Editorial. El negocio del litio y la nueva Constitución de Jujuy

La Convención Constituyente comenzó el lunes posicionando a Gerardo Morales como su presidente. Tras cumplir con la formalidad de tomar juramento a las y los convencionales, por la tarde, el Gobernador ya no apareció más. Hizo llegar un pedido de licencia y luego se lo vio en el predio de la Sociedad Rural en Caba. Allí se desarrollaba la feria Arminera. Morales, junto al gobernador de Salta (Sáenz) y Catamarca (Jalill), invitó a las mineras a sumarse a la “mesa del litio” y celebró que en Argentina la minería tenga vía Constitucional y jurídica para hacer tierra arrasada. Toda una breve postal de lo que está en realidad en juego en la reforma de la Constitución de Jujuy.

Martín Pérez de Solay, CEO de Allkem, el grupo australiano que opera Sales de Jujuy y acaba de fusionarse con la norteamericana Livent que extrae litio en Catamarca, en este encuentro sostuvo “La oportunidad del litio no va a ser eterna, es una ventana de 30 años, tenemos una posición única, esperemos que no esté la tentación de querer sacar la fruta antes de que madure la planta por las necesidades de corto plazo, porque todos quieren meter la cuchara, y la incertidumbre es permanente”.

El gran capital local viene con la cuchara en mano, el grupo Vila-Manzano, Techint y los Bulgheroni están compitiendo por ingresar al negocio del litio que ya está en manos extranjeras. Y sobre el cual, Estados Unidos, a través de la generala del Comando Sur, Laura Richardson, es categórico en sus intereses por el “oro blanco” en su disputa con China en la región.

Las mineras son claras en qué tipo de “institucionalidad” y “legalidad” necesitan para el desarrollo de sus negocios. La Constitución Nacional de 1994 les brinda un marco propicio para el saqueo, recordemos que deja los recursos del suelo y subsuelo en manos de los estados provinciales que a la hora de negociar con las multinacionales tiene la cancha inclinada en su contra. A este esquema colaboran la Ley de Inversiones Mineras y el Código Minero de la Nación hecho a la medida de las mineras. Sin embargo, su apetito no se sacia. Ellas exigen todo tipo de garantías en pos que el ciclo del capital durante 30 años no vaya a interrumpirse por ningún motivo.

De aquí que el propio Gobernador aliente una serie de leyes de inversión (N°5922 y N°6336) que le otorgan facilidades impositivas millonarias para los grandes empresarios, algo que ni Menem en su época ni ahora Milei se atreverían a proponer. Y así como Morales propone derechos ilimitados para el gran capital, sigue insistiendo en limitar el derecho a la manifestación y a la protesta. Es lógico desde la óptica del capital tener un Estado que no permita que nadie ocupe una calle o una ruta, si el objetivo es desplegar un saqueo de los recursos naturales, mientras se profundiza un esquema de provincia rica con trabajadores pobres.

Las Constituciones se reforman muy cada tanto en la Argentina, es cierto; pero también lo es que los cambios obedecen a pactos entre los partidos tradicionales que actúan como correa de trasmisión de las necesidades del capital extranjero y sus socios locales. Así como en el año 1994 hubo un acuerdo en la Casa de Olivos entre el presidente Menem y el ex presidente Alfonsín, que dio lugar a la reforma que actualizó la Constitución a los tiempos del neoliberalismo, las privatizaciones, la mayor apertura del país al capital financiero y una reorganización del gran capital local. Todo este proceso de “pizza y champagne”, lo presentaron bajo un barniz dado por el progresismo neoliberal (derechos de tercera y cuarta generación incorporadas al texto de la nueva Constitución), con el objetivo de cristalizar un pacto de los más ricos contra la clase trabajadora, y dentro de ese entuerto, otorgarle a Menem la rereelección como capitán de ese proyecto.

En el caso de Jujuy, el pacto fue sellado el año pasado entre la UCR y el PJ (que otorgó a formalmente un voto para que se aprobara la Ley 6302 de reforma parcial). El apoyo político del PJ en la actual Convención se expresa en aportarle autoridades a la misma y en aceptar un reglamento por el cual la reforma se realizará (igual que la del 94´ a nivel nacional) por simple mayoría. Un trámite para Gerardo Morales que posee 29 de los 48 convencionales. Para que no quede tan evidencia, armaron comisiones donde no se conocen el texto de reforma de la Constitución propuesto por el oficialismo y ni siquiera aceptaron trasmitirlas en vivo para que el pueblo sepa de qué se trata.

Todo este nuevo orden conservador y del saqueo intentará blindarse con la quita de otro derecho al pueblo. Gerardo Morales dijo en la apertura de la Constituyente que “respecto al régimen electoral, algo que no se ha debatido tanto pero que estamos planteando a esta Convención, la posibilidad de que tengamos elecciones cada 4 años y que salgamos del esquema de renovación bianual”. Claramente, limitar el derecho a votar se trata de una estafa dado que nunca explicó al pueblo trabajador que iba a quitarle este derecho. Pretende así dejar a su delfín, Carlos Sadir, electo gobernador el pasado 7 de mayo, que cumpla su mandato en 2027 sin que se modifique la composición de la Legislatura durante esos cuatro años. Un delegado que cumplirá con el mandato de las multinacionales, el ajuste al salario estatal y el pago del endeudamiento público. Y en el marco del ajuste que impone el FMI y se continuará a nivel país sea quien sea el nuevo gobierno electo, necesita tener blindada la Legislatura y las calles porque la bronca que ya se expresó con una votación histórica al FITU también se mostrará en las calles con fuerza como anticipan las medidas de fuerza de rurales en Ledesma, el inicio de una pelea por las paritarias azucareras o el paro de los mineros de El Aguilar.

Un régimen político tradicional donde dos fuerzas que representan el 48% del padrón de electores -según las últimas elecciones- se disponen a brindar y quitarle derechos al pueblo trabajador. Todo sea para cumplir con los deseos de los dueños que saquean la provincia y a cambio ellos mantener sus privilegios. Un régimen de estas características solo merece perecer. La exigencia a las centrales sindicales, CGT y CTA, por la convocatoria a un paro general y la movilización unitaria con gremios, organizaciones sociales, estudiantiles, derechos humanos, entre otras, es la única vía para derrotar esta reforma.

El pueblo trabajador de Jujuy se merece conquistar con la lucha una asamblea constituyente, donde se pueda discutir en forma libre y soberana todos sus problemas, y donde se tomen las medidas necesarias para dar una salida a los mismos. Entre ellas, la estatización del litio bajo control de trabajadores y usuarios, la creación de una empresa estatal de energía única, estatizando Ejesa bajo control de trabajadores y la unificación con el parque solar cauchari o la reconversión de la producción en el campo y generar trabajo estable todo el año. Estas medidas, entre otras, solo se podrán conquistar afectando de raíz los intereses de los que grandes empresarios y terratenientes. Y una asamblea de estas características abriría paso a la pelea por terminar con una provincia rica, con trabajadores pobres, y a la vez, que las mayorías trabajadoras y populares se hagan del control de la economía y de la sociedad mediante la conquista de un gobierno propio. Son dos proyectos de provincia (y de país) los que están en disputa.