestionado por los trabajadores, como expropiar las viviendas vacías que están en sus manos para crear un parque público de vivienda social. Así como devolver las viviendas que fueron desahuciadas a las familias que las ocupaban. Estas son solo algunas medidas para empezar a plantear que la crisis la paguen los capitalistas.
