Desaparición forzada. El incremento de desapariciones de mujeres en Nuevo León no es un caso aislado

En la zona metropolitana de Monterrey existen 8 jóvenes desaparecidas cuyas familias las siguen buscando: Alison Campos Cervantes (12 años), Sofía Izaely Sánchez Morales (14 años), Jaqueline del Río Marfileño (15 años), Paulina Guadalupe Solís Pequeño (16 años), Celeste Tranquilino (16 años), Debanhi Susana Escobar Bazaldúa (18 años), Karen Yedid Valencia (24 años) y Yolanda Martínez Cadena (26 años).

En protesta por la pasividad del gobierno ante el aumento de las desapariciones y la localización del cuerpo de María Fernanda Contreras Ruiz en una vivienda del municipio de Apodaca, conurbado de la capital de Nuevo León, grupos feministas organizaron diversas movilizaciones los días 9 y 10 de abril en reclamo de justicia. Sólo después de la protesta, la Fiscalía de Justicia de Nuevo León y el gobernador del estado salieron a dar respuesta.

La respuesta tardía del gobierno neoleonense

El pasado 11 de abril, ante las movilizaciones de mujeres provocadas por el brutal aumento de mujeres desaparecidas, el gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García del partido Movimiento Ciudadano (MC), anunció la formación de un Grupo de Búsqueda de la Fiscalía, especialmente para atender las desapariciones de mujeres y los feminicidios.

También se creó la llamada “Fuerza de Tarea”, compuesta por instituciones de seguridad de los distintos niveles de gobierno con el fin de realizar un trabajo coordinado de búsqueda junto con la Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda de Nuevo León.

La Fuerza de Tarea comenzó a operar recién con la búsqueda de Debanhi Susana Escobar, joven de 18 años desaparecida en la madrugada del pasado 8 de abril en un tramo de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, la principal vía de comunicación de Monterrey hacia Tamaulipas y Estados Unidos, donde se reportó la desaparición de un centenar de personas el año pasado.

Por su parte, el secretario de Seguridad estatal, Aldo Fasci, afirmó que las 10 jóvenes localizadas por la Fiscalía habían escapado de su domicilio por problemas familiares, en rechazo a la versión de que existe una red que se dedica a secuestrar mujeres y añadió que en el estado también desaparecen hombres. Esta minimización de los casos de desaparición y violencia contra las mujeres provocó la indignación de colectivos que buscan personas desaparecidas y la de colectivos feministas.

Mientras, las familias de las jóvenes y mujeres desaparecidas anteriormente no han recibido atención por parte de las autoridades para resolver la situación.

La Guardia Nacional es continuadora de las violaciones a derechos humanos

Esto sucede en el marco de que, el pasado martes 12 de abril, los integrantes del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entregaron un informe producto de su visita a México en noviembre del año pasado. Éste, incluye un balance desfavorable a la estrategia de militarización del país que el presidente López Obrador, del partido Morena, ha continuado.

La Guardia Nacional, compuesta mayormente por exintegrantes del Ejército y de la Marina, además de pertenecientes a la ahora extinta Policía Federal, ha participado en la represión de las manifestaciones, así como en el impedimento de los migrantes para que logren cruzar el territorio mexicano con destino a Estados Unidos.

La crisis social de las desapariciones ha golpeado al país con mucha fuerza durante los últimos 15 años, desde el sexenio del panista Felipe Calderón (2006-2012), que inició la “guerra contra el narco” enviando al Ejército a las calles.

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Según la presidenta del comité, Carmen Rosa Villa Quintana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 162 recomendaciones a las secretarías de la Defensa (Sedena) y de la Marina (Semar) por violaciones graves a los derechos humanos, de las que 15 se refieren a desapariciones forzadas. La Sedena junto con la Guardia Nacional están entre las diez autoridades más señaladas en los expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos actualmente.

No es un caso aislado, es sistémico

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México hay al menos 98 mil 945 personas que continúan desaparecidas desde el comienzo de los registros en 1964, de las que más del 98 % sucedieron entre 2006 y 2021. A esto se suman más de 52 mil personas fallecidas no identificadas, de las que más del 70 % se encuentran en los estados de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Tamaulipas y Nuevo León.

Entre las personas no localizadas, más de 30 son periodistas que desaparecieron entre 2003 y 2021. Es alarmante que en los primeros tres meses del año hayan ocurrido 8 asesinatos de trabajadores de la prensa en México.

No es sólo Nuevo León, la desaparición forzada es producto de la degeneración del sistema de producción y reproducción capitalista, enfocado en la explotación de la fuerza de trabajo humana para la generación de ganancias empresariales, que sólo permiten el enriquecimiento y el bienestar de unos cuantos a costa de la miseria de la mayoría trabajadora.

Las cifras actuales, de siete mujeres desaparecidas y 11 asesinadas a diario, son en su inmensa mayoría provenientes de familias trabajadoras, mismas que padecen la represión de las fuerzas armadas del gobierno cuando levantan la voz en contra de las terribles condiciones de vida que enfrentan. El retiro de las fuerzas militares de las calles es una medida necesaria contra las violaciones a derechos humanos que ocasionan.

Pero además de exigir que salgan de las calles es necesario luchar por reconquistar los derechos de las masas trabajadoras que hoy están siendo negados, por organizaciones sindicales democráticas en todos los gremios laborales, a la par de la organización estudiantil, vecinal y de un gran movimiento de mujeres en las calles que de voz y fuerza a las familias de estudiantes, mujeres indígenas, trabajadoras, amas de casa, para hacerle frente a la inseguridad en los centros de estudio y trabajo y fuera de ellos, así como por todos los derechos básicos como salud, vivienda, educación, el derecho al aborto para que decidan sobre sus propios cuerpos, el derecho de espacios de lactancia y guarderías, así como del tiempo necesario para ejercer la maternidad en caso de decidirlo, refugios de mujeres e hijes contra la violencia doméstica, salarios dignos y trayectos seguros a casa.

Todo ello implica la utilización de recursos económicos que pueden venir de dejar de pagar la deuda externa e interna del país, de dejar de nutrir las fuerzas armadas como la Guardia Nacional y de impuestos progresivos a las grandes fortunas.