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Red Internacional
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OPINIÓN. El modelo K es el (no) acceso al hábitat

El reciente anuncio de Cristina Fernández de Kirchner sobre la creación de una Secretaría de Acceso al Hábitat con el objetivo de “formalizar” asentamientos” informales” intenta ser una respuesta ante una problemática explosiva. Las tomas de terrenos son cotidianas en todo el país, en algunos casos con más nivel de conflictividad como fue la del Indoamericano hace unos años o la de Lugano más recientemente.

Viernes 3 de octubre de 2014

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El desalojo del barrio Papa Francisco en Lugano y el dato que se publicó esta semana mostrando que el valor de un alquiler en la villa 31 es comparable con el de un departamento de dos ambientes en Palermo, no hacen más que evidenciar que el suelo urbano es un bien de consumo en disputa. De un lado están los que tienen necesidad de un techo, los que no tienen propiedad, los asalariados, y del otro los que compiten para capturar la renta de un mercado que tiene particularidades distintivas. Como dicen varios planificadores, es una máquina de hacer dinero.

El precio de las viviendas u otro tipo de edificio y el valor de los alquileres proviene del valor del suelo donde se asienta. Una de las características que diferencian al suelo de cualquier otro bien es ser indispensable para el desarrollo de cualquier actividad (sea residencial, de recreación, comercial o industrial, etc.), que no se puede mover de lugar y también por ser finito, es decir porque el suelo urbano tiene límites.

Estas características lo convierten no solo en base material para cualquier actividad productiva que realiza el hombre, sino también en una actividad especulativa donde en la conformación de su valor interviene no solo lo que es el lugar (las características naturales, a qué está relacionado, si tiene cerca una vía rápida), sino también lo que va a ser (por ejemplo a partir de proyectos urbanos que valorizan como puede ser el anuncio de una boca del subte, un comercio importante, un banco, etc. ) y lo que se quiere que sea (por ejemplo a partir de una normativa donde se definen los usos del suelo de una ciudad, o en busca de lugares vip como los barrios privados).

Es decir, el valor del suelo es un valor basado fuertemente en la especulación. En Argentina, el crecimiento económico de los últimos años impulsó la industria de la construcción, donde los empresarios que se la llevaron en pala colocaron parte de los excedentes económicos generados en distintos sectores de la economía en la producción inmobiliaria vinculada a la residencia. Muchas de estas viviendas se mantienen vacías, lo que hizo aumentar exponencialmente el valor del suelo de los mercados formales, pero también de los informales en villas y asentamientos.

Este aumento del valor del suelo urbano está generando un crecimiento en el sector de la ciudad informal diferente a otros momentos donde el acceso de una familia trabajadora a una vivienda en un asentamiento o villa (sin servicios) contemplaba la ocupación individual o con otras familias del terreno (con el peligro de represión que esto conlleva), la rápida construcción de una vivienda precaria, una larga inversión familiar en la mejora de la vivienda según lo que permitiera el salario, y finalmente la división de la unidad residencial en fracciones familiares cuando los hijos crecían.
Pero esta situación mirada desde hoy parece un paraíso para los que no poseen techo propio, ya que la disputa feroz por la renta del suelo urbano por parte de las inmobiliarias, constructoras y especuladores, desató más desalojos y represiones por parte de los gobiernos a nuevos asentamientos o la expansión de los que ya existen.

Si para los de trabajadores más acomodados y las clases medias poder acceder a un alquiler por inmobiliaria compromete cuatro meses de adelantado, garantes cada dos años y demás gastos, en el mercado informal para los precarizados compromete la seguridad de no ser desalojado, la salud, y significa un alquiler mensual similar a un salario mínimo de $4.000 para las condiciones habitacionales que presentan las villas y asentamientos.

Ante esta situación, la única alternativa que les queda es compartir la vivienda precaria con familiares o vecinos como lo muestran los índices muy altos de hacinamiento por el fenómeno de allegamiento en las villas. Es decir, cuando los hijos se quedan a vivir con sus padres por no poder realizar el mismo camino que hicieron ellos para conseguir una vivienda o por no tener ingresos suficientes para poder alquilar una pieza aunque sea sin ventilación o con servicios compartidos con otros vecinos.

En este marco, el reciente anuncio de Cristina sobre la urbanización de villas no resuelve el problema de la informalidad habitacional ni de la precariedad sino todo lo contrario, porque agrega valor a un mercado de suelo desregulado y leonino donde los que ganan son los propietarios que pueden participar del mercado formal expulsando al resto a las periferias o áreas degradadas. Es decir, lo que hay que preguntarse es dónde van a ir a parar los habitantes de los pocos asentamientos a urbanizar cuando no puedan mantener los costos cotidianos de la vivienda formal, con impuestos y servicios, por tener salarios que no llegan ni a la mitad de la canasta familiar, por tener inestabilidad laboral, etc. Cuando lo que más les convenga sea entregar la casa al mercado y volver a un asentamiento periférico, o en el mejor de los casos alquilar una pieza en malas condiciones en una villa cercana al trabajo.

En resumen, hay en el país un fuerte problema alrededor del incremento de los valores del suelo que se transfieren al alto precio de las propiedades y alquileres tanto formales como informales, y pone en crisis el acceso de los trabajadores a la vivienda digna. El anuncio de Cristina sobre la urbanización de algunas villas y asentamientos puede acrecentar el problema si no van de la mano de atacar a los mercados especulativos de conjunto.